El Gobierno nacional mantiene firme su decisión de contener las negociaciones salariales dentro de una pauta del 1% mensual. Bajo el argumento de consolidar la baja inflacionaria, el Ministerio de Economía frenó la homologación de acuerdos paritarios que superaban ese tope, entre ellos el de los empleados de comercio, uno de los más numerosos del país. En Misiones, donde hay alrededor de 100 mil trabajadores del sector privado y más de la mitad está sindicalizada, esta decisión impacta de lleno sobre el poder adquisitivo de los asalariados.
“No hay más discusión salarial por inflación”, es la frase tajante que reparten funcionarios nacionales cada vez que un gremio se queja por el tope.
En la práctica, esto implicó que la paritaria firmada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que contemplaba un incremento acumulativo del 5,4% entre abril y junio, con sumas fijas incorporadas al básico desde julio, fuera desautorizada por el Ejecutivo. El acuerdo no fue homologado, lo que derivó en fuertes críticas incluso de sectores sindicales considerados dialoguistas, como el encabezado por Armando Cavalieri.
Esta decisión oficial tuvo efecto cascada. La mayoría de los gremios grandes, presionados por la falta de convalidación y por un escenario económico restrictivo, terminaron aceptando la pauta del 1% mensual. En algunos casos, se sumaron pagos no remunerativos por única vez como compensación parcial.
En ese marco, el gremio mercantil finalmente retrocedió en sus aspiraciones y terminó cerrando un acuerdo más modesto, del 6% semestral, en línea con otros sindicatos como Camioneros, Alimentación, Construcción y Seguridad. Esta dinámica de contención salarial, impulsada desde la Casa Rosada, marca un nuevo rumbo en las relaciones laborales del país. Y frena las expectativas de los asalariados: por lo menos hasta diciembre no tendrán una recuperación en su estilo de vida.
Las provincias, con los empleados estatales, pareciera que van hacia el mismo camino. Uno de los casos que adelantó la postura fue Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, quien decretó un congelamiento del salario de los empleados públicos del Ejecutivo, invitando a la Justicia y al Legislativo a seguir el mismo camino. Otras provincias analizan medidas similares, aunque también deben hacer equilibrio entre los bajos salarios de sus trabajadores y la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.
La pauta del 1% se impone
Entre los sindicatos que cerraron acuerdos bajo este esquema están Camioneros (3% trimestral más un bono de $45.000), Sanidad (1,5% mensual y bonos crecientes de hasta $60.000), y los Encargados de Edificio, que recibirán una suba del 1,1% en junio junto al aguinaldo.
En sectores como la Alimentación, los aumentos salariales se alinearon con la pauta del Gobierno: 1% mensual y un bono de $85.000 en tres cuotas, a incorporarse al básico en agosto. La rama avícola cerró un incremento del 3,5% desde julio y una suma no remunerativa de $45.000.
La construcción, otro de los gremios con fuerte presencia en Misiones, también acordó subas por debajo de la inflación: 1% mensual más pagos extraordinarios según categoría.
En paralelo, los trabajadores bancarios -que habían pactado desde fines de 2024 una fórmula atada al IPC del INDEC- recibieron un 1,5% de aumento en mayo, reflejando la desaceleración del índice oficial.
Otros gremios que se ajustaron a la pauta mensual con sumas no remunerativas son los metalúrgicos (1% por mes hasta agosto y bonos de $25.000), el plástico (idéntico esquema con sumas de hasta $45.000), y el personal de seguridad (incrementos decrecientes del 1% al 0,8% hasta septiembre).
Tensiones latentes
La Secretaría de Trabajo relevó que de 23 paritarias firmadas entre enero y marzo de este año, solo dos superaron la inflación del período. El resto quedó por debajo. El caso más llamativo es el del Sindicato del Plástico, que logró un 11,4% en el trimestre. Le sigue SOMRA, con un 9,8%. Pero la mayoría de los convenios rondaron entre el 3,5% y el 7,4%, es decir, todos por debajo del 10%.
En este contexto, se espera que la tensión sindical vuelva a escalar en las próximas semanas. Si bien la mayoría de los sindicatos cedieron a la presión, las cláusulas de revisión en agosto o septiembre ya están previstas en varios acuerdos. Y si la inflación se recalienta o si la actividad económica continúa en retroceso, los gremios podrían volver a la carga.
Por ahora, el Gobierno de Javier Milei logró imponer su pauta del 1% y contener la conflictividad, pero a costa de postergar una verdadera recomposición salarial. La incógnita es cuánto tiempo más podrá sostenerse este modelo mientras los precios siguen subiendo más que los sueldos.
El efecto en Misiones
En la provincia, estos acuerdos tienen un impacto directo sobre una masa laboral significativa. Si bien muchos gremios tienen estructuras nacionales que negocian desde Buenos Aires, los efectos se sienten en los bolsillos misioneros.
La homologación de paritarias a la baja, sumada al congelamiento del salario mínimo, al congelamiento del bono para jubilados y pensionados, y a la inflación acumulada, agrava la pérdida del poder adquisitivo en una economía regional con alto costo de vida y marcada dependencia del consumo interno.
La presión sobre los gremios locales también es fuerte. Los empleados del sector mercantil, uno de los más grandes de Posadas, vienen de un primer semestre con aumentos moderados y ahora deberán ajustar expectativas para lo que resta del año.
En tanto, sectores como el transporte, la industria y la construcción ajustan sus cálculos financieros frente a la paritaria nacional, que se convierte en techo de referencia.
