La Cámara de Representantes de Misiones comenzará el próximo lunes 25 de agosto el tratamiento en comisión del Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio 2026, que prevé erogaciones por 4.092 billones de pesos.
El gobernador Hugo Passalacqua lo presentó a finales de julio y, desde ahora, la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Obras Públicas, presidida por Suzel Vaider, recibirá durante cuatro semanas a los responsables de ministerios y organismos, quienes expondrán la planificación y el destino de los fondos.
Vaider explicó que esta instancia es clave porque “certifica el contrato social que el Gobierno provincial mantiene con todos los misioneros”. Agregó que el análisis del presupuesto otorga previsibilidad a la gestión, al brindar a cada área la certeza de los recursos disponibles para ejecutar sus funciones.
Según indicó, el proceso fortalece la confianza ciudadana en un sistema político que establece un rumbo y da continuidad a las políticas públicas.
Afirmó además que el análisis del presupuesto otorga previsibilidad a la gestión, ya que brinda a ministros y responsables de organismos la certeza de los recursos disponibles
Salud, educación y seguridad, los grandes destinos
PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva al proyecto de “ley de leyes”. El cálculo elaborado por el Ejecutivo proyecta que la Administración Central concentrará más de 2.9 billones de pesos (71,3% del total), mientras que los organismos descentralizados dispondrán de 1.17 billones (28,7%).
En cuanto a la distribución funcional, Salud recibirá 1.009 billones, equivalentes a casi una cuarta parte del gasto. Dentro de esa suma se prevén 672.429 millones para atención médica, 267.448 millones para saneamiento ambiental y 70.101 millones para otros programas.
Educación y Cultura alcanzará 1,021 billones. La Educación elemental concentrará 374.920 millones, la media y técnica 334.813 millones y la superior 134.687 millones.
Seguridad dispondrá de 306.473 millones, con 231.219 millones destinados a la Policía Interior y 75.232 millones a reclusión y corrección.
Por su parte, Bienestar Social contará con casi 789.000 millones, que incluyen 147.244 millones para vivienda y urbanismo, 55.104 millones para asistencia social y 92.753 millones para seguridad social.
Mientras tanto, las áreas agrupadas bajo el concepto Desarrollo de la Economía tendrán un monto asignado de 349.392 millones de pesos.
Organismos descentralizados
Dentro de los organismos autárquicos se destacan el Instituto de Previsión Social (IPS), con 667.672 millones, y el Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga, con 440.531 millones. La Dirección General de Rentas contará con 161.994 millones y el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) con 76.591 millones.
También figuran el IAAVIM, el Teatro Independiente, el IMiBio y el Infopro, aunque con montos mucho menores.
El peso sanitario vuelve a ser central en este segmento: IPS y Parque de la Salud, juntos, absorben más de 1.1 billones de pesos.
El articulado vuelve a otorgar facultades amplias al Poder Ejecutivo. Se lo habilita a modificar partidas, reestructurar cargos, ajustar nomenclaturas, incorporar remanentes a Rentas Generales, centralizar recupero de créditos, renegociar concesiones y contratos, crear y financiar fideicomisos, e incluso constituir sociedades del Estado o de economía mixta.
Asimismo, podrá financiarse para obras de agua y cloacas, y llamar a licitaciones internacionales con aprobación de pliegos y condiciones.
Se ratifican los poderes al vicegobernador
El proyecto de presupuesto de la provincia de Misiones para 2026 mantiene la misma estructura que el aprobado en 2025. En ese sentido, el artículo 16, al igual que en el anterior, ratifica al vicegobernador Lucas Romero Spinelli como coordinador general de ejecución, control y autorización de gastos de múltiples leyes y programas, que incluyen Ferias Francas, Educación Técnica, Energías Renovables, Salud, Niñez y Adolescencia.
Volverá a estar facultado a autorizar gastos operativos de la Subsecretaría de Niñez y áreas afines.
Programas sociales y deuda baja
El proyecto asigna al programa Hambre Cero un crédito de 5.391 millones, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud.
El documento detalla que la Deuda Pública absorberá 48.861 millones, lo que representa apenas el 1,19% del gasto total. Además, se autoriza un financiamiento por 493.664 millones.
Emergencia alimentaria
El Presupuesto incluye modificaciones normativas vinculadas a la emergencia alimentaria, la suspensión de desalojos, y el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En primer lugar, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la declaración de emergencia alimentaria en la provincia, mediante la sustitución del artículo 1 de la Ley XIX – N.º 73.
También se modificaron los artículos 1 y 10 de la Ley XII – N.º 28. La reforma extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de ejecuciones de sentencias que ordenen desalojos o remates de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, así como de unidades productivas agropecuarias, siempre que se acredite ocupación superior a ocho años.
La medida alcanza a predios fiscales y privados, urbanos y rurales. Quienes acrediten los requisitos deberán estar empadronados antes del 29 de mayo de 2026, con una inscripción excepcional habilitada entre esa fecha y el 31 de diciembre del mismo año.
Además, el artículo 10 incorporó la obligación del Poder Ejecutivo de informar a la Cámara de Representantes la nómina de beneficiarios alcanzados por la suspensión de ejecuciones.
Ministerio público
En cuanto al Ministerio Público, se modificó el artículo 105 de la Ley IV – N.º 15. Antes, la norma establecía que dicho organismo dependía exclusivamente del Poder Judicial; que sus integrantes no percibían más emolumentos (sueldos, salarios, dietas o remuneraciones que perciben funcionarios, empleados públicos o cualquier persona por la tarea que realiza) que los fijados en la Ley de Presupuesto; y que los honorarios regulados por costas ingresaban al patrimonio del Poder Judicial, destinados al acrecimiento del acervo bibliográfico de la Biblioteca judicial.
Con la nueva redacción, el Ministerio Público pasa a definirse como un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera dentro del Poder Judicial. Se mantiene que sus integrantes no perciben más emolumentos que los establecidos en la Ley de Presupuesto, pero los honorarios regulados a su favor ingresan ahora a su patrimonio propio, que deberá destinarlos a gastos de funcionamiento o bienes de capital.
También se modificó el artículo 1 de la Ley VII – N.º 23. Antes, establecía que el Superior Tribunal de Justicia debía presentar anualmente al Poder Ejecutivo el Presupuesto de Gastos del Poder Judicial para su incorporación al Presupuesto General de la Provincia.
Tras la reforma, esa obligación alcanza tanto al Superior Tribunal de Justicia como al Ministerio Público, que deberán presentar en conjunto el presupuesto de gastos del Poder Judicial para su integración al Presupuesto General de la Provincia.
Finalmente, el artículo 145 de la Ley VII – N.º 11 fue modificado para disponer que en los poderes Legislativo y Judicial, así como en el Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, Tribunal Electoral y organismos descentralizados, funcionarán Direcciones de Administración, en consonancia con las disposiciones de esa norma y su reglamentación.
