La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas nuevos capítulos de relevancia.
Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —propietarios de la droguería Suizo Argentina— y el exfuncionario Diego Spagnuolo.
En esos procedimientos, además, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada a un exdirector de la Agencia, en la que se hallaron 80.000 dólares. La fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.
En paralelo, la investigación sufrió un cimbronazo con la renuncia de los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la representación alegando motivos personales.
Otro punto de tensión se produjo a partir de la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.
En ese contexto, durante la noche del jueves declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción. Tras esa comparecencia, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó la mencionada caja de seguridad con divisas en el Banco BBVA.
Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron correos electrónicos y expedientes relacionados con compras de medicamentos.
La causa, que comenzó a partir de la difusión de audios que involucran a altos dirigentes del oficialismo, mantiene bajo investigación a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo, entre otros. Según el texto judicial, se les imputa haber participado de un esquema de sobornos y administración fraudulenta, con afectación directa a fondos públicos, además de posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.
La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción.
