La batalla judicial por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión: mientras la Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega de acciones de la petrolera, la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.
Según supo Noticias Argentinas, la orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaban un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF.
En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF “causaría un daño irreparable a la República” y “podría desatar un conflicto diplomático significativo” con Estados Unidos.
El escrito, al que tuvo acceso el experto Sebastián Maril, sostiene que la orden de Preska “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero” y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.
Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.
Qué fue lo que ocurrió hoy en el juzgado de Loretta Preska
Según supo Noticias Argentinas, la audiencia de este martes en el juzgado de Loretta Preska se limitó exclusivamente a la discusión sobre la prueba a producir (discovery) con vistas a la potencial ejecución de la sentencia.
La jueza resolvió diversos pedidos efectuados por los demandantes hace aproximadamente un año, explicaron fuentes cercanas a la causa.
Al respecto, la jueza Preska ordenó a la República Argentina producir comunicaciones internas relacionadas con YPF y el BCRA.
También dispuso la entrega de comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y ex funcionarios.
Además, se autorizó discovery sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
De acuerdo con fuentes oficiales, la medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, porque vulnera la soberanía argentina y, se cree, no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República.
Si bien el caso contra la República Argentina se encuentra en apelación, el gobierno de Javier Milei considera que ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países, indicaron fuentes oficiales a NA.
Una fuente cercana a la Casa Rosada le dijo a NA que es “evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery” y sostuvo que “su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”.
La República Argentina dice que está “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes, y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”.
