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Hay casi 8.000 empleos en peligro en Misiones por la desregulación

El think tank Fundar advierte que la apertura comercial sin medidas compensatorias amenaza con destruir 7.744 puestos de trabajo privados en la tierra colorada, los que representan el 2,9% del total. La provincia está entre las más golpeadas del país, con fuerte riesgo en sectores clave.

14 julio, 2025

Alrededor de 8.000 puestos de trabajo formales del sector privado podrían perderse en Misiones como consecuencia de la política de desregulación comercial de todas las variables, impulsada por el Gobierno nacional. Así lo advierte un informe del think tank (grupo de expertos) Fundar que proyecta un impacto nacional de más de 430 mil empleos en riesgo, pero con un golpe especialmente duro en provincias con alta dependencia de actividades manufactureras, comerciales o turísticas.

Según el estudio, en Misiones el número estimado de empleos amenazados es de 7.744, lo que representa un 2,9% del empleo privado total, ubicando a la provincia en el cuarto lugar del país con mayor proporción de empleo en riesgo. Las únicas jurisdicciones más comprometidas son Tierra del Fuego, San Luis y Buenos Aires.

 

Tres rubros claves

En el caso de Misiones, los sectores más afectados por la apertura indiscriminada de importaciones y la eliminación de regulaciones son tres pilares de su economía:

• La forestoindustria: Desde la producción de madera hasta la transformación industrial en muebles, tableros, laminados y papel, es uno de los sectores más vulnerables frente a la competencia internacional. La quita de aranceles y el ingreso de productos terminados del exterior ponen en jaque a empresas locales, muchas de ellas familiares o cooperativas, que generan empleo en el interior profundo. De hecho, la presidenta de FAIMA explicó esta semana la preocupación del sector por el ingreso de viviendas prefabricadas de China y muebles de Brasil, terminados y más económicos, que compiten y desplazan a la producción local.

• El comercio: La pérdida de poder adquisitivo por la recesión, sumada a la invasión de productos importados a precios imposibles de igualar, genera una caída del consumo interno y pone en riesgo la continuidad de miles de pequeños y medianos comercios en toda la provincia. El impacto se extiende desde Posadas hasta los municipios más chicos. Las zonas de frontera observan día a día cómo un flujo gigante de compradores transfiere su dinero a países vecinos, que están beneficiadas por el tipo de cambio. Argentina está cara y Misiones padece más por su ubicación.

• Turismo y hotelería: El encarecimiento de Misiones frente a Brasil y Paraguay, por el atraso cambiario y la falta de incentivos para el turismo interno, afecta a hoteles, locales gastronómicos, guías turísticos y servicios ligados al circuito de las Cataratas, los Saltos del Moconá y otros destinos emergentes. Iguazú además reclama la agilización de Migraciones, que se convirtió en otro obstáculo en los últimos años y termina favoreciendo a Foz, competidora directa.

Estos tres rubros no solo son importantes por su aporte al PBI provincial, sino porque son grandes generadores de empleo directo e indirecto, y por tanto su deterioro puede desencadenar una crisis social extendida, afectando a trabajadores, familias, pequeños empresarios y la recaudación municipal.

Un modelo que se repite

El documento de Fundar advierte que la liberalización comercial no siempre es sinónimo de crecimiento. Por el contrario, cuando se desmantelan las herramientas de defensa de la industria nacional sin una estrategia compensatoria, lo que sigue suele ser una combinación de despidos masivos, aumento de la informalidad laboral, caída del salario real y destrucción de capacidades productivas locales.

Ya ocurrió en Argentina durante los 90 y puede repetirse. Según Fundar, el 65% de los empleos en riesgo están en la industria manufacturera (textil, calzado, madera, electrodomésticos), seguidos por comercio, transporte, agro y finanzas.

En Misiones, la particularidad es que la industria no es una estructura pesada y concentrada, sino una red de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas nacidas al calor del esfuerzo de colonos, cooperativas y emprendedores. Su quiebre no será silencioso.

 

Sin política industrial hay desempleo

“El éxito de una apertura económica depende de su articulación con políticas productivas, laborales y cambiarias”, señala Fundar. Si no hay incentivos, protección inteligente, financiamiento y reglas claras, la economía regional se vuelve presa fácil del capital especulativo y de las importaciones subsidiadas.

Además, el informe subraya el rol que deben asumir las provincias y municipios para diseñar planes de reconversión productiva y protección social. Pero también reconoce que sin recursos ni herramientas federales, ese protagonismo será solo enunciativo.

Tags: ComercioDespidosempleosforestoindustriaFundARMisionessector privadoTurismo y hotelería
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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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