La incertidumbre es la certeza de saber que se ignoran detalles y elementos que describan el escenario. Desde hace años es el síntoma más obvio entre los argentinos. Políticas que cambian conforme a las conveniencias dirigenciales y que suceden con la misma facilidad con la que se niegan u omiten datos esenciales para armar el contexto.
La incertidumbre es la falta de horizonte económico, la desconfianza institucional, la sensación de que todo puede suceder de un momento a otro. No es una pausa, es una atmósfera constante, un modo de existencia en un país en el que el presente se achica y el futuro se difumina. En Argentina cada anuncio parece ser una amenaza más que una solución. En lugar de liderar, se provoca. En lugar de gobernar, se fustiga. Solo hay declaraciones cruzadas, silencios tácticos y un discurso que erosiona la confianza pública.
Ajedrez federal
La decisión del Senado de acelerar la reforma del régimen de coparticipación profundiza una de las tensiones más álgidas del actual Gobierno: el federalismo fiscal. La iniciativa, promovida de manera urgente ante la presión creciente de gobernadores de todos los signos, busca transferir más fondos a las provincias, especialmente en concepto de Aportes del Tesoro (ATN) e impuesto a los combustibles.
Este movimiento revela, por un lado, el avance diplomático de los mandatarios provinciales, capaces de sellar consensos amplios (kirchneristas, radicales, macristas y distritos libertarios) y presentar proyectos que obligan al Ejecutivo a responder. Y por el otro, expone la debilidad del Estado central, que acumula reclamos -a veces judiciales- y acusaciones de retener fondos como herramienta de presión política.
¿Es esta reforma una victoria del federalismo? No necesariamente. El Ejecutivo, a través de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, plantea una propuesta distinta: que las provincias se encarguen de recaudar y “coparticipen” a la Nación, en lugar del sistema actual.
Sobre el papel, esto puede ser un avance hacia un “federalismo real”, pero el riesgo es evidente: sin garantías de distribución equitativa, podría consolidarse un sistema fragmentado, donde las provincias más ricas retengan recursos mientras las más pobres -especialmente aquellas con menor capacidad impositiva- queden relegadas.
El clima político tenso, potenciado por los agravios desde los que se impulsa Milei y que a veces son mutuos con la oposición, y por las crisis en las economías regionales nutridas por decisiones del poder central, ilustran una coyuntura que trasciende el eje meramente económico. Más allá de quién recaude, lo esencial es que haya mecanismos efectivos, transparentes y constitucionales que garanticen fondos para salud, obras públicas, educación y salarios provinciales.
El desafío es doble: el Senado debe convertir las negociaciones en políticas estructurales, no en parches electorales. Y el Ejecutivo, por su parte, no puede dilatar medidas ni usar la retención de fondos como herramienta de presión. La lógica de la “coparticipación automática, diaria y sin discrecionalidad” no es una utopía, sino una necesidad para evitar que el federalismo se transforme en un tablero de pulseadas políticas.
Argentina necesita un sistema fiscal predecible y equitativo y por ende sería natural que la reforma impulsada termine fortaleciendo realmente a las provincias, sin dañar la integridad financiera del Estado nacional. Y que se encauce en un acuerdo federal genuino, lejos de filtraciones de poder que hoy parecen prevalecer. Evitar que esta reforma se convierta en una mera redistribución coyuntural, y no en una revalorización real del federalismo y sus instituciones es la encrucijada.
Una advertencia de fondo
En el último año, el gobierno de Javier Milei utilizó una combinación de contracción monetaria, controles de capitales y “crawling peg” -devaluación gradual- para mantener el dólar en niveles relativamente bajos y contener la inflación.
En apariencia, el esquema logra estabilizar el tipo de cambio y reducir la inflación. Sin embargo, al rascar la superficie, se perciben grietas profundas que podrían transformar este éxito en una bomba de tiempo económica.
Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, fue categórica al señalar los riesgos. Por un lado, el Banco Central no logra acumular reservas netas: desde mayo de 2024 dejó de comprar divisas por cuenta corriente, acumulando un saldo negativo.
Por otro lado, el déficit de cuenta corriente aparece como un lastre que mina la credibilidad del esquema. Tras cuatro trimestres de superávit, la cuenta corriente “se tornó en un déficit de 5.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.
Sobre esta cuestión Dal Poggetto advierte que la economía argentina está financiando un rebote en la actividad -previsto en términos que oscilan entre una reactivación temporal y un verdadero cambio de régimen- a través de deuda privada y endeudamiento externo, sin garantías de continuidad.
Esto, coinciden otros analistas, genera un “rulo financiero”: un carry trade que exige mantener un diferencial elevado entre tasa local y depreciación del dólar -por ejemplo, 4% de tasa con 2% de devaluación, equivalente al 26% anual- con consecuencias inciertas a mediano plazo.
