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UATRE: la Justicia avanza en descubrir el modus operandi del Gobierno para quedarse con el control

En la maniobra está involucrado un secretario de Estado y un diputado además de un interventor que dice responder a Lule y Martín Menem y a Karina Milei.

30 agosto, 2025

Sobre el filo del comienzo del fin de semana el juez federal, Sebastián Casanello, ordenó el allanamiento de la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero por una causa que involucra al funcionario y al diputado nacional, Pablo Ansaloni por presuntas maniobras para quedarse con el control de la obra social Osprera de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Desde la muerte del histórico líder sindical, Gerónimo “Momo” Venegas en 2017 y el fallecimiento de su sucesor, Ramón Ayala, el sindicato que en la actualidad conduce José Voytenco está atravesado por denuncias y contradenuncias con dirigentes libertarios y en gran medida por las finanzas de una de las principales obras sociales del país que atiende a miles de peones rurales y a sus familias.

La investigación que conduce el fiscal Guillermo Marijuan en el mismo juzgado que investiga las polémicas escuchas del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, es inquietante por los audios que se registraron en la investigación por Osprera y que vuelve a colocar en primer plano de sospecha a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y a Martín y Lule Menem, dos de sus principales dirigentes políticos.

Y, el común denominador que une a las dos causas es la droguería de la familia Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina.

En febrero pasado, el secretario general José Voytenco denunció al diputado Pablo Ansaloni, a la sazón dirigente de UATRE que perdió las elecciones celebradas en el gremio en 2022, a Claudio Alberto Aquino, director de asociaciones sindicales de la secretaría de trabajo, y a Marcelo Carlos Petroni, interventor de Osprera, por planear la intervención del gremio y su obra social y quedarse con el control de las organizaciones sindicales.

Desde la intervención de la obra social a fines del año pasado, Marcelo Petroni firmó transferencia por 7.700 millones de pesos hasta marzo de este año con la droguería Suizo Argentina.

Además, la investigación judicial del fiscal documentó reuniones en la secretaría de trabajo y en las oficinas de Osprera de Pablo Ansaloni con funcionarios de la administración Milei para, presuntamente, quedarse con el control absoluto del sindicato y su obra social.

En los diálogos de WhatsApp investigados por el fiscal Marijuan se transcribe al interventor Petroni afirmando que “Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de uatre. Me consta”-

En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: “avísale a Lule” y “Eso lo tiene que saber Martin y Lule”.

La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”.

 

EL DOCUMENTO DE LA FISCALÍA QUE DETERMINÓ EL ALLANAMIENTO A LA SECRETARÍA DE TRABAJO

El documento trata sobre una denuncia penal relacionada con la presunta conformación de un plan criminal para intervenir el sindicato UATRE por parte de varios funcionarios y exfuncionarios.

Además de las transcripciones realizadas a los involucrados en la investigación que muestran lazos de contacto con funcionarios de la Casa Rosada, sus puntos principales son los siguientes:

 

Convocatoria a Indagatoria de Imputados

Se requiere la declaración indagatoria de varios funcionarios y exfuncionarios por presunta corrupción en la UATRE.

  • Se convocan a seis personas, incluyendo a Pablo Ansaloni, Julio Cordero y Claudio Aquino.
  • La decisión se basa en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
  • La causa se inició por una denuncia de José Antonio Voytenco, Secretario General de UATRE.

 

Denuncia de José Voytenco

La denuncia se centra en un plan criminal para tomar control de la UATRE tras la derrota electoral de Ansaloni.

  • Voytenco acusa a varios funcionarios de conformar un plan para intervenir el sindicato.
  • Se menciona la firma de un dictamen que solicitaba la intervención judicial del sindicato.
  • Se alegan irregularidades en la gestión de la obra social OSPRERA.

Diligencias de la Investigación

Se han realizado diversas diligencias para sustentar las acusaciones de corrupción.

  • Se han recopilado pruebas, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad y documentos administrativos.
  • Se documentaron reuniones entre los imputados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo.
  • Se realizaron allanamientos y se incautaron dispositivos electrónicos con información relevante.

Pruebas Recopiladas en la Investigación

Se han obtenido múltiples pruebas que respaldan las acusaciones de tráfico de influencias.

  • Se registraron comunicaciones entre los imputados que evidencian su interés en la intervención de UATRE.
  • Se documentaron reuniones clave y mensajes que sugieren coordinación entre los imputados.
  • Se han realizado análisis forenses de dispositivos electrónicos incautados.

 

Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones

La Cámara desestimó la intervención solicitada por la Secretaría de Trabajo.

  • La sentencia destaca la falta de verosimilitud en la solicitud de intervención del sindicato.
  • Se menciona que la disputa debe resolverse por vías organizacionales y no judiciales.
  • Se resalta la importancia del principio de libertad sindical en el contexto de la intervención.

Interacciones y Comunicaciones entre Imputados

Las comunicaciones entre los imputados revelan un plan coordinado para intervenir UATRE.

