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Cierre del Instituto Nacional de Medicina Tropical: advierten pérdida “inconmensurable” para la salud pública

El director del INMeT, Cristian Humeres, remarcó que "hay una inversión pública enorme detrás, con laboratorios de primer nivel. No hay otro edificio así en Argentina". Esperan que la Provincia pueda intervenir para que no se pierda.

8 julio, 2025

En el marco del plan de ajuste estatal, la Nación oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos, incluyendo áreas de salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial. La medida, publicada en el Boletín Oficial, señala que las competencias esenciales serán reasignadas a ministerios y secretarías, mientras que el personal conservará sus cargos hasta la implementación de nuevas estructuras.

Uno de los organismos eliminados es el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), con sede en Puerto Iguazú, cuya disolución el Gobierno justificó en  “superposición de funciones” y presunta “falta de resultados concretos”. En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el director del instituto, Cristian Humeres, expresó su profunda preocupación ante el cierre y detalló el impacto que la medida tendrá tanto en el ámbito científico como en la comunidad local.

“Nos enteramos por los medios. El viernes estábamos planificando cómo encarar la temporada de dengue y el martes nos disolvieron”, señaló con indignación.

Un centro estratégico en la frontera

El INMeT contaba con 35 investigadores, mayoritariamente del propio instituto, aunque también algunos del CONICET. A ellos se sumaban cuatro administrativos, personal de limpieza, seguridad y parquización, alcanzando un total de unas 50 personas entre empleos directos e indirectos.

Humeres destacó que la creación del Instituto respondió a una necesidad estratégica: abordar de manera territorial enfermedades endémicas de alta incidencia en el noreste del país, como dengue, zika, chikungunya, leishmaniasis, fiebre amarilla, paludismo, hantavirus, rabia y tuberculosis.

“No fue una decisión accidental instalarlo en Iguazú, sino estratégica, porque es la zona con mayor vulnerabilidad epidemiológica y densidad biológica del país”, explicó el director.

Además, recalcó que el INMeT es el único instituto nacional de salud pública ubicado en zona de triple frontera, con capacidad de articulación transfronteriza y trabajo de campo directo.

Infraestructura de primer nivel, ahora en riesgo

Humeres advirtió que, más allá de los recursos humanos, la pérdida del edificio del instituto implicaría un derroche monumental de fondos públicos.

“Estamos hablando de una estructura edilicia de más de 11.000 m², con laboratorios de primer nivel que no tienen comparación en el país. La capacidad técnica instalada acá es enorme y su pérdida es inconmensurable”.

El funcionario también cuestionó la falta de comunicación oficial. Según indicó, ningún integrante del Ministerio de Salud ni de la administración nacional se contactó con el instituto para aclarar su futuro o el del personal.

Radicación y arraigo: el drama humano detrás del cierre

Uno de los aspectos más complejos del cierre es el arraigo del personal científico en la provincia. Muchos investigadores se radicaron en Misiones al ser convocados por el INMeT y hoy tienen allí sus hogares, familias y hijos escolarizados.

“Es muy difícil pensar en una relocalización a Buenos Aires. No solo por lo personal, sino porque esto nunca fue discutido. Mientras nosotros seguíamos trabajando, ellos lo estaban cerrando por detrás”, criticó Humeres.

¿Superposición o sinergia?

Frente al argumento oficial de superposición de funciones, el director del instituto respondió con firmeza. Recordó que en 2019, la actual titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) fue quien solicitó la incorporación del INMeT a esa administración, justamente por su valor estratégico.

“Ningún otro instituto de la ANLIS está en territorio, y ninguno aborda la complejidad de las enfermedades que tratamos nosotros. Lejos de superponernos, potenciamos el trabajo de los demás”, aseveró.

Además, aclaró que la auditoría realizada este año fue superada con éxito, y que se reconoció la capacidad y potencial del INMeT en todas sus dimensiones.

Producción científica y compromiso territorial

Contrario a lo que señala el decreto, el Instituto de Medicina Tropical publicó más de 400 investigaciones científicas en revistas internacionales en sus 14 años de vida, superando a muchos otros institutos de la ANLIS.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran:

  • Investigaciones sobre leishmaniasis, dengue y otras patologías emergentes.

  • Estudios de campo sobre hantavirus y roedores, hasta entonces sin datos en Misiones.

  • Trabajos sobre parasitosis y su vínculo con la desnutrición infantil.

  • Investigaciones sobre orugas de interés sanitario como la taturana, y accidentes con ofidios y arañas.

 

“Decir que no tuvimos impacto es no conocer absolutamente nada de lo que se hizo acá. Nos auditaron, aprobaron todo, y ahora nos dicen que no cumplimos objetivos. Es una falta total de respeto al trabajo científico”, sostuvo Humeres.

Un llamado a la provincia

Humeres también manifestó su esperanza de que la provincia de Misiones pueda intervenir para no dejar que se pierda una infraestructura científica de este nivel.

“Muchos de los investigadores somos misioneros. Si el Estado nacional decide abandonar el edificio, sería interesante que la Provincia pueda aprovecharlo. No hay laboratorios así en todo el país”.

La eliminación del Instituto Nacional de Medicina Tropical no sólo deja un vacío institucional, sino también humano, científico y territorial. Para Humeres, la decisión del Gobierno representa una pérdida estratégica en la lucha contra enfermedades que afectan especialmente a las regiones más vulnerables del país.

 

“Ojalá esto no sea el final. Que se baraje de nuevo, pero que no se desaparezca lo que tanto costó construir”.

Tags: Cristian HumeresDisoluciónFM 89.3IguazúINMETMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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