El abogado penalista y miembro de la Red Federal de Abogacía Cannábica, Marcos Chigal, explicó que la creación de la Mesa Cannábica en Misiones busca dar respuesta al parate normativo que se produjo desde diciembre de 2023. Señaló que personas con autorización para el autocultivo medicinal, así como organizaciones que elaboraban productos y cultivadores que abastecían a terceros, quedaron sin cobertura legal tras el freno a la aplicación de la Ley 27.350 y su decreto reglamentario de 2021.
Advirtió que esa falta de regulación nacional expone a pacientes y cultivadores a la persecución penal, ya que continúa vigente la Ley 23.737. “El desamparo produce una persecución penal porque esta sigue siendo una actividad que está reprimida”, sostuvo en diálogo con FM de las Misiones. Frente a esa situación consideró que las provincias pueden ejercer sus facultades en materia sanitaria para evitar la criminalización y otorgar un marco jurídico propio.
Planteó que el paso necesario es una norma provincial que otorgue protección a quienes continúan con sus cultivos medicinales. “Una ley provincial que pueda amparar a las personas que viven acá en la provincia, dentro del territorio, y que puedan obtener una autorización para poder desplegar esa actividad”, expresó. Recordó que hace casi un año el Ministerio del Agro impulsó un proyecto de regulación integral que incluye usos terapéuticos y también la posibilidad de desarrollar una industria vinculada al cannabis.
Chigal valoró como un avance la convocatoria a distintos sectores para la conformación de la mesa interdisciplinaria. Subrayó que participan usuarios, cultivadores, organizaciones sociales, profesionales de la salud, del derecho, farmacéuticos y veterinarios. Afirmó que es primordial escuchar a quienes utilizan la planta porque tienen mucho para aportar a la construcción de una política pública.
Sobre la validez de una norma provincial frente al fuero federal aclaró que el sistema legal permite a los distintos niveles del Estado otorgar autorizaciones para el uso de sustancias sujetas a fiscalización. Explicó que si una ley local regula esa autorización, la justicia federal en el territorio puede aplicarla como excepción a la penalidad. “Es la justicia federal dentro del ámbito de jurisdicción territorial aplicando una ley local”, sostuvo.
Respecto del estado actual del debate legislativo explicó que todavía se trabaja en la redacción final del proyecto y en el acompañamiento de ministerios del Poder Ejecutivo. Dijo que ya cuentan con el respaldo del Agro, Industria y Salud, que será la cartera encargada de regular la aplicación de autorizaciones. Además, mencionó reuniones con diputados y diputadas con buena predisposición, aunque reconoció que la agenda electoral y el tratamiento del presupuesto postergan la discusión.
