La reciente presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación que propone la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) desató una ola de críticas en Misiones, donde el organismo ha sido desde su creación en 2002 una herramienta clave para el desarrollo de los pequeños productores y el ordenamiento de la actividad yerbatera. La iniciativa, impulsada por la diputada Sofía Brambilla (PRO-Corrientes), propone transferir las funciones del organismo a la Secretaría de Agricultura de la Nación y crear un fondo transitorio con sus recursos. La propuesta -expediente 3161-D-2025- contempla la derogación de la Ley 25.564 y todas sus normas complementarias.
En los fundamentos, los legisladores firmantes argumentan que el INYM fue “ineficiente” y responsable de “resoluciones contradictorias” y “superposición de funciones con otros organismos como SENASA y ANMAT”. También apuntan a “costos innecesarios” para el sector productivo y “falta de competitividad”.
Desde Misiones, la lectura es diametralmente opuesta. Ricardo Maciel, representante del gobierno provincial en el directorio del INYM, aseguró que “la diputada es coherente con la posición que siempre tuvo Corrientes. Se opusieron a la creación del INYM y en los últimos tiempos judicializaron medidas tomadas por este organismo. Corrientes busca un desarrollo concentrado, integrado verticalmente, mientras que Misiones y el INYM siempre buscaron un modelo más horizontal”.
“El negocio yerbatero no está en crisis. Lo que está en crisis es la distribución de la rentabilidad que genera”, subrayó Maciel, y advirtió que si se elimina el organismo “se profundizará la concentración y eso pone en serio riesgo la permanencia del productor en el sistema”.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones insistió en la necesidad de recuperar la mediación en los precios: “No quieren que los representantes de cada sector en el INYM acuerden precio, pero aceptan que las industrias impongan valores insostenibles. Eliminar el organismo es darle aún más poder a quienes ya lo tienen, en desmedro de miles de pequeños productores y secaderos”.
El malestar también se sintió en el plano más profundo de la producción yerbatera. Jorge Skripczuk, productor y dirigente del sector, calificó la iniciativa como “una total falta de respeto hacia los productores”.
“Es un trago muy amargo, un golpe muy bajo. Estos vienen para quedarse con todo, son rapaces, y un Gobierno nacional que dice ser como tal, pero para hacer lo que hacen hoy, no necesitamos funcionarios como estos”, sentenció.
El proyecto, que ya fue girado a las comisiones correspondientes en el Congreso y cuenta con el respaldo de al menos 20 legisladores, también prevé que los recursos materiales y financieros del INYM sean absorbidos por la Secretaría de Agricultura, que deberá designar un liquidador y asumir las obligaciones pendientes del organismo.
Frente a este panorama, productores como Julio Petterson, subsecretario de Asuntos Yerbateros del Ministerio del Agro, también alzaron la voz.
“Hoy vienen por nosotros, mañana van a venir por nuestras cooperativas y después por nuestras pequeñas industrias. Y van a quedar cuatro o cinco grandes, y el resto todos empobrecidos”, alertó. El dirigente misionero recordó que en los años noventa, en un contexto similar de desregulación, muchos productores perdieron sus tierras.
“Ya empiezan a aparecer camionetas cero kilómetro averiguando por las chacras. Para comprar hoja verde no hay plata, pero para comprar la tierra de los productores sí”, denunció en FM de las Misiones.
Petterson también apuntó contra el presidente Javier Milei por no haber designado aún a la nueva conducción del instituto, lo que mantiene paralizadas funciones esenciales como la fijación del precio de la hoja verde.
“El incumplimiento del deber público es gravísimo. Hoy el INYM no puede actuar y eso favorece a quienes quieren comprarnos por monedas”, sostuvo. “Están generando pobreza para quedarse con nuestras tierras (…) Vienen por todo”, remató.
Por su parte, Brambilla defendió el proyecto asegurando que “el INYM funcionó durante más de 20 años como una estructura burocrática que ahogó al sector con regulaciones innecesarias”.
En sus declaraciones, reiteró que la propuesta busca dar respuesta a un “reclamo concreto” de los actores productivos y que la creación de un fondo específico para distribuir entre los integrantes de la cadena yerbatera servirá como una forma de resarcimiento. Desde el sector misionero, se rechaza de plano esa visión.
“El INYM no fue nunca un monopolio, fue una herramienta de resguardo para los pequeños productores”, dijo Petterson.
A su vez, Maciel recordó que el instituto es conducido por mayoría del sector privado, con presencia minoritaria del Estado, y que hoy solo Misiones sigue enviando representantes, ante la ausencia de Nación y Corrientes.
“Se discute la utilidad del INYM y creo que la respuesta está en mirar cómo se estaba antes de su creación, cómo estuvo con plenas facultades y cómo se está ahora, con esas facultades cercenadas”, señaló Maciel
