Un abogado penalista de esta capital protagonizó un incidente con inspectores de tránsito de la Municipalidad y con efectivos de la comisaría Primera de la Unidad Regional I, durante los primeros minutos del domingo pasado sobre la avenida costanera a la altura del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez.
De acuerdo a las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, el profesional de las leyes se amotinó literalmente dentro de su suntuoso automóvil importado Audi A5 negándose a que los funcionarios públicos cumplieran con su deber de secuestrar el vehículo y ponerlo a resguardo en el corralón de las avenidas Urquiza y Zapiola.
La escena de discusión y atrincheramiento se registró, de acuerdo a los registros policiales, porque el conductor de 56 años no poseía en ese momento un documento que acredite su identidad, tampoco licencia como automovilista y el Audi no tenía patente delantera.
Cuando los inspectores de tránsito lo invitaron a descender del transporte para el secuestro mencionado, el abogado identificado como Federico Aurelio Esquivel, no habría ocultado su fastidio y con vehemencia advirtió a los trabajadores y a los policías que llegaron al lugar a que no intentaran quitarle el auto y que se quedaría adentro y bajo llave hasta que un allegado le acercara la documentación respectiva.
Según lo que se detalló en sendos informes, consiguió su objetivo: le labraron una multa y se retiró a su domicilio, en un flamante edificio de la misma avenida pero a la altura del Hospital Ramón Madariaga.
Otros problemas con la ley
El letrado acarrea conflictos o situaciones similares con causas en la Justicia. Una de ellas la publicó este Diario en noviembre de 2024 cuando su expareja lo denunció por violencia de género y amenazas.
Es investigado desde el jueves 10 de octubre del año pasado en el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas. El juez Ricardo Walter Balor y el fiscal René Germán Casals, le iniciaron una causa por amenazas y violencia de género y familiar que presentó la profesional de salud y quien enfrenta, atemorizada, los reiterados incidentes que provocaría el acusado, según su testimonio, desde 2021.
Por amenazas similares en el Juzgado de Violencia Familiar 1 también se abrió una causa un año antes y derivaron en una orden de exclusión de hogar y restricción de acercamiento a las víctimas para el apuntado.
En la denuncia que realizó su expareja, ella sostuvo: “En 2021 él se fue de casa, abandonó el hogar, nunca se puso en contacto con sus hijas, nada. Hasta febrero de 2022, que se fue a vivir al hotel Julio César. Los primeros días de marzo del 2022 vuelve a mi casa, al departamento. En diciembre de 2023 volvimos a tener conflictos de infidelidad. Lo descubrí, hubo una pelea y él se fue del departamento. Ahí hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer y el juez Alfredo Olmo Herrera (Violencia Familiar) dictaminó que se lo excluyera del hogar”.
“Luego me llevó a la Comisaría de la Mujer y ahí yo tuve que relatar que estaba pasando una situación de estrés y angustia y tuve que mentir”, expresó. Bajo este contexto de miedo y reiterado maltrato, la denunciante y médica intentó soportar y contener a sus hijas: “Estábamos solos, mis hijas en el colegio (…) Veo que le llega un mensaje de Whatsapp, yo le pregunto quién le escribía y él me responde ‘qué te importa’. Le pido que no me falte el respeto y me dice que tenía un arma y que estaba podrido. ‘Ya sé con quien la voy a usar’, me amenaza y sube las escaleras. Después bajó y le dije atemorizada que esto no da para más y que por favor se retirara de la casa”.
La hija mayor involucrada -de 17 años entonces, dijo en Cámara Gesell que fue “víctima de violencia psicológica, económica y verbal”.
Cuando la noticia trascendió, Edgardo Aló, presidente de la Fundación Carolina Aló, la joven asesinada a los 17 años, de 113 puñaladas el 27 de mayo de 1996, por su novio Fabián Tablado, anunció que el abogado mencionado que representaba a su fundación en Misiones: “Dejó de formar parte de la misma, por la denuncia penal”.
