El Concejo Deliberanteaprobó el nuevo pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio público de transporte urbano de pasajeros. Tras un extenso debate, el proyecto recibió el acompañamiento de los siete ediles, aunque la concejala María Cristina Bandera votó en contra de tres artículos puntuales.
El dictamen unánime en comisión y el acuerdo alcanzado en el recinto marcaron un paso clave para habilitar el llamado a licitación pública nacional
La ordenanza establece que el contrato tendrá una duración de diez años, con posibilidad de una prórroga extraordinaria de hasta cinco años si la prestataria acredita condiciones técnicas adecuadas, recibe evaluación favorable de los organismos de control y existe interés público en evitar un nuevo proceso licitatorio.
Además, la Municipalidad podrá exigir a la empresa saliente que continúe prestando el servicio por un plazo de hasta 180 días en caso de extinción anticipada o demora en la adjudicación, con el objetivo de garantizar la continuidad.
Durante el debate, los concejales valoraron el valor de haber alcanzado un consenso amplio.
El edil Daniel Augusto González sostuvo que “en estos tiempos tan difíciles y tan violentos, donde el que no piensa igual es un enemigo que debe ser aniquilado, el hecho de ofrecerle a la sociedad un acuerdo es absolutamente satisfactorio”. Subrayó que el pliego fue revisado artículo por artículo para asegurar que sea “imparcial, objetivo y razonable”.
El edil Jorge Darío Doldan lo definió como “un día histórico” y destacó que “se ha plasmado un ejemplo de madurez política e institucional”. En su opinión, la construcción del pliego superador se logró porque “se priorizó la mirada de todos, se buscó el equilibrio y se dejó de lado posiciones extremas”.
El cuerpo aprobó también mociones específicas, como la que fija el 9 de octubre a las 10 de la mañana como fecha de apertura de sobres para los oferentes.
Otra enmienda estableció criterios para la incorporación de trabajadores de la actual prestataria, priorizando a quienes se encuentren efectivamente vinculados al servicio a la fecha de elevación del pliego (9 de mayo), sin incluir personal jerárquico ni empleados bajo licencia médica en ese momento.
La concejala Bandera, por su parte, se abstuvo en algunos puntos y rechazó tres artículos, pero el resto de las modificaciones obtuvo respaldo mayoritario.Art. 28 Inc. X, Art. 49 Inc. A y el Art. 21 Inc. C).
Exigencias técnicas
El pliego aprobado impone condiciones estrictas para las empresas interesadas. Solo podrán participar sociedades constituidas bajo la Ley de Sociedades Comerciales con al menos cinco años de antigüedad o Uniones Transitorias de Empresas (UTE).En materia de flota, las unidades deberán ser tipo ómnibus con más de 24 asientos y cumplir requisitos de accesibilidad, como rampas, espacio para sillas de ruedas, asientos preferenciales, señalización en braille y sistemas de información visual y auditiva.
Desde el inicio de la concesión, el 50 por ciento de los colectivos deberá contar con aire acondicionado, porcentaje que subirá al 75 por ciento en dos años y llegará al 100 por ciento al cuarto año.
La antigüedad promedio del parque automotor no podrá superar los diez años y ninguna unidad podrá exceder los quince.
A partir del quinto año, al menos la mitad de los vehículos deberá ser de propiedad de la concesionaria y estar radicados en Eldorado.En cuanto a seguridad y control, las unidades deberán incorporar cámaras internas y externas, dispositivos que registren datos de desplazamiento y un sistema de posicionamiento satelital (GPS) que reporte en tiempo real ubicación, boletos emitidos, velocidad, paradas y horarios de inicio y fin de recorridos. Toda esta información será de carácter público.
El pliego también establece exigencias ambientales, al requerir motores que cumplan como mínimo la norma EURO III, y abre la posibilidad de incorporar unidades eléctricas en pos de promover una movilidad más limpia. Asimismo, fija pautas de mantenimiento preventivo y obliga a que todos los colectivos estén pintados con colores e inscripciones que determine la autoridad de aplicación, además de contar con un número telefónico gratuito y un código QR para reclamos.
El municipio se reservó la facultad de auditar cada 180 días la documentación contable de la concesionaria y de aplicar sanciones en caso de incumplimientos. Entre las causales de caducidad figuran la interrupción del servicio sin justificación, fraude, negligencia grave, subcontratación no autorizada o incumplimiento de inversiones comprometidas
