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Piden una regulación para las carreras de caballos en Misiones

Organizadores y cuidadores denuncian trabas burocráticas y estigmatización social. Afirman que la actividad genera empleo y movimiento económico en algunos municipios.

28 junio, 2025

En distintas localidades de Misiones, la actividad hípica enfrenta una situación de incertidumbre legal, que, según los organizadores “pone en riesgo una tradición con décadas de historia”. Recientemente en Aristóbulo del Valle y ahora desde El Soberbio y San Vicente, organizaciones y trabajadores vinculados a las carreras de caballos denunciaron “falta de regulación, rechazo institucional y trabas para realizar eventos que, hasta hace poco, se desarrollaban sin mayores inconvenientes”, dijo a PRIMERA EDICIÓN el propietario de campos hípicos, Eduardo Reinehr.

Contó que la falta de una normativa específica provocó que, en algunos lugares, entre los cuales se encuentra El Soberbio, está prohibido el desarrollo de estas competencias, “mientras que en otros se siguen realizando bajo iniciativa privada o con respaldo municipal”, dijo enfático.

“Hasta este momento se viene dando que algunas localidades, sea por iniciativa privada o asociaciones, algunas tienen los permisos y el camino allanado y otras, como nosotros, que en su momento hacíamos eventos sin ningún tipo de problemas, hace dos años empezamos a tener trabas”, relató Reinehr, quien también es uno de los impulsores de la regulación. De acuerdo a sus palabras, la situación se agrava cada vez más “por la ausencia de un organismo que asuma la responsabilidad”.

“Ponele que nosotros no estamos pudiendo reglamentarlo, ¿no? No encontramos salida para darle porque la comisaría no autoriza, porque hay apuestas… Ellos no nos dan las autorizaciones. Se entiende. Con el tema de las apuestas tiene que intervenir el IPLyC. Vas al IPLyC y nos dicen que como es un deporte, hay que ir al Ministerio de Deportes, pero de ahí te mandan a la Municipalidad de tu pueblo. Te dan vueltas y nadie se quiere jugar”, dijo. Y luego agregó: “No hay ningún argumento legal que lo impida, no hay una ley, una ordenanza siquiera que lo impida. Porque por ahí pensamos que había alguna cuestión, alguna traba que tenía que ver con lo administrativo, con el estado de los caballos. Pero directamente no nos atienden”.

A pesar de los intentos, Reinehr asegura que hasta ahora no encontraron interlocutores dispuestos a avanzar en una solución. “Intentamos buscarle la vuelta, porque de un momento para el otro nos dijeron que no podíamos hacer más la actividad. Y entonces empezamos a buscar la forma de hacerlo legalmente y no encontramos nada. Siempre estuvimos predispuestos a reglamentarlo, pero nunca encontramos a quién recurrir para llevar eso adelante”.

Frente a este vacío legal y administrativo, los impulsores piden una normativa que regule la actividad. “Estamos dispuestos. Entendemos que por ahí hubo excesos en ciertos lugares, casos puntuales. Pero también entendemos que en Misiones se venían haciendo carreras todos los fines de semana en años anteriores, ¿no es cierto? Todos los fines de semana había carreras de caballo y no había inconvenientes. Después, por dos casos puntuales que ni siquiera ocurrieron en nuestros campos, directamente nos dan la negativa, mientras que otros muestran que el turf anda muy bien”, amplió Reinehr.

Para el hombre, la percepción de la gente también se convirtió en un obstáculo. “El turf acá tiene un rechazo social porque mucha gente ve como algunos chicotean a los caballos para que corran más, o porque hay casos de personas que apuestan todo lo que tienen, la casa, la familia, en una carrera”, deslizó sobre las innumerables críticas de la sociedad respecto de las carreras de caballos. “Cuando digo ‘tengo un caballo de carrera’, la gente lo primero que piensa es: maltrato animal y apuestas compulsivas. Pero en realidad es un deporte. Detrás de eso hay familias que trabajan, detrás de eso hay genética para nuestras razas, muchas cosas”, destacó.

 

“Por dos casos pagamos el pato todos” 

Los problemas que surgieron en eventos masivos han afectado también a las carreras de menor escala. “Antes generalmente había dos carreras de caballo en la provincia cada dos o tres meses. Después, cuando hubo un inconveniente en un lugar específico, uno de ellos en la Copa Challenger que se hacía todos los años, nos crucificaron a todos por dos casos puntuales, siendo que es una actividad que se venía haciendo regularmente”, recordó Eduardo Reinehr e insistió que “con una buena regulación y control no van a haber excesos”.

“Cuando nuestro campo estaba activo llegamos a tener 25 animales. Ahora tenemos tres nuestros y dos que pertenecen a otras personas. Teníamos tres cuidadores para que atendieran esos equinos. Los terceros que llevan los animales al hípico nos pagan una cuota mensual para que les atendamos los caballos. Y esa cuota mensual incluía alimentos, asistencia veterinaria, cuidadores hípicos. Genera empleo, entonces, con toda la situación económica que se vive, cortar esos empleos no me parece algo muy inteligente”, subrayó.

 

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Tags: carreras de caballosEduardo ReinehrEl SoberbioMisionesRegulación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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