En un clima de tensión creciente, productores yerbateros, tareferos y cooperativas de Misiones se reunieron frente a la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para firmar un escrito judicial que será presentado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Comodoro Py. El objetivo: que la Justicia intime al presidente Javier Milei a designar, de manera urgente, un titular para el organismo que regula la actividad.
La presentación, patrocinada por los abogados Federico Padolsky y Guadalupe Kolodziej, solicita una “medida cautelar innovativa” que obligue al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con lo que establece la Ley 25.564, ante lo que consideran un “estado de delito permanente”. En caso de que el Ejecutivo persista en el incumplimiento, el documento propone dar intervención al Ministerio Público Fiscal para evaluar la apertura de un juicio político contra el mandatario.
Padolsky explicó a PRIMERA EDICIÓN que la medida surge porque, pese a que la Justicia ya suspendió los efectos del DNU 70/2023 y restituyó las facultades del INYM, el Gobierno nacional no designó presidente ni permitió el normal funcionamiento del organismo. “Estamos frente a un incumplimiento flagrante de deberes de funcionario público, desobediencia judicial y abuso de autoridad”, señaló.
Según el abogado, la desregulación aplicada en 2024 significó una transferencia de ingresos de más de 140 mil millones de pesos desde productores y tareferos hacia el oligopolio industrial. “Ese dinero no entró a las chacras, ni a la Provincia, ni al consumo local”, dijo recalcando el daño producido .
Entre los firmantes figuran referentes históricos del sector, como Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Waldemar Schwider (Casa de la Familia Yerbatera), Ana Cubillas (Sindicato de Tareferos), Hugo Sand (APAM), Salvador Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Petterson (Acpyn), además de tareferos y productores de Apóstoles, Andresito, Jardín América y San Pedro. La acción contó con el acompañamiento del Gobierno de Misiones, representado por el ministro del Agro, Facundo López Sartori, y el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Julio Petterson.
El dirigente agrario Hugo Sand, una de las voces más críticas, fue contundente: “Le pedimos a Milei que cese con el delito y que nombre un presidente del INYM. El primer año dejamos de percibir 200 mil millones de pesos porque nos pagaron $180 el kilo cuando pedíamos $500. Al segundo año la pérdida fue aún mayor y hoy los plazos de pago llegan a 120 días. Esto está provocando la desaparición de los pequeños productores y la concentración del negocio en manos de unas pocas empresas”.
El escrito judicial advierte que la omisión del Poder Ejecutivo “crea un vacío institucional” que es aprovechado por los grandes grupos para imponer precios irrisorios. Recuerda que, en diciembre de 2023, el kilo de hoja verde estaba en $370 y que en 2024 cayó a $180, lo que significó una pérdida de más de $140 mil millones solo para los productores familiares y 15 mil tareferos. “Es un proceso de transferencia brutal de riqueza hacia el oligopolio yerbatero, que agrava la pobreza rural, expulsa familias de la chacra y destruye tejido social”, señala el documento elevado a la justicia de Comodoro Py.
En paralelo, los firmantes sostienen que el incumplimiento de una sentencia judicial configura delito de desobediencia y que el Ejecutivo, al no designar a las autoridades, “está usurpando funciones y vulnerando el principio republicano de división de poderes”.
El comunicado final denuncia que el modelo impuesto por el DNU 70/2023 favorece a un puñado de empresas integradas que controlan todo el proceso, desde la producción de hoja verde hasta la góndola. “Pretenden imponer su negocio y quedarse con todo, empobreciendo a miles de familias yerbateras. El Estado no puede seguir ausente”, remarcan.
La acción judicial es la tercera impulsada por el sector desde la publicación del decreto de desregulación. La primera fue en enero de 2024, cuando un fallo provincial suspendió sus efectos; la segunda, en marzo de este año, cuando se radicó una denuncia penal contra Milei en Oberá. Ahora, los productores redoblan la presión: o se nombra un presidente en el INYM o el caso podría escalar hacia un juicio político al propio Presidente de la Nación.