La consultora sostiene que mientras el Banco Central siga vaciando reservas para contener el dólar, y la cuenta corriente no se revierta, la fragilidad del sistema persistirá. Además, advierte que, sin un acuerdo con el FMI, los soportes actuales pueden colapsar: “Si no se pacta, la presión sobre el dólar podría dispararse”.
La situación exige claridad a corto, mediano y largo plazo. El BCRA necesita recuperar divisas reales, no simulaciones contables; el déficit de cuenta corriente debe flanquearse por un flujo genuino de capitales, no por importaciones diferidas ni préstamos fiscales; solo un nuevo acuerdo con el FMI puede devolver la confianza y dar aire al esquema. Pero por sobre todo ello, se debe evaluar la tolerancia social, porque el largo y penoso ajuste sigue cebado sobre los ingresos y las jubilaciones, muy lejos de la casta que juraron combatir.
Queda claro que el modelo actual es sostenible en tanto se mantenga un andamiaje financiero externo y se provoque recesión interna. Pero esa jaula, tan estrecha, no admite márgenes. Exige un diseño con respaldo político y financiero para evitar que el dólar barato termine costándole al país una crisis mucho más profunda.
“Comprá, no te la pierdas campeón”, lanzó con ironía el ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a quienes aseguran que el dólar está barato… y sucedió que el dólar oficial alcanzó su valor más alto desde que el gobierno de Javier Milei impulsó la flexibilización de las restricciones de compra y venta.
El Gobierno puede haber frenado la inflación y mantenido el dólar gracias a una combinación de medidas drásticas. Sin embargo, sin reservas, sin reversión del déficit externo y sin un nuevo pacto con el FMI, las trincheras del actual esquema pueden colapsar y desencadenar un nuevo episodio económico traumático.
Contrarreloj
En otro orden, el fallo dictado por la jueza Loretta Preska en Nueva York, que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF o su equivalente en dólares -unos 16.000 millones de dólares más intereses- coloca al país en una encrucijada política y legal. Frente a esto, el Gobierno eligió como estrategia principal ganar tiempo, desacreditando políticamente a Axel Kicillof, al tiempo que desplegó un argumento jurídico respaldado por la Casa Blanca.
Con todo, el “cronómetro judicial” no se detiene y el atraso no se convierte en solución. El respaldo del Departamento de Justicia estadounidense a la inmunidad soberana argentina fue una jugada defensiva importante, aunque resulta insuficiente.
De hecho Preska rechazó ese argumento y confirmó la entrega de acciones contraofertando un plazo de apelación de quince días que ya está en curso. Si bien el Estado puede interponer recursos, lo cierto es que el tiempo corre y el mercado ya reaccionó: la cotización de las acciones de YPF se desplomaron tras el fallo.
Más allá de los tecnicismos, la situación exige una estrategia clara que mida costos y elabore alternativas concretas. Hoy, la defensa argentina parece vacilante entre una apelación más y una negociación silenciosa de bonos.
Y aunque el Gobierno puede ganar unos días, no hay certeza de que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte el caso, lo que dejaría al país sin recursos adicionales. Cada día que pasa implica un costo (unos 2,5 millones de dólares en intereses judiciales, sin considerar el desgaste reputacional).
La apelación y el discurso político pueden funcionar como sostén simbólico, pero el fondo del problema requiere otro nivel de respuesta.
Repunte
El sector automotor registró un notable crecimiento durante junio, con un aumento del 49% en la cantidad de vehículos patentados con relación al mes anterior. Esta cifra no solo supera ampliamente la media nacional, sino que también refleja un incremento interanual del 130%, lo que genera un clima de marcado optimismo dentro del sector.
El repunte se verá también impulsado por la reciente implementación del programa “Ahora Patentamiento”, que ofrece reintegros de hasta 900 mil pesos por unidad, incentivando tanto la venta de vehículos nuevos como usados. A esta iniciativa se suma “Ahora PyME”, una herramienta pensada para dinamizar la economía local. Este programa permite a las pequeñas y medianas empresas misioneras adquirir insumos productivos entre sí en hasta doce cuotas sin interés, fomentando el desarrollo del entramado productivo regional.
En el frente político y tras las elecciones de junio, el oficialismo madrugó la tónica rumbo a octubre al confirmar a Oscar Herrera Ahuad como a diputado nacional.
De la misma manera, el Gobierno provincial intensifica la agenda con el gobernador Hugo Passalacqua reuniendo a todos los intendentes. Más allá de tratarse de una mesa de trabajo, la cumbre fue interpretada como una clara señal de cohesión política y respaldo institucional en tiempos clave para la gestión. “Los jefes comunales son la piedra basal del misionerismo”, dijo el mandatario.
Con el mismo objetivo fue que horas antes y junto al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, encabezó una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en la gestión de nuevas líneas de financiamiento destinadas a obras clave de infraestructura como electrificación rural, mejoras de caminos y sistemas de riego.
“Hay dos obras viales de gran importancia en estudio: una implica la mejora de una ruta existente y la otra, la construcción de una nueva”, adelantó Safrán.
