Con su estilo directo y comprometido, el programa “Justicia y Sociedad” mostró una vez más su capacidad para vincular instituciones, mostrar tensiones y fomentar el debate democrático. Eso fue lo que ocurrió este miércoles 25, durante una entrega especial por FM 89.3 Santa María de las MIsiones desde Posadas en simultáneo con Radio del Plata AM 1030, para todo el país. Además, por medio de los canales de YouTube de ambas emisoras y gracias a las repetidoras de Del Plata, el ciclo tuvo alcance nacional e internacional.
Durante la entrega, su conductor, el juez en actividad Claudio Fede juntó en piso y también virtualmente a jueces y funcionarios misioneros para abordar tres ejes críticos del entramado local: la prevención de adicciones y el rol de la familia ante la vulnerabilidad y la interacción entre la Justicia Federal, de Familia y del Poder Ejecutivo en zona de frontera.
Entre sus invitados se encontraban la jueza Graciela Mana, del Juzgado de Familia Nº1 de Posadas; el juez federal Alejandro Gallandat Luzuriaga, del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, con jurisdicción de los departamentos de toda la zona centro, ubicados entre los ríos Paraná y Uruguay; y el ministro secretario de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla.
Fede arrancó el programa, puntual a las 22, acompañado con el buen rock nacional de Callejeros para poner en clima a los oyentes, quienes mostraron su fidelidad con mensajes e intercambios de opiniones.
A su vez, el juez de General San Martín (Buenos Aires) brindó contexto y puso el foco del programa, para quienes lo escuchaban por primera vez en Misiones, en la necesidad de una “Justicia cercana, preventiva y articulada”.
En tanto, sus invitados del Poder Judicial y del Ejecutivo misionero, expusieron sin eufemismos, los dilemas que atraviesan a las instituciones en estas márgenes geográficas del país. Todos juntos, y en dos horas de programa mecharon reflexiones sobre el fuero de familia, la realidad del consumo problemático y la complejidad de administrar justicia en la frontera con dos países.
El entramado humano
Comenzó la jueza Graciela Mana, quien relató su recorrido profesional, tras destacar la transición del ejercicio privado de la abogacía a la carrera judicial. Subrayó que su rol actual como juez implica una “actividad social de formación constante”, que requiere “adaptación a los cambios que atraviesan las comunidades”.
“Cada territorio tiene una particularidad. No es permanente, se va modificando por cuestiones sociales, económicas, sanitarias. La pandemia nos enseñó eso: nada es lineal”, afirmó iniciado el programa.
Mana diferenció la Justicia como valor social del Poder Judicial como institución, subrayando que en las audiencias intenta transmitir esa distinción.
“Una cosa es el Poder Judicial, otra es la Justicia. Esta última tiene una dimensión ética, normativa y subjetiva que trasciende a los tribunales”, reflexionó.
Desde su experiencia en el fuero de familia, Mana destacó que los conflictos que se judicializan no son estáticos ni uniformes, sino que responden a dinámicas sociales en transformación. Habló del “multiproblema” como característica de los casos, que siempre requieren abordajes interdisciplinarios e interinstitucionales.
Muy cerca de ella, el ministro Roberto Padilla, a cargo de la cartera provincial de Prevención de Adicciones, destacó la vocación de servicio de quienes cumplen funciones públicas y a su vez aportó un diagnóstico crudo sobre el fenómeno del consumo problemático.
“Durante años se pensó que la adicción era patrimonio de un solo sector social. Hoy sabemos que puede tocar cualquier puerta”, afirmó en ese sentido.
En la charla Padilla recalcó la necesidad de políticas públicas preventivas, pero advirtió que cuando éstas llegan tarde, los problemas recaen sobre estructuras familiares ya fracturadas.
“Es allí donde aparece la Justicia de familia y donde trabajamos articuladamente con Graciela Mana. Muchas veces la familia está disgregada, rota; alguien tiene que decidir qué hacer con esa persona que consume. Es un desafío diario”, explicó.
Afirmó que el estigma y la negación dificultan el abordaje temprano del consumo y que los recursos, aunque disponibles, “muchas veces no alcanzan”.
