El intendente de Capioví, Ramón Arrúa y el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, se reunieron ayer con el vecino Javier Strieder, quien tiene el título de propiedad de las 23 hectáreas que fueron relevadas como parte de la comunidad guaraní El Pocito, e integrantes de esa comunidad.
Mientras la reunión tuvo lugar, un grupo de vecinos expresó su apoyo a Strieder con carteles con consignas “Propietario es el que tiene título y paga los impuestos”, “Hoy es el señor Strieder… mañana nos puede tocar a nosotros”.
También las familias guaraníes esperaron en la plaza mientras duró la reunión conciliatoria, en defensa de las tierras donde viven y desarrollan sus actividades.
Según anticipó el director de Asuntos Guaraníes a PRIMERA EDICIÓN, en esta segunda mesa de conciliación, Strieder y sus abogados hicieron una propuesta a la comunidad guaraní para tratar de llegar a un acuerdo.
“Strieder propuso darles 10 hectáreas de tierra para uso comunitario y cultural, en esa superficie hay plantas de yerba que Strieder tiene la intención de seguir cosechando. Creo que hay un principio de acuerdo”, destacó el funcionario.
De aceptar el acuerdo, la comunidad El Pocito permitirá que Strieder avance sobre el sector hasta ahora en conflicto, donde el hombre quiere llevar a su ganado. “En la reunión, él explicó que se quedó sin pastura del otro lado de su propiedad y se le están muriendo las vacas, por lo que necesita llevarlas a ese sector, para lo cual necesita poner los postes y cerco para que no se le escapen los animales”, indicó Rodríguez.
Conflicto
Vale recordar que la comunidad El Pocito tiene título de propiedad de 19 hectáreas y ahora sumaría estas 10 hectáreas que donará Strieder. El cacique presentará la propuesta a su comunidad para saber si hay consenso de aceptarla. La respuesta la darán el 4 de agosto, fecha en que se realizará la tercera reunión conciliatoria.
Vale recordar, que el primer día de julio, las familias que integran la comunidad El Pocito advirtieron que desde mayo vienen denunciando la intrusión de actores privados que se atribuyen la propiedad de un lote perteneciente a su territorio comunitario relevado bajo la Ley 26.160. La actividad comenzó con la tala de árboles nativos y la apertura de caminos dentro del monte, y luego avanzó hacia la instalación de alambrado perimetral con fines ganaderos.
Según contó el cacique de la comunidad, Crispín Benítez, “es un espacio de 23 hectáreas. El supuesto propietario mandó a trabajar a los peones: hicieron pozos para poner postes y cuando nos dimos cuenta, ya estaban por la mitad”. La situación fue denunciada ante la Comisaría de Capioví UR-IV y, al retirarse los trabajadores, los aborígenes taparon los pozos y sacaron los postes.
Agujero negro legal
La Ley 26.160 ordenó un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. Además, suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas.
Esta ley nacional fue aprobada en 2006 y prorrogada innumerables veces porque el relevamiento sigue en proceso. La idea original era que, una vez terminado el relevamiento, el Estado nacional iniciara el reconocimiento de la titularidad comunitaria de esas tierras para las comunidades, expropiando previamente a sus propietarios en caso que estas estén en manos privadas.
Mesa de negociación
“Esta mesa de negociación es una herramienta creada por la Provincia hace poco para resolver este tipo de conflictos donde chocan el ejercicio de dos derechos reconocidos por la Constitución Nacional: el de la propiedad privada y el reconocimiento del pueblo indígena como preexistente… hoy estos derechos están contrapuestos porque el relevamiento territorial no se concluyó, en Misiones se relevó el 50% de las comunidades en doce años”, destacó el responsable de Asuntos Guaraníes.
