El gobierno nacional oficializó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y puso a la venta el 90 por ciento de las acciones de su compañía. Ayer habían dado el primer paso del desguace al permitir que el servicio sea interrumpido por la falta de pago de dos meses.
Mediante el Decreto 494/2025, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ahora oficializaron la decisión. Ahora, el Congreso deberá aprobar su venta.
“Autorízase el procedimiento para la privatización total de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del ESTADO NACIONAL, cuyo porcentaje asciende al NOVENTA POR CIENTO (90 %) del capital social de dicha empresa, conforme lo establecido en el artículo 17, inciso 2) de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias”, informó en el Boletín Oficial.
La decisión habilita la venta de las acciones estatales, con un procedimiento estructurado en dos etapas. El objetivo central de esta privatización es mejorar la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), buscando una mayor eficiencia y rentabilidad.
Los puntos principales del proceso de privatización y sus fundamentos son:
● Venta del 90% de las acciones: se autoriza la enajenación de la totalidad de la participación estatal en AySA.
● Operador estratégico para el 51%: al menos el 51% del paquete accionario será vendido a un operador estratégico mediante licitación pública de alcance nacional e internacional.
● Venta en bolsas del remanente: el resto de las acciones de titularidad estatal se ofertará en bolsas y mercados del país.
● Sin preferencias ni nuevo PPP: el procedimiento no prevé otorgar preferencias de compra ni implementar un nuevo Programa de Propiedad Participada.
●Continuidad del servicio: el Ministerio de Economía deberá garantizar que la privatización no afecte la continuidad de la prestación del servicio público.
Los motivos de Milei detrás de la privatización
El Decreto 494/2025 fundamenta la decisión en la situación financiera de AySA. Según los balances analizados por la actual gestión, “desde su creación, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro nacional”. Se detalla que, entre los ejercicios de 2006 y 2023, el Estado Nacional realizó transferencias a la empresa por aproximadamente 13.400 millones de dólares.
El documento oficial también señala que esta asistencia financiera no fue suficiente para “impedir un deterioro en la eficiencia y productividad” de la empresa, lo cual se vio reflejado en una “disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.
En este marco, se argumenta que la mejora del servicio requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las capacidades de generación de fondos de AySA y las posibilidades actuales del Estado Nacional, en un contexto de emergencia económica.
La privatización de AySA se enmarca en la política de reducción del “sobredimensionamiento estatal” y el déficit fiscal, en línea con lo dispuesto por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que ya había declarado a la empresa “sujeta a privatización”.
Previo a este decreto, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía había aprobado el “Plan de Acción de Transición de AySA S.A. para el período 2024-2026”. Este plan busca adecuar los compromisos de prestación del servicio a las capacidades reales de ejecución e inversión de la empresa, en función de los recursos disponibles.
El mencionado instrumento se orienta a establecer una base operativa realista y sostenible que permita avanzar en la reorganización de la prestación del servicio público, en concordancia con los objetivos definidos por la Ley N° 27.742 y, en especial, con vistas al proceso de privatización de AySA.
Fuente: medios digitales.
