El Gobierno nacional oficializó este viernes la entrega de un importante lote de mercadería incautada por el Servicio Aduanero a la Red Argentina de Bancos de Alimentos. La partida, que incluye productos de primera necesidad como alimentos, ropa y artículos de higiene, fue decomisada en la Aduana de Bernardo de Irigoyen, y ahora será destinada a organizaciones comunitarias para atender situaciones de vulnerabilidad social.
La medida fue confirmada a través de la Disposición 57/2025 de la Subsecretaría de Gestión Institucional, publicada en el Boletín Oficial. La cesión se enmarca en la Ley Nº 25.603, una normativa que faculta al Estado a redirigir bienes básicos retenidos en las aduanas para fines sociales, en lugar de proceder a su destrucción o subasta, siempre que existan condiciones de emergencia que lo justifiquen.
Según consta en el expediente, la mercadería cuenta con el “acta de aptitud para consumo humano”, un requisito indispensable que garantiza la seguridad y calidad de los productos que serán distribuidos. La solicitud de la donación fue iniciada por la propia Red de Bancos de Alimentos, una federación que agrupa y apoya a organizaciones de todo el país dedicadas a rescatar alimentos para proveer a comedores y merenderos.
El mecanismo establecido le da un doble propósito a la lucha contra el contrabando: por un lado, se penaliza una actividad ilegal y, por otro, los bienes recuperados se transforman en un recurso valioso para la asistencia social. La disposición detalla que la mercadería proviene de un operativo realizado por la Aduana de Bernardo de Irigoyen, un punto estratégico en la frontera seca con Brasil y zona de frecuente actividad de comercio irregular.
Los pasos a seguir
A partir de hoy, la Red de Bancos de Alimentos tiene un plazo de diez días para coordinar con las autoridades aduaneras el retiro de los productos. Posteriormente, dispondrá de 90 días hábiles para realizar un inventario exhaustivo y confirmar la aceptación definitiva de los bienes. En caso de encontrar productos no aptos, podrá rechazarlos formalmente.
La ley es estricta respecto al destino de la donación. La disposición reitera que los bienes entregados “quedan terminantemente prohibidos para su comercialización” por parte de los beneficiarios durante un período de cinco años. Este punto busca asegurar que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan y evitar que los productos reingresen al circuito comercial.
Con esta acción, el Gobierno convierte el resultado de un control fronterizo en una herramienta directa de política social, fortaleciendo el trabajo de las organizaciones del tercer sector en un contexto económico que demanda respuestas eficientes y transparentes.
