Misiones se ubica en la mitad de la tabla del ranking nacional que mide la carga tributaria sobre los servicios públicos esenciales -energía y agua-. Según el informe elaborado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en la provincia la presión fiscal combinada alcanza el 10,2% de promedio, con un 13% sobre la energía eléctrica, 7,4% sobre el agua y sin gravamen adicional sobre el gas.
El dato cobra relevancia porque estos porcentajes corresponden exclusivamente a impuestos y tasas provinciales o municipales que se incluyen en la factura final del usuario.
Es decir, no forman parte del precio del servicio en sí, sino que son cargas adicionales que terminan encareciendo el monto a pagar. El trabajo de UADE remarca que la energía eléctrica es el servicio con mayor carga promedio en el país (20,3%), y que en el caso de Misiones supera el promedio nacional en el rubro agua (11,9% a nivel país).
Si bien el nivel de presión fiscal en Misiones no está entre los más altos del país, el informe advierte que la dispersión y falta de criterios uniformes entre municipios y provincias provoca distorsiones. En muchos casos, estas tasas se incorporan directamente a las boletas de luz, agua o gas, lo que genera confusión sobre la composición real del monto abonado y dificulta la comparación de costos entre distintas jurisdicciones.
Panorama nacional
A nivel país, la provincia con mayor carga tributaria promedio es La Pampa, con un 35,1%, impulsada por un gravamen del 63,3% sobre el agua y 38,3% sobre la energía. Le siguen Chubut (26%) y Chaco (21,3%), mientras que Neuquén también presenta niveles elevados (21,4%), con un fuerte componente sobre la energía.
En el otro extremo, Formosa y Corrientes prácticamente no aplican tasas sobre estos servicios, con 0% y 0,6% respectivamente.
En la provincia de Buenos Aires, la presión fiscal combinada es del 9,8%, con un fuerte peso sobre la electricidad (19,9%). A esto se suma el impacto de las tasas municipales, especialmente la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), que varía entre el 0,5% y el 6,3% en el conurbano bonaerense, sin una lógica uniforme ni siquiera entre distritos vecinos. Lanús (6,3%), Hurlingham (4,5%) y Quilmes (3,7%) encabezan la lista de las más altas, mientras que Berazategui (0,5%) y Florencio Varela (0,9%) aplican las más bajas.
El estudio de UADE subraya que la autonomía fiscal de municipios y provincias, aunque garantizada por la Constitución, genera un esquema tributario altamente fragmentado. Esta fragmentación implica mayores costos administrativos y de cumplimiento para empresas que operan en más de un distrito, y termina trasladando parte de esos costos al precio que paga el consumidor final.
Falta de coordinación
El informe concluye que la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación interjurisdiccional amplifica las desigualdades territoriales y afecta tanto la competitividad regional como el acceso equitativo a los servicios públicos. UADE recomienda avanzar hacia una mayor estandarización de criterios y mejorar la transparencia en la composición de las facturas, de modo que los usuarios puedan saber claramente qué parte de lo que pagan corresponde al consumo real y cuál a impuestos o tasas locales.
En un contexto de suba sostenida de tarifas y creciente presión sobre los hogares y comercios, el peso de estos tributos se vuelve cada vez más visible, especialmente en provincias donde, como Misiones, la carga sobre energía y agua supera los dos dígitos y se convierte en un factor clave del costo de vida.
Misiones niega cobro de tasas
En una entrevista realizada tiempo atrás con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el director de Comercio Interior y Defensa del Consumidor de Misiones, Alejandro Garzón Maceda, negó que Energía de Misiones (EMSA) cobre tasas municipales en la boleta de luz, tras la imputación de la Nación a 95 empresas y cooperativas por presuntos cargos ajenos al servicio.
El funcionario explicó que EMSA factura el consumo de alumbrado público, como responsable del servicio, y no transfiere montos a los municipios. Sobre Samsa, indicó que está autorizada por ley provincial a cobrar la tasa de uso de suelo para llevar cañerías bajo tierra.
También defendió la autonomía provincial para controlar a cooperativas y empresas, rechazando la “intromisión” del Gobierno nacional. “No desfinancian al Estado, sino a los prestadores que garantizan la luz y el mantenimiento”, advirtió Garzón Maceda.
