El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N° 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, actualiza aranceles de prestaciones básicas y prevé compensaciones económicas a prestadores.
Sin embargo, la normativa queda suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, según lo establece el decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La Ley N° 27.793 declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.
Esta promulgación encubierta o mejor dicho con un “impasse” de varios meses por delante para su aplicación real, cuando debería ser de manera inmediata, por lo cual hubo un total repudio y rechazo, de las propias personas con discapacidad, familiares y distintas entidades y asociaciones, entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuya presidente Gabriela Troiano expresó su malestar enFM 89.3 Santa María de las Misiones.
“Esta situación parecía inverosímil”
Sobre si esperaban que se el decreto se promulgara como se hizo, indicó que “a esta altura nos esperamos cualquier cosa”.
Rápidamente añadió que “se venía diciendo que iban a adoptar este criterio, lo que pasa que parecía absolutamente inverosímil. Ya que tanto la Ley de Emergencia que fue sancionada con una mayoría muy importante en primera instancia en la Cámara de Diputados; y casi unanimidad en la de Senadores; y después cuando se hizo el veto también adquirió más de dos tercios en ambas Cámaras y cumplió con la Constitución Nacional, con lo cual evidentemente no encontraban ninguna ninguna veta para hacer esto”.
“En los 10 días para la promulgación ya habían sido tenido en cuenta en la primera instancia, con lo cual, en la segunda instancia no tenían que esperar 10 días, sino que la tenían que promulgar automáticamente; con lo cual vienen demorando la aplicación de la ley”, agregó.
“Encontraron esta veta que es inconstitucional”
Con mucho enojo e indignación la presidenta del REDI declaró: “Ahora encontraron esta veta que es inconstitucional, inconvencional, pero no es que viola solamente la convención sobre los derechos las personas con discapacidad, sino que también viola el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Realmente va a caer. Lo que están haciendo es ganar tiempo y decir que no tienen fondos; la verdad que además de que está establecido legalmente que tienen que utilizar los fondos necesarios para garantizar la vida de las personas, porque es lo que está en juego, la vida de las personas con discapacidad”.
“Además de eso todo lo que está sucediendo con los audios, con las denuncias de los más de 600 mil millones de pesos que se robaron del área de discapacidad con el escándalo de los medicamentos. Entonces, la verdad que genera una sensación, un malestar, una indignación e impotencia, con todo esto muy grande”, sentenció.
Sin embargo, lejos de calmar su enojo declaró que “La verdad esta situación no da para más. El presidente maltrata y obstaculiza el acceso a las personas con discapacidad de sus derechos en forma sistemática”.
“Las personas con discapacidad no dan más”
En otro tramo de su alocución, Gabriela Troiano, fue muy clara al relatar que “las personas con discapacidad no dan más. En las situaciones de las familias, la angustia que están pasando es terrible”.
Pero, “todos los procesos están demorados, por eso nosotros no nos llama la atención y por eso también esta declaración de rechazo hasta esta resolución que firmaron más de 525 organizaciones es producto de esta situación de malestar y porque no solamente afecta a personas con discapacidad y a la familia, sino que también afecta a los prestadores que no necesariamente tienen discapacidad, a los profesionales, a los transportistas, a los talleres protegidos”.
Por otra parte se supo que esta Ley de Discapacidad “abarca una amplia porción de la sociedad y quizás a un sector donde está en una situación de vulnerabilidad extrema por la crisis económica que hay en el país. El poder adquisitivo del salario de todos los argentinos y las argentinas ha disminuido considerablemente, pero si tenemos en cuenta que las personas están cobrando una pensión no contributiva de 240.000 pesos, nos podemos dar cuenta lo que significa esto para una persona que vivir no puede vivir, lo único que puede hacer es tener una cobertura mínima y poder comprarse algún medicamento”.
“Los estados tienen la responsabilidad de sensibilizar a la población con respecto a esta temática. La cabeza del Estado y los abogados que lo asesoran para hacer la resolución y la escriben tienen un desconocimiento de las normas más constitucionales. Han firmado al asumir declarándose a favor de la Constitución Nacional, juraron por la Constitución Nacional y no la cumplen. O sea, esto es muy grave. La verdad que esto es de una gravedad extrema”, remarcó la presidenta de REDI.
