La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, decidirá hoy si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF en su poder o si podrá continuar la apelación sin deshacerse del capital accionario que tiene en una de las empresas más importantes del país (o deberá poner otra garantía).
Así, ese tribunal estadounidense de segunda instancia deberá pronunciarse sobre el pedido del Estado argentino de posponer la transferencia (“turnover”) de las acciones. El fallo podría desencadenar consecuencias de gran alcance para la economía y la política exterior del país, especialmente si la justicia estadounidense determina que la Argentina incurre en desacato.
El conflicto judicial se remonta a la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, ya condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la nacionalización de la petrolera. Los intereses acumulados desde entonces han elevado la cifra a USD 18.000 millones, una suma que representa una carga extraordinaria para un país que enfrenta serias dificultades para fortalecer las reservas del Banco Central.
El fallo de primera instancia fue apelado y la audiencia correspondiente está prevista recién para fines de octubre, después de las elecciones legislativas nacionales.
Mientras tanto, Burford Capital, el fondo de inversión que adquirió los derechos de litigio y principal beneficiario del caso, ha intensificado la presión sobre la Argentina. Burford busca demostrar que el Estado y la petrolera actúan como un “alter ego”, es decir, que no existe una verdadera independencia entre ambos, lo que permitiría avanzar sobre otros activos estatales. Para ello, solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, además de reclamar la transferencia directa del 51% de las acciones estatales en YPF.
La inminente resolución de la Corte de Apelaciones podría tomar varios caminos. Si la decisión resulta adversa para la Argentina, el Estado estaría dispuesto a recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, una instancia poco habitual para este tipo de litigios administrativos, según fuentes consultadas por Infobae. No obstante, en la mayoría de los casos, el tribunal superior opta por no intervenir, lo que dejaría firme la decisión de la Cámara de Apelaciones.
Si la Argentina no acata el fallo, incurriría en desacato, una situación que podría acarrear sanciones severas. En ese contexto, las posibles sanciones no se limitan a multas económicas y Burford, que será el encargado de pedirle a Preska que declare al país en desacato, podría ir más allá que las consecuencias naturales de entrar en confrontación directa con la principal corte financiera de mundo, como trabas para la emisión de deuda o el aumento de la desconfianza de inversores internacionales, en un momento en que la administración de Javier Milei busca atraer capitales extranjeros.
Podría, siempre según allegados a la causa, buscar impedir que funcionarios del Gobierno argentino ingresen a Estados Unidos o incluso la revocación de visas para ciudadanos argentinos. Claro, la jueza Preska deberá poner su firma en medias de tal magnitud.
Fuente: Infobae.