  • Se documentaron múltiples intercambios de mensajes y llamadas entre los imputados.
  • Las conversaciones reflejan un interés común en la intervención y en la toma de decisiones dentro de OSPRERA.
  • Se identificaron patrones de comunicación que sugieren una red de complicidad entre los involucrados.

Intervención del Sindicato UATRE

La Fiscalía investiga la intervención del sindicato UATRE y su obra social OSPRERA, implicando a varios funcionarios en un posible acuerdo criminal.

  • Desde 2024, OSPRERA está intervenida, con Marcelo Petroni como titular.
  • La intervención se basa en una causa penal por manejo irregular de la obra social.
  • José Voytenco, actual líder de UATRE, se opone a la intervención impulsada por Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza.
  • Petroni y Ansaloni mantienen comunicaciones que evidencian su intención de intervenir UATRE.

Acciones Ilícitas y Comunicaciones

Se documentan las acciones y comunicaciones entre los imputados que evidencian un plan para intervenir UATRE.

  • Petroni afirma que “Julio tiene que poner huevos. Hay que intervenir UATRE”.
  • Se registran reuniones con funcionarios del gobierno, incluyendo al Jefe de Gabinete y al Secretario de Trabajo.
  • Mensajes de Petroni indican contacto con el Juez Federal de Lomas de Zamora, sugiriendo un seguimiento del caso judicial.
  • Pruebas y Reuniones Documentadas

La Fiscalía presenta pruebas que respaldan la hipótesis de un acuerdo criminal para desplazar a las autoridades de UATRE.

  • Se inicia un expediente administrativo en la Secretaría de Trabajo para solicitar la intervención de UATRE.
  • Reuniones con funcionarios del gobierno no documentadas refuerzan la sospecha de un plan criminal.
  • La intervención judicial fue solicitada el 29 de enero de 2025, con un dictamen favorable del Director Nacional de Asociaciones del Trabajo.

Solicitud de Indagatorias

La Fiscalía solicita la indagatoria de varios imputados por su participación en el plan de intervención de UATRE.

  • Se considera que hay suficiente evidencia para convocar a Pablo Miguel Ansaloni, Julio Cordero, Claudio Alberto Aquino, Marcelo Petroni, Aixa Laura Petriati Grizzuti y Marcelo Agustín Andrada.
  • Se argumenta que los imputados utilizaron sus influencias para apartar a las autoridades legítimas del sindicato.
  • La solicitud se basa en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite la indagatoria ante sospechas fundadas.

