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Caída libre: en 18 meses, Argentina perdió más de 15.000 empresas y 223.000 puestos de trabajo formal

Un análisis de datos oficiales revela que la gestión de Javier Milei profundizó la retracción del empleo registrado, con sectores clave como la construcción, el transporte y la administración pública entre los más afectados. Las grandes empresas, paradójicamente, son las que más trabajadores expulsaron.

17 agosto, 2025

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, el tejido productivo argentino sufrió una profunda contracción: 15.564 empresas desaparecieron del registro formal y 223.537 trabajadores perdieron sus empleos registrados, según un análisis del Centro de Estudios para la Producción (CEPA) basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Estos números, correspondientes a los primeros dieciocho meses de la gestión de Javier Milei, pintan un panorama complejo para el mercado laboral argentino, donde la esperada “reordenación estructural” del Estado y la economía parece haberse traducido, hasta ahora, en una fuerte descomposición del empleo formal.

 

El colapso del empleo registrado

En noviembre de 2023, cuando Milei asumió tras su triunfo en el balotaje, el país contaba con 9.857.173 trabajadores registrados. Dieciocho meses después, esa cifra había caído a 9.633.636, una pérdida neta del 2,27%. Aunque el ajuste macroeconómico impulsado por el Gobierno buscó reducir el déficit fiscal y contener la inflación, el costo en términos laborales ha sido elevado.

El sector más afectado en términos absolutos fue la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, que perdió 98.653 empleos. Este derrumbe responde directamente a la política de “Estado mínimo” del gobierno, que incluyó la eliminación de ministerios, la fusión de organismos y la no cobertura de renuncias y jubilaciones.

Pero si se mide en términos relativos, la construcción es el gran perdedor: una caída del 16,9% en su plantilla registrada. En solo año y medio, el sector perdió 80.873 puestos de trabajo, lo que representa casi un puesto de cada seis que existía en 2023. Esta retracción impacta no solo a los trabajadores directos, sino también a miles de pymes proveedoras de materiales, servicios y logística.

 

Transporte, inmobiliarias y servicios técnicos, en caída libre

Otro de los sectores más golpeados fue el transporte y almacenamiento, que perdió 4.094 empresas (una caída del 10,4%) y 54.935 empleados. Esta merma afecta a una cadena productiva clave para la competitividad del país, en momentos en que el comercio exterior y la logística interna enfrentan serias restricciones por la falta de dólares y la contracción del consumo.

Le siguen en la lista de sectores con mayor pérdida de empleadores:

  • Servicios inmobiliarios: -2.617 empresas (-8,8%)
  • Comercio minorista y mayorista: -2.387 empresas
  • Servicios profesionales, científicos y técnicos: -1.783 empresas (-5,7%)
  • Industria manufacturera: -1.482 empresas (-3%)

Estos datos indican una desindustrialización y desprofesionalización del mercado laboral, con una fuerte erosión en sectores que tradicionalmente generan valor agregado y empleo calificado.

 

La paradoja del tamaño: PyMEs desaparecen, grandes empresas despiden

Uno de los hallazgos más sorprendentes del informe es la paradoja entre la cantidad de empresas que cierran y el volumen de despidos.

El 99,7% de las empresas que desaparecieron tenían menos de 500 empleados. Sin embargo, el 74% de los puestos de trabajo perdidos (165.625) ocurrió en empresas con más de 500 trabajadores.

Es decir: miles de PyMEs y microempresas se fueron del registro, pero los grandes despidos vinieron de las grandes empresas. Estas redujeron su personal en un 3,46%, mientras que las pequeñas y medianas lo hicieron en solo un 1,14%.

Este fenómeno podría explicarse por una combinación de factores:

  • Cierres definitivos de pequeñas firmas por falta de liquidez.
  • Fusión o absorción de pymes por grandes corporaciones.
  • Reestructuración interna en empresas grandes, con externalización de tareas o automatización.
  • Ajuste en plantillas en sectores como la administración pública, la construcción y la industria, donde predominan los grandes empleadores.

 

Sectores que resisten: educación, salud y agro

No todo es caída. Algunos sectores mostraron crecimiento en empleo registrado, a pesar del contexto adverso:

  • Agricultura, ganadería y pesca: +29.998 empleos (+8,9%)
  • Enseñanza: +38.965 empleos (+5,2%)
  • Salud humana y servicios sociales: +6.296 empleos (+1,7%)

Estos datos sugieren que, mientras el Estado recorta en gestión y servicios, las áreas esenciales como la educación y la salud siguen siendo prioritarias en términos de empleo, aunque con fuertes tensiones por salarios y condiciones laborales.

 

¿Qué significa esta tendencia?

Los datos del informe no solo miden números: miden realidades sociales. Cada empleo perdido implica un hogar afectado, un consumo reducido, una caída en la recaudación y una mayor presión sobre la asistencia estatal.

Economistas del CEPA advierten que una caída tan pronunciada en el empleo formal puede profundizar la informalidad, ya que trabajadores despedidos podrían verse forzados a trabajar en la economía no registrada. Además, la concentración del ajuste en sectores productivos clave -como la construcción y el transporte- podría afectar la recuperación futura del país.

“Estamos viendo una descomposición del tejido empresarial y laboral”, señaló una fuente del informe. “El ajuste fiscal no puede hacerse a costa del empleo registrado sin poner en riesgo el desarrollo productivo del país”.

 

Un balance con más sombras que luces

A dieciocho meses del inicio de la gestión Milei, los datos oficiales muestran un mercado laboral en retracción sostenida. Si bien el Gobierno ha logrado reducir el déficit y contener parcialmente la inflación, el costo social ha sido alto.

La pérdida de empresas, especialmente PyMEs, y la expulsión masiva de trabajadores en sectores estratégicos plantean una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede seguir contrayéndose el empleo formal antes de que el modelo pierda sustentabilidad social?

Con más de 223.000 personas fuera del registro y miles de empresas cerradas, el desafío ahora no es solo económico, sino político y social: cómo generar empleo de calidad sin volver a los desequilibrios del pasado.

 

Lee el informe completo aquí 👇

2025.08.16_An_aacute_lisis_de_la_din_aacute_mica_laboral_y_empresarial_CEPA_Datos_05.2025
Tags: #economíaArgentinacepaCierresCrisisDespidosEmpleoPymesretracciónTrabajo Formal
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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