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Se va la funcionaria clave del FMI que dijo: “Este naufragio es peor que el de 2018”

Ceyla Pazarbasioglu, responsable del área de Políticas y Revisión Estratégica, anunció su retiro tras haber dedicado decenas de páginas al caso argentino. La deuda con el Fondo es “prácticamente impagable”, dijo. Las señales de un fracaso del programa en curso son claras hasta para la conducción política del Fondo.

14 septiembre, 2025

Ceyla Pazarbasioglu, la poderosa directora del Departamento de Estrategia, Política y Revisión (SPR) del Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció que antes de fin de año abandonará el organismo. La decisión impactó en el staff técnico del organismo donde temen que un nuevo fracaso económico de la Argentina los deje sin sus muy bien rentados cargos.

La salida de Pazarbasioglu no es un detalle menos: fue ella quien en abril firmó un capítulo entero sobre el caso argentino en el Staff Level Agreement que firmó el ministro de Economía Luis Caputo. Allí, con tono quirúrgico, dejó asentado que la deuda del país es “prácticamente impagable”, una admisión que hizo ruido en el mercado.

El SPR es el cerebro del FMI. Este departamento define la estrategia global de préstamos, revisa cada programa de asistencia y redacta los informes que luego se publican y que tienen peso de sentencia en los mercados.

Bajo la conducción de Pazarbasioglu, SPR se volvió más duro en su análisis de sostenibilidad de deuda: pidió reformas más estrictas y puso el foco en los países con alto riesgo de impago, entre ellos la Argentina.

“Exposición impagable”

La salida de Pazarbasioglu se suma a otra renuncia poco explicada: el pase a la vida académica de la ex vice del organismo, Gita Gopinath, que dejó uno de los puestos mas codiciados por los economistas para irse a dar clases a Harvard, bajo asedio trumpista.

Ahora, la renuncia de Ceyla llega en el preciso momento que el nuevo acuerdo del FMI con el gobierno de Milei ingresa en zona de turbulencias y ya se habla de un posible incumplimiento para el año que viene, porque se ve poco probable que el gobierno pueda afrontar la pared de vencimientos que superan los US$ 20 mil millones.

O sea, se avecina otro gran papelón del organismo con la Argentina, que cuando estalla sus programas se suele cargar a los principales funcionarios del FMI involucrados.

“Este naufragio es más fraudulento que el de 2018, Argentina tiene una exposición impagable del 1.300% de su cuota como país miembro”, afirmó a LPO un técnico al tanto de los detalles de las tortuosas negociaciones del organismo con la Argentina.

Las señales del posible fracaso del programa en curso son evidentes hasta para la conducción política del FMI. La economía profundiza la recesión, con la industria y el consumo en caída, junto a índices de inflación, riesgo país y problemas de corrupción y gestión política que asustan a los inversores.

Mirar para otro lado

El comunicado del FMI para blanquear la salida de su funcionaria fue breve, protocolar. Reconoció el trabajo de Pazarbasioglu en la pandemia, la implementación de los Derechos Especiales de Giro y la creación de las ventanas de financiamiento para crisis de alimentos y energía. Y nada más.

Sin embargo, un técnico del organismo blanqueó a LPO que su salida acaso haya sido un paso al costado acordado, para permitir al FMI avanzar con la línea que viene sosteniendo con Milei: mirar para el costado ante evidentes inconsistencias del programa económico.

“Ceyla fue muy dura en su diagnóstico, para nosotros su salida es una oportunidad de renegociar sin tanta presión técnica en los textos”, dijo la fuente consultada.

En efecto, en el acuerdo de abril, la economista turca dejó una sentencia lapidaria para un organismo de crédito: “La deuda es prácticamente impagable”. La relación entre Argentina y el FMI tiene un prontuario frondoso.

Desde los años ochenta, cada programa fue presentado como la gran solución para estabilizar la macroeconomía, y cada vez terminó en crisis: devaluaciones abruptas, inflación que se dispara, protestas sociales, metas fiscales incumplidas y refinanciaciones eternas. La desconfianza es mutua. Por eso la noticia del retiro de Pazarbasioglu tiene más peso simbólico que burocrático.

El historial de fracasos es largo. Christine Lagarde salió de escena después del fallido stand-by de 2018; David Lipton dejó el directorio tras la renegociación fallida y Gita Gopinath hoy saluda desde Harvard.
La sensación en el staff es que cada vez que firman un acuerdo con Buenos Aires, firman también su renuncia.

“Al Gobierno le faltan US$ 9 mil millones para este año”

El tipo de cambio quedó a pasos del techo de la banda y, según el equipo económico, cuenta con poder de fuego suficiente para hacer frente a un incremento en la demanda.

Sin embargo, un informe proyecta que al Gobierno le faltarán más de US$ 9 mil millones para transitar los últimos meses del año sin fricciones si se sostiene la salida de capitales.

El balance cambiario de septiembre-diciembre presenta un déficit de aproximadamente US$ 15.829 millones, de acuerdo al Grupo Atenas. Al considerar reservas netas disponibles de US$ 6.649 millones, estiman un gap operativo de US$ 9.200 millones.

