El recorte silencioso sobre los jubilados del PAMI en Misiones tomó forma de ajuste estructural. Congelamiento del bono previsional, eliminación de refuerzos, caída del poder adquisitivo y quita de reintegros impositivos son los pilares de una política nacional que, en nombre de la “austeridad”, está empobreciendo masivamente a los adultos mayores de la provincia.
Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de marzo de 2025, Misiones cuenta con 124.421 jubilados, de los cuales 112.373 están afiliados al PAMI. De ese total, unos 65.674 perciben la jubilación mínima o incluso menos, lo que los ubica como los más expuestos a los efectos del ajuste. El caso más evidente es el del bono extraordinario previsional, congelado en $70.000 desde marzo de 2024.
Si se hubiese actualizado con la fórmula de movilidad, en junio de 2025 debería ser de $158.658. Esta decisión dejó a cada jubilado con una pérdida acumulada de $879.450 en apenas quince meses. En términos agregados, solo en Misiones, los jubilados de la mínima resignaron $57.757 millones por esta medida.
Pérdida de poder adquisitivo
A la par del congelamiento del bono, los haberes jubilatorios también se deterioraron. Considerando la inflación estimada del 1,7% para junio, el poder adquisitivo de la jubilación mínima con bono cayó 15% en el segundo trimestre de 2025 respecto del último trimestre del gobierno anterior. Incluso sin considerar el bono, la jubilación mínima perdió 2,3% real en el mismo período. La curva es descendente y golpea con más fuerza en provincias de bajos ingresos como Misiones.
La situación se agrava cuando se analiza la eliminación de otros mecanismos de alivio.
Hasta diciembre de 2023, más de 3 millones de jubilados del PAMI con ingresos de hasta un haber mínimo y medio recibían un refuerzo mensual de $15.000. Esta asistencia, que representaba el 9,3% del ingreso total, fue discontinuada tras el cambio de gobierno.
A valores de junio de 2025, cada jubilado dejó de percibir $492.958 acumulados, lo que en Misiones representa una pérdida agregada de $32.374 millones.
El fin del reintegro de IVA
Otra herramienta clave para proteger el bolsillo de los adultos mayores era el reintegro automático del IVA en consumos básicos con tarjeta de débito, vigente hasta diciembre de 2023. Este beneficio alcanzaba al 86,6% de los jubilados del país, unos 5,2 millones de personas, incluidos miles en Misiones.
El mecanismo no requería trámites ni gestiones: devolvía el 21% del valor de las compras básicas con un tope mensual igual al 21% del haber mínimo. Su eliminación implicó un golpe directo sobre el consumo cotidiano, especialmente de alimentos y medicamentos, bienes que los jubilados priorizan.
Sin ahorro posible, lo que no ingresa no se gasta: y lo que no se gasta, no circula en la economía local.
Efecto dominó
El ajuste no solo impacta en la vida de los adultos mayores. También socava la actividad económica misionera. “Los jubilados de la mínima destinan la totalidad de sus ingresos al consumo local”, señala el informe del CEPA.
Al perder poder adquisitivo, se retrae la demanda, cierran comercios y cae el empleo. De hecho, entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se destruyeron 6.591 puestos de trabajo registrado privados en Misiones, lo que equivale a una caída del 6,1%.
Se trata del mayor retroceso desde la pandemia, y rompe la tendencia de crecimiento sostenido del empleo formal iniciada en 2021.
La combinación de ingresos deprimidos y caída del empleo configura un escenario de recesión silenciosa, particularmente en sectores como el comercio minorista, los servicios y la economía informal, donde los adultos mayores solían jugar un rol de sostén indirecto.
¿Ajuste o abandono?
Más allá de las cifras, la situación en los hogares es dramática. En palabras simples: los jubilados están comprando menos alimentos, dejando de pagar medicamentos, reduciendo visitas al médico, y muchos ya no pueden afrontar alquileres o servicios básicos.
En provincias como Misiones, con un sistema de salud pública sobrecargado y una red de contención familiar que también se encuentra asfixiada, el ajuste se traduce en abandono.
El discurso de la “eficiencia fiscal” pierde fuerza frente a una realidad palpable: no hay plan económico que se justifique si condena a la indigencia a quienes trabajaron toda su vida.
La urgencia de revertir el rumbo
Frente a esta realidad, distintos sectores sociales y políticos han comenzado a reclamar la recomposición urgente del haber jubilatorio, la actualización del bono, y el restablecimiento de los mecanismos de asistencia y reintegro que hasta hace pocos meses mitigaban la pobreza entre adultos mayores.
La reactivación económica de Misiones está atada, en parte, a la recuperación del ingreso previsional. No hay desarrollo posible con más de 65 mil jubilados empobrecidos.
Lo que se está discutiendo no es solo un número en el presupuesto nacional: es la dignidad de miles de misioneros y el futuro inmediato de la economía de la tierra colorada.