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  • UATRE solicitó la prórroga del decreto que permite compatibilizar empleo rural temporario con planes sociales
Tags: OSPRERAUATRE
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Un nuevo hecho de inseguridad volvió a generar preocupación entre los turistas argentinos que vacacionan en el sur de Brasil. En esta oportunidad, una familia posadeña fue víctima del robo de su camioneta Toyota Hilux mientras disfrutaba de una jornada de playa en Playa Brava, en la ciudad de Florianópolis.El hecho ocurrió el martes 21 de enero por la tarde. Iván Vargas, uno de los damnificados, relató que habían llegado al lugar para pasar unas horas en la playa y dejaron el vehículo en un estacionamiento público, donde había decenas de autos, en su mayoría de turistas argentinos.“Dejé la camioneta en un estacionamiento público, había más de 100 autos, todo parecía normal, bien estacionado, no había ninguna señal de prohibición”, explicó Vargas
Entre las propuestas que los productores llevarán a la reunión convocada por el INYM, se destaca la posibilidad de desarrollar bebidas energizantes o saborizadas a base de yerba mate, una iniciativa que apunta a diversificar la producción, agregar valor y reducir la presión sobre el mercado tradicional.Según explicó el productor yerbatero Jorge Skripczuk, la idea surge como respuesta al argumento de una supuesta sobreoferta de yerba. “Nosotros venimos diciendo hace tiempo que esa sobreoferta no existe. Por el contrario, va a haber una merma en la producción porque el productor no está pudiendo sostener las labores culturales básicas”, afirmó.
La escena es más común de lo que muchos padres imaginan: un niño jugando, explorando, y de repente la alarma familiar: “se metió algo en la nariz” o “tiene un objeto en el oído”. Lejos de ser un hecho aislado, se trata de una de las consultas habituales en los consultorios de otorrinolaringología infantil.“La exploración es parte del desarrollo normal del niño. No hay que dramatizar ni culpar a los padres, porque esto forma parte de la vida misma”, explica la Dra. Gabriela Sosa Jost, médica otorrinolaringóloga, quien atiende este tipo de casos todas las semanas.Según la especialista, la mayoría de los episodios ocurren entre los 2 y los 6 años, cuando los chicos experimentan con objetos pequeños como semillas, cuentas, goma espuma, partes de juguetes o incluso insectos.No todos los cuerpos extraños implican el mismo nivel de riesgo. “Hay un elemento que siempre constituye una urgencia médica, tanto en la nariz como en el oído o la boca: la pila botón”, advierte Sosa Jost.“Cuando la pila entra en contacto con la mucosa y se humedece, empieza a liberar óxido, lo que produce lesiones graves. En la nariz puede perforar el tabique, y en el oído puede generar pérdida auditiva”, detalla. Además, si el niño la ingiere, el daño puede extenderse al esófago.En estos casos, la recomendación es clara: consultar de inmediato en una guardia médica.
El Gobierno de Misiones confirmó la quita de una vivienda adjudicada por el IPRODHA debido a la falta de ocupación permanente, una medida que —según remarcaron desde el organismo— se enmarca en los procedimientos habituales de control y en la obligación de garantizar el uso efectivo de las casas entregadas por el Estado.El presidente del IPRODHA, ingeniero Juan Carlos Pereira, señaló que “una vez que otorgamos la vivienda a la familia, deben hacer uso real y efectivo y abonar las cuotas correspondientes”, y aclaró que el control se realiza a través de recorridas sociales posteriores a cada entrega.Pereira explicó que, tras vencerse los plazos establecidos en el acta de adjudicación, “la gerencia social hace la recorrida y verifica que las familias estén viviendo en sus casas otorgadas”. En caso de detectarse una irregularidad, indicó que “se procede a la disolución del vínculo con la familia adjudicataria, se recupera la vivienda y se entrega a otra familia”.Respecto al caso que tomó estado público a través del Boletín Oficial, el titular del IPRODHA remarcó que se trata de “un ejemplo de un proceso muy profesional”, con intervención de las áreas jurídica y social. “Se respetan los informes, los tiempos y plazos legales para que cada adjudicatario tenga su instancia de defensa”, subrayó.En ese sentido, aclaró que
La crisis económica golpea con fuerza al sector panadero en Misiones. Con una caída de ventas cercana al 40%, altos costos fijos y un consumo que no logra repuntar durante el verano, las panaderías atraviesan uno de los inicios de año más difíciles de los últimos tiempos, según advirtió Omar Acosta, presidente del Centro de Industriales Panaderos.“Estamos pasando un momento muy complicado. Enero y febrero siempre fueron meses flojos, pero este año la baja del consumo es muchísimo más fuerte”, aseguró Acosta. “Hoy el sector está muy tranquilo, con poca producción y muy poca venta, y eso nos preocupa porque los gastos siguen corriendo”, remarcó.De acuerdo al dirigente, la situación se agrava por la estacionalidad. “La gente está de vacaciones, no hay movimiento en el centro y eso se siente mucho. Lo que más mueve el comercio son los colegios, recién cuando empiezan las clases se reactiva un poco todo”, explicó. Mientras tanto, sostuvo que “las panaderías tienen que sostenerse con una merma de ventas de alrededor del 40%, lo cual es muchísimo”.
Paraguay dio un paso histórico en la protección de los animales con la creación del Registro Nacional de Agresores de Animales (Ragan), una herramienta inédita en el país que permitirá identificar y sancionar a personas condenadas por maltrato o crueldad animal. La medida fue impulsada por la Dirección Nacional de Defensa Animal y quedó formalizada con la aprobación de la Ley N.º 75/13/25, el 21 de julio de 2025.El director nacional de Defensa Animal, Héctor Luis Rubin, explicó que el Ragan surge de la necesidad de centralizar información y evitar la reincidencia. “Cuando uno habla de maltrato animal no es solo una cuestión administrativa o penal. También es fundamental que los jueces tengan herramientas claras. Nos dimos cuenta de que había sentencias dispersas y ningún centro que unificara esos antecedentes”, señaló.Según detalló Rubin, el registro solo incluirá a personas que hayan sido sancionadas o sentenciadas, y no a quienes estén simplemente denunciadas o imputadas. “Es muy importante aclararlo: una imputación no es una sentencia. El Ragan va a funcionar exclusivamente con personas que ya fueron sancionadas o condenadas”, remarcó.
La crisis que atraviesa la actividad yerbatera en Misiones volvió a quedar en el centro del debate tras las declaraciones de Carmelo Rojas, subdelegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en la provincia, quien advirtió sobre el impacto directo que la desregulación y las políticas nacionales están teniendo tanto en los productores como en los trabajadores rurales.“El tema de la yerba mate está en nuestra agenda, sobre todo por la situación de los productores y el precio de la hoja verde, que cada vez es más bajo y se adelanta que va a seguir bajando”, señaló Rojas. En ese sentido, explicó que el proceso de desregulación dejó al sector “sin un precio de referencia”, generando un profundo descontento que se extiende a casi toda la cadena productiva.Consultado por el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rojas pidió evitar generalizaciones. “Apuntarle directamente al INYM no sería lo correcto. Sigue beneficiando con tarifas y con el convenio de corresponsabilidad gremial, que protege no solo a los trabajadores sino también a los productores, con cargas sociales mucho menores y mayor tranquilidad ante accidentes”, afirmó.
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