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Pese a la crisis, para Patricia Bullrich los cambios en el INYM son positivos

En un escenario de desregulación en el que pequeños y medianos productores de yerba mate quedaron desprotegidos, para la ministra las modificaciones eran necesarias para la industria.

1 junio, 2025

Pese a la visibilidad que tomó la crisis de la cadena yerbatera a partir de la desregulación aplicada por la Nación, el Gobierno central insiste en dejar las cosas tal y como están.

La eliminación de potestades para fijar el precio de la materia prima y la quita de límites a la plantación de nuevos yerbales, entre otras medidas desregulatorias, pusieron de cabeza a la economía regional dejando desprotegidos a pequeños y medianos productores.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, encabezó ayer una conferencia de Prensa de La Libertad Avanza (LLA) en Posadas y habló sobre los cambios que se están realizando en el Instituto y los catalogó como “cambios positivos para el sector de la yerba”. 

Estas acciones por parte del Gobierno nacional, fueron repudiadas y criticadas por el sector yerbatero, tanto de productores como las organizaciones industriales, quienes expresaron su preocupación por la falta de regulación y el impacto negativo que afecta, en primera instancia, a los pequeños productores de la cadena.

Las palabras de la ministra de Seguridad, expresidenta del PRO y hoy libertaria, llegaron 24 horas después de que un grupo de productores de Oberá le reclamaron a Karina Milei, Martín Menem y a los referentes locales de la Libertad Avanza, respuestas ante la crítica situación que están viviendo a raíz de las medidas del Gobierno nacional que llevaron al desplome del precio que reciben por la materia prima.

Dicho reclamo se produjo en un tenso contexto, lo que llevó a la suspensión inmediata de la actividad proselitista que iban a realizar los representantes de LLA en la Capital del Monte.

El incidente dejó en evidencia el creciente malestar del sector  ante las políticas económicas del Gobierno y la fuerte polarización que se vive en la región debido a la falta de respuestas de parte de la Nación ante las medidas que aplican, según indicaron, para perjudicar al organismo que respalda a la yerba mate.

Es que, de acuerdo al sector primario, el INYM era un organismo clave en la industria de la yerba mate, con funciones que incluyen la regulación del mercado, la promoción de la actividad y la protección de los pequeños productores. Su principal función era fijar precios de referencia y establecer normas para la producción y comercialización.

Sin embargo, esto cambió a partir del mega decreto de necesidad y urgencia que firmó Javier Milei apenas asumió como presidente en diciembre de 2023, cuando le quitó al organismo su poder regulatorio y lo limitó simplemente a ser un ente de promoción de la yerba mate, tal como querían e impulsan los grandes industriales junto al Gobierno de Corrientes.

Tal es así, que actualmente el INYM se encuentra en un proceso de transición, con algunas de sus funciones suspendidas y también eliminadas. 

Pese a ello, los integrantes de la comitiva yerbatera solicitaron la restitución de sus facultades y continúan reclamando la designación de un nuevo presidente. La situación sigue siendo objeto de debate y discusión, con la necesidad de encontrar un equilibrio entre la desregulación y la protección de los pequeños productores.

No obstante, en lo que pareció una completa desconexión con la realidad de los productores, para la ministra de Seguridad de la Nación “el INYM ahora está funcionando de manera burocrática y los cambios que se pusieron en marcha son de carácter positivos, por lo que los yerbateros e integrantes del instituto lo podrán ver con el tiempo”.

“Los primeros meses de cambios son para adaptarse por lo que es normal que tengan miedo a las transformaciones que se están llevando adelante. Pero luego verán los beneficios de estas decisiones que llevarán a los productores a poder exportar más y mejor yerba mate y así también comercializar de una mejor manera”, indicó Bullrich.

“Los cambios que se están realizando en el INYM son positivos y los resultados, aunque sean prematuros, se están viendo en todo el país”, cerró la ahora funcionaria libertaria.

Tags: #economíadesregulaciónDNU70/23INYMJavier MileiMisionesPatricia BullrichPolémicaPolíticaYerba Mate
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Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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