Desde hace un año y medio, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sufre un ataque sistemático por parte del Gobierno nacional. Así lo denunció Silvina Fariza, secretaria general de la Asociación del Personal del INTA (APINTA) e investigadora del organismo en Cerro Azul, Misiones, quien salió al cruce de las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que impulsa su cierre o reestructuración brutal.
“No estamos hablando de una simple reestructuración” -advirtió Fariza en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones– “sino de un desguace que pone en riesgo el trabajo científico de décadas, nuestras capacidades técnicas y, en última instancia, la soberanía alimentaria del país”.
En medio de la avanzada de recortes, Sturzenegger había justificado su propuesta afirmando que el presupuesto del INTA “equivale a la mitad de las retenciones al maíz”, y que el organismo posee “3.000 autos” y “6.000 empleados”. Fariza desmintió categóricamente estos datos: “El presupuesto previsto para 2025 es de 224.000 millones de pesos, que apenas representan el 16% de la recaudación estimada de retenciones al maíz. No la mitad como dice el ministro”, aclaró.
Sobre el parque automotor, explicó que la mayoría de los vehículos que posee el INTA están destinados al trabajo territorial, en más de 400 unidades distribuidas por todo el país. “Si uno recorre de Ushuaia a La Quiaca, siempre encontrará una agencia del INTA. Necesitamos vehículos para llegar a los productores, pero además el 70% de esas unidades están obsoletas, en mal estado, con más de una década de uso”, detalló.
La situación del personal es igualmente crítica. En el último año, más de 1.000 trabajadores -entre investigadores, técnicos y operativos- dejaron sus puestos. “Eso implica una pérdida de conocimiento incalculable, una sangría de talento que no se recupera fácilmente”, lamentó.
Golpe a pequeños productores
Más allá de los números, la mayor preocupación radica en el impacto sobre el futuro de la producción agropecuaria y alimentaria. “El INTA no solo es responsable de desarrollar tecnologías como el silobolsa o la vacuna contra la fiebre aftosa. También tenemos más de 900 variedades inscriptas, clones de yerba mate, mandioca y maíz adaptados a las condiciones locales, y trabajos sobre resiliencia a la sequía”, enumeró Fariza.
El intento de avanzar sobre la gobernanza del instituto es otro punto alarmante. Actualmente, el INTA cuenta con un consejo directivo conformado por representantes de los productores agropecuarios, que define las líneas estratégicas de investigación. Sin embargo, según Fariza, el Gobierno busca controlar este organismo desplazando a los productores y ocupando la mayoría de los asientos para imponer su propia agenda: “Quieren marcar qué se investiga y qué no. Nosotros trabajamos en mejorar la calidad de vida de los productores, no solo en maximizar el rinde por hectárea”, afirmó.
Fariza fue contundente respecto al sesgo que imprimiría el nuevo modelo: “Hoy la mirada es estrictamente productivista. Para el Gobierno nacional lo único que importa es el número final: cuántos kilos de maíz o soja por hectárea. Pero para las economías regionales, para el pequeño productor, importa la adaptación local, la resistencia a plagas, la resiliencia al cambio climático. Todo eso desaparecería”.
El quiebre con las entidades
Consultada sobre el acompañamiento de las entidades del campo, Fariza fue crítica: “Hasta el año pasado, alrededor del 70% de las entidades -Coninagro, CRA, Federación Agraria- nos apoyaban. Pero después de una reunión clave, todo cambió. No sabemos qué les prometió el Gobierno, pero hoy están en silencio”.
Esa falta de respaldo agrava el cuadro. “Estamos en riesgo de perder la gobernanza del INTA y con ella el objetivo histórico de desarrollar tecnologías para todos, no solo para el agronegocio”, advirtió.
Frente a este panorama, APINTA sostiene una agenda de reclamos y reuniones con legisladores y gobiernos provinciales, pero Fariza admitió que la lucha gremial sola ya no alcanza: “Esta ya no es solo una cuestión sindical. Es una discusión política de fondo sobre qué país queremos. Si uno donde el conocimiento y la tecnología estén al servicio de toda la sociedad, o uno donde solo manden los intereses de unos pocos”.
El INTA y la vida cotidiana
Lejos de ser un organismo abstracto o aislado, Fariza recordó que los logros del INTA impactan de lleno en la vida cotidiana de todos los argentinos: “Cada alimento que llevamos a la mesa, cada mejora en los cultivos, en la ganadería, en la agroindustria, tiene detrás una parte de investigación del INTA”.
Dejar que el organismo se desmantele -advirtió- sería hipotecar el futuro del desarrollo agropecuario argentino. “No estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo un modelo de país donde el conocimiento es estratégico y donde el productor, sobre todo el pequeño, no queda a la deriva de las decisiones de los grandes grupos”.
Frente al avance del ajuste, Fariza ratificó que seguirán defendiendo al INTA y visibilizando las consecuencias que tendría su destrucción. “Porque sin ciencia pública y sin tecnología adaptada a nuestras realidades, no hay soberanía alimentaria posible”, concluyó.