“Reconocer el problema es complejo. Hay barreras institucionales, culturales y materiales, no siempre los espacios son los adecuados”, argumentó al tiempo que destacó la fecha del 26 de junio, Día Internacional de la Prevención del Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En ese sentido remarcó que el programa coincidió con la víspera de esa conmemoración “para visibilizar la urgencia de una problemática multidimensional que requiere enfoques transversales”.
“Frontera caliente”
Alejandro Gallandat Luzuriaga, juez federal con sede en Oberá, participó desde la virtualidad para describir la particularidad de su jurisdicción, una de las más complejas del país.
“Nuestro juzgado abarca desde el río Paraná hasta el Uruguay. Entre ambos tenemos frontera con Paraguay y Brasil. Y somos multifuero: civil y penal”, detalló.
En lo penal, su competencia incluye delitos federales como narcotráfico, contrabando, lavado de activos, falsificación documental y delitos tributarios. En lo civil, abarca desde ejecuciones fiscales hasta amparos de salud y litigios contra el Estado nacional.
Gallandat acotó que el carácter federal del juzgado responde a que los delitos en su ámbito impactan directamente en la seguridad pública y en la economía nacional.
“Uno de los delitos que están en crecimiento es la trata de personas y en ese sentido es fundamental tener contacto no solo con el Ejecutivo y juzgados de niñez y familia”, dijo.
Más tarde el magistrado subrayó además que muchas veces las consecuencias del delito federal desbordan hacia otras instancias: la Justicia provincial, los servicios de salud, las políticas sociales.
“El narcotráfico no solo es delito, desestructura comunidades. Y cuando eso ocurre, también la Justicia de familia entra en escena. Hay que entender que todo está interrelacionado”, dijo enfático.
Y luego agregó: “Nosotros tenemos una cruzada con un delito en particular que son los aduaneros, tanto contrabando como encubrimiento del contrabando. Ambos agreden al control aduanero, por ende están penados por la ley”.
“Ha quedado muy desactualizado el monto por el cual el contrabando empieza a ser delito. Hasta cierto monto (vigente desde 2017) es $500 mil, para mercaderías en general y $160 mil para tabaco y derivados (cigarrillos). Ahí tendríamos una infracción aduanera y con un expediente administrativo la aduana impone una multa y termina ahí. Pero como hay un desfasaje cambiario ahora hay muchas más causas por contrabando que las que debería haber. De hecho, por esta razón en 2024 por primera vez hubo más causas por contrabando que por narcotráfico”, alertó sobre como una cuestión de devaluación y cambio ‘desconfiguró’ el mapa del delito local. Ello se está volviendo un problema porque el delito aduanero y tributario no prevé la posibilidad de la probation (suspensión del juicio a prueba) a fin de que la persona acusada cumpla tareas comunitarias para suspender el proceso penal”, aseguró.
Destacada producción y mucha interacción con los oyentes
El programa mostró cómo la interacción entre la Justicia federal, la Justicia de familia y el Poder Ejecutivo puede construir puentes frente a problemáticas complejas.
“Si bien los roles son distintos, la necesidad de coordinación es evidente. En contextos donde las problemáticas sociales no reconocen fronteras jurídicas, la fragmentación institucional solo agrava los conflictos”, dijo su conductor. Por ello, el trabajo conjunto entre jueces y funcionarios provinciales fue uno de los ejes más valorados de la emisión, que se propuso visibilizar experiencias de gestión en territorio.
“La Justicia no es un despacho: es territorio, es comunidad, es vínculo humano”, insistió Claudio Fede durante el cierre del programa, como lo hace habitualmente. La emisión especial del programa contó con Juan Zelaya en los controles desde los estudios de FM 89.3 Santa María de las Misiones. En Buenos Aires, participaron Agustín Goyechea, Juan de Natale y Roxana Calabró en locución. Las redes y el streaming estuvieron a cargo de Ignacio Rivarren, Gabriela Adilela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzabecki. La transmisión fue simultánea por FM 89.3 y AM 1030, además de los canales de streaming y YouTube, para ampliar la cobertura a escala nacional e internacional.
Durante la emisión se sortearon el libro “La Extinción del Contrato. Responsabilidad Extracontractual Derivada del Contrato” de Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Piedecasas (Editorial Ruiz Alpulsoni), y un curso del International Legal Group, para así fomentar la formación jurídica entre los oyentes.