Dólares bajo el colchón

“El principal determinante del flujo negativo es el atesoramiento, con un impacto mensual superior a los US$ 5 mil millones en los últimos meses”, alertó el estudio firmado por Martín Pollera y Mariano Macchiolli.

Evalúan que, en base a esto, al Gobierno se le abren 4 alternativas: devaluar, volver a levantar el cepo o poner tope a las compras, reperfilar vencimientos y conseguir nuevo financiamiento internacional, o reimponer restricciones para turismo en el exterior.

Los cálculos implican que la sangría de reservas se mantenga sin que el tipo de cambio supere el techo de la banda. El Ejecutivo está autorizado a utilizar los US$ 14 mil millones del FMI para apaciguar la demanda, similar a lo que realizó la gestión de Mauricio Macri que, según el peronismo, financió fuga de capitales.

El dilema del Gobierno

Desde Vectorial explicaron que la elevada cotización “anticipa nuevas ventas de reservas y limita el margen de maniobra”.

“Con compromisos externos que superan los US$ 20 mil millones entre lo que resta de 2025 y 2026, sin acceso al financiamiento ni margen para colocar deuda en pesos, el Gobierno quedó atrapado en un dilema: incumplir con sus obligaciones o alterar su esquema de flotación con bandas”, completó.

Las fuentes de divisas a las que apostó el Gobierno no aparentan solucionar este corto plazo. De acuerdo a la Fundación Encuentro, de los US$ 50 mil millones de inversiones por el RIGI prometidos por el Gobierno, se aprobaron proyectos por solo el 17,1% de lo proyectado: US$ 8.573 millones.

Más allá de esto, la mayoría ya estaban diseñados o en marcha antes de la aprobación del nuevo régimen, que otorga condiciones más favorables a las compañías.

El Fondo había pedido más ajuste para el Presupuesto 2026

Tras dos años consecutivos de prórroga, hoy el Gobierno presentará el proyecto de Presupuesto 2026 que buscará ser aprobado por el Congreso antes de fin de año. El FMI en su último staff report le exige al mandatario que envíe la llamada ley de leyes sin déficit.
Los presupuestos se elaboran en base a un escenario base con proyecciones de algunas variables económicas claves como inflación, resultado fiscal y PBI.
En el último documento técnico, el FMI estima que el 2026 el IPC finalizará en torno al 10/15% anual, habrá un superávit primario del 2,2% y la economía crecerá un 3%.

Qué se espera
En relación a lo que se pueda esperar que represente el presidente, Javier Milei, este lunes a las 21 por cadena nacional, el anteproyecto de Presupuesto 2026 podría contar con las siguientes especificación en cuanto a las variaciones de los gastos en términos reales interanuales para cumplir con las estimaciones del organismo internacional: una baja del 52,7% en subsidios del transporte, caída del 5,7% en transferencias corrientes al sector público (que incluye transferencias a provincias, empresas públicas y universidades, excluyendo salarios), incremento del gasto de capital del 9,7%, suba de los subsidios a la energía del 8,4%, incremento en la asistencia social en 6,7% y jubilaciones 6,5%.
Los cálculos surgen de un estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en base al staff report.
“Es absolutamente imposible que sea compatible un superávit primario de 2,2% y un crecimiento del PBI del 3%. Es un dilema económico que el Gobierno no ve. Si no hay nuevos impuestos que expliquen ese superávit primario entonces el superávit vendría de bajar más el gasto tomando recursos de la economía. Esto es recesivo”, explicó a PerfilL Hernán Herrera, miembro del Instituto Argentina Grande (IAG).

Más pagos de los intereses de la deuda
Además, en base al texto del Fondo se puede inferir que el año que viene habrá más pagos de intereses de deuda: con un superávit primario que pasaría del 1,6% al 2,2% del producto, y un resultado financiero que bajaría de un saldo positivo del 0,37% al 0%, el incremento del gasto en intereses sería superior a la mejora del resultado primario, según precisó Iaraf.
En cuanto a la suba de precios para 2026, la estimación del FMI implicaría una reducción de diez puntos porcentuales respecto a las proyecciones para este año.
“La inflación dependerá de que puedan sostener la recesión y no se les vaya el dólar. Podrían desde lo económico, si pueden resolver los vencimientos de deuda de enero y julio del año que viene (vencimientos de bonos soberanos) pero para ello el Gobierno necesitaría muñeca política cosa que está demostrando que no tiene. Y esto ha empeorado con las elecciones de medio término provinciales”, concluyó Herrera.

Restricciones, a última hora
A las 23.18 del viernes, en una jornada donde el dólar cerró a $ 1.465, la Comisión Nacional de Valores tuvo que salir a aclarar los alcances para los agentes de bolsa del Criterio Interpretativo 98, que establece restricciones a la compra de dólares financieros por parte de los brokers que se financiaron con cauciones.
Mediante el Criterio Interpretativo 99 se derogó el anterior y buscó precisar los límites para las ALyCs.
Según explicaron al diario Perfil, la nueva resolución establece que la restricción opera exclusivamente para la cantidad neta de moneda extranjera a liquidar, debe quedar neutra, es decir, no puede generar saldo a cobrar. También aclararon que no habrá una obligación de vender las posiciones tomadas antes.

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Tags: Ceyla PazarbasiogluDólarFMIGobierno
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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