El avance del Gobierno nacional en la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas generó un fuerte cuestionamiento por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Su coordinador, Ricardo Lasca, sostuvo que el plan oficial constituye “una barbaridad” y alertó que el esquema proyectado dejará a los usuarios “de rehenes de por vida” mediante peajes con valores que considera desproporcionados.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el dirigente recordó que las rutas involucradas en la primera etapa son la 12 y la 14 en la región litoral, además del puente Rosario–Victoria en la 174. Aclaró que el tramo inicial no alcanzaría todavía a Misiones, ya que se licitará hasta Corrientes. De todas maneras, advirtió que los efectos se sentirán en toda la red.
Lasca remarcó que el proceso avanza de manera inconsulta. Señaló que en audiencias públicas se había informado un valor de tres mil pesos más IVA para los peajes en las trazas mencionadas, lo que representaba alrededor de 3.600 pesos.
Sin embargo, relató que “luego, sin consultar ni nada, lo ha modificado nada más de cuatro mil cien”. Para el referente del CONADUV “no le dan los números para nada” y demuestra la falta de un criterio técnico.
Durante las últimas semanas, representantes de la entidad mantuvieron reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo. El entrevistado explicó que estuvieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien derivó el tema al secretario de Coordinación, el ingeniero Martín Maccarone.
También participaron en el encuentro asesores del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo.
Según Lasca, el objetivo de esos contactos fue advertir sobre el perjuicio que implicará avanzar en esta dirección. El dirigente cuestionó que la privatización se impulse sin tener en cuenta el impacto en el transporte y en los costos logísticos. Puso como ejemplo lo que ocurrirá en la ruta 3 entre Capital Federal y Bahía Blanca, donde un camión deberá afrontar hasta ocho estaciones de cobro adicionales a las existentes. Calculó que por cada estación el vehículo abonará unos 28 mil pesos y que, en términos anuales, “un camión por año va a pagar treinta y cinco millones de pesos por año, una locura, solo de peaje”.
En ese contexto, Lasca subrayó que la situación deja en evidencia una ausencia de debate político. “Los legisladores brillan por su ausencia, el defensor del pueblo brilla por su ausencia”, señaló con dureza.
Respecto al caso misionero, el coordinador aclaró que en esta primera etapa no se incluirán los tramos de la provincia, aunque sí se verán involucrados en el proceso de liquidación de Corredores Viales Sociedad Anónima, empresa que administra actualmente gran parte de la red nacional. Reconoció que existe confusión en la comunicación oficial y en los medios, ya que se habla de 6.000 kilómetros cuando en realidad “se van a concesionar nueve mil cien”.
Lasca no ocultó su escepticismo sobre la viabilidad financiera del plan. Manifestó que con el nivel actual de riesgo país y la volatilidad del dólar resulta incierto si habrá empresas interesadas en participar y obtener créditos para sostener esas concesiones. No obstante, el proceso sigue su curso y el 8 de octubre se abrirán los sobres de la licitación.
El representante del CONADUV insistió en que el modelo previsto reproduce prácticas de los años noventa, aunque, según su mirada, “peor que los noventa”.
Sostuvo que los concesionarios no se encargarán de obras de envergadura porque “no les dan los números”, sino que se limitarán a bacheo y corte de pasto, y consideró que el esquema está pensado para multiplicar cabinas y aumentar la presión sobre los usuarios sin mejorar sustancialmente la infraestructura. Finalmente, advirtió que el diseño gubernamental proyecta la instalación de cincuenta estaciones nuevas, lo que llevaría a un total de 114 cabinas. De acuerdo con su descripción, significaría tener un peaje cada 97 kilómetros, lo cual calificó como un “desastre”.
