Asesorado por una defensora oficial y ante el juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, subrogante de Instrucción 1, el experto en sistemas de archivos y seguridad informática detenido el martes por la mañana vinculado a una investigación internacional contra redes mundiales de distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), decidió no responder preguntas en la audiencia indagatoria en la que se le notificó la imputación provisoria por “tenencia y facilitación” (artículo 128 del CPA).
La investigación en manos del fiscal de Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche, continúa en etapa de pesquisas y análisis de dispositivos informáticos secuestrados en el departamento allanado en el tercer piso de un edificio de calle Alvear (entre Colón y San Lorenzo) en el microcentro posadeño.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN remarcaron que, los soportes indicados por los informes preliminares fueron receptores de archivos MASI bajo la utilización de programas de almacenamiento y distribución P2P (peer-to-peer o “de igual a igual”). Puntualmente en esta causa, el software conocido como Bit Torrent.
El trabajo lento y que necesita de un amplio equipo de técnicos capacitados específicamente, es ahora el de buscar y clasificar las decenas de terabytes que los soportes secuestrados tienen de capacidad. También el de rastrear los archivos borrados, porque la pesquisa mundial que conecta a este especialistas informático detenido, tiene una antelación de un año.
El sospechoso tiene 56 años y no presentó un defensor particular como padrino legal sino que optó por el que le ofrece el Estado provincial para garantizar su derecho. Criseida Moreira, defensora oficial 2, fue asignada a esta labor y fue quien le explicó que guardar silencio no puede ser tomado como culpa.
La aprehensión se concretó en el marco del operativo denominado “Aliados por la Infancia V” y que contempló medidas judiciales simultáneas en doce provincias argentinas. Fue una comisión encabezada por Espeche acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, Gendarmería Nacional y funcionarios judiciales, para incautar equipos informáticos, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital para el análisis de material vinculado a explotación sexual infantil. Todo coordinado por el procurador Carlos Jorge Giménez y la investigación previa de Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso se enmarca en una investigación internacional (en la que colaboraron 15 países de América) a través del sistema ICACCOPS, que permite detectar tráfico de MASI. Ante la detección de conductas sospechosas desde una conexión asociada al domicilio allanado, se activó el Protocolo de Intervención Urgente y la Red Federal de Policías Judiciales, lo que derivó en la intervención en Misiones.
También participaron la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) y peritos de Gendarmería Nacional que auditaron in situ los dispositivos.
Imputación del CPA
El especialista en seguridad de archivos informáticos fue imputado, por el momento, de acuerdo al artículo 128 (primer párrafo) del Código Penal Argentino que ordena: “Será reprimido con prisión de tres a seis años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
