El Gobierno aún no dio pistas en público respecto a cuál será el contenido de la reforma previsional en la que trabaja, aunque le aseguró al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la propuesta integral debería ser compartida ante los técnicos del organismo. El mismo Fondo señaló a la reforma jubilatoria como una de las necesarias para la economía argentina.
Hace tres meses, Javier Milei echó al jefe de la ANSeS Mariano de los Heros. Su pecado fue afirmar que se analizaba una reforma previsional. La Casa Rosada no le perdonó haber metido en la agenda un tema tan sensible cuya comunicación el Gobierno quería preparar con tiempo y estrategia.
Sin embargo, días atrás el ministro de Economía Luis Caputo, confirmó que habrá reforma previsional. En este escenario, Caputo puso a un hombre suyo al frente de la ANSeS, Fernando Bearzi.
Bearzi es el tercer funcionario de la gestión libertaria frente a la ANSeS. El primero fue el cordobés Osvaldo Giordano. Las modificaciones reflejan hasta qué punto se trata de uno de los organismos más sensibles de la administración.
El principal pecado de De los Heros no fue solo hablar de un tema que no se quería instalar aún, sino encima dar precisiones sobre la intención oficial de subir la edad jubilatoria, uno de los temas más piantavotos que existe, pero medular para los cambios prometidos por el gobierno ante el FMI.
Nadie duda de que uno de los principales objetivos de la reforma previsional será incrementar la edad jubilatoria. Los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres chocan con una expectativa de vida que creció mucho en las últimas décadas.
En 40 años, la expectativa de vida de los hombres subió de 65 a 76 años en la Argentina. Cada vez son más los abuelos que llegan a superar los 80 años. Pero Milei no le perdonó el error. Y recordó que “no se puede reformar el sistema previsional si no se reforma antes el sistema laboral”.
A qué edad se jubilarán hombres y mujeres
Los cambios en el sistema jubilatorio formaron una parte fundamental del reciente acuerdo con el FMI que permite liberar US$ 20.000 millones para la Argentina y dieron paso a la salida del cepo cambiario para los individuos.
El Gobierno prometió al Fondo Monetario avanzar en una reforma jubilatoria para seguir apuntalando el ancla fiscal del programa económico. Para hacer “sostenible” el sistema, se buscará una suba en la edad de retiro. La intención sería ir unificando las edades en hombres y mujeres.
Uno de los cambios que se barajan es ir subiendo un año para los hombres a partir del 2027, y dos para las mujeres, de tal forma de unificar la edad jubilatoria en torno de los 70 años a partir del 2030.
En 2027 la edad sería de 66 años para los hombres y 62 para las mujeres, y así sucesivamente. Si se respetara esa lógica, en 2028 la edad sería de 67 años para hombres y 64 para mujeres. Y en 2029 de 68 y 66 respectivamente.
En paralelo, el Gobierno mantendrá la cobertura de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, en al menos el 95% del valor de la canasta básica alimentaria durante todo el programa.
La Argentina también completará la integración de bases de datos en un registro social único. Así, se dispone la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS) para mejorar la focalización de la asistencia social, con plazo a diciembre de 2025.
Qué le pidió el FMI a Milei en materia laboral
Pero antes de la reforma previsional, el Gobierno irá por los cambios en materia laboral, que incluirán flexibilizaciones para negociar salarios y simplificar vínculos entre empresas y trabajadores.
Como eje central, se deberán introducir cambios impositivos para eliminar las barreras entre trabajadores informales y formales. Es decir, se buscará achicar el empleo en negro, que afectaría a tres de cada diez empleados.
Según el reporte del staff del FMI, el Gobierno trabajará en una reforma integral del sistema de pensiones, centrada en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad.
“La iniciativa propuesta buscaría optimizar el sistema fragmentado actual y armonizar mejor las contribuciones con las prestaciones, incluyendo impulsar la formalización del mercado laboral”, indicó el Fondo Monetario.
Si bien será la última reforma en la lista de las “tres grandes”, el organismo multilateral recordó que la reforma jubilatoria es fundamental para “mejorar la calidad del ancla fiscal”, un eje clave para el Gobierno.
Por eso, la Argentina tendrá que cumplir con tres objetivos:
- Mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario (reforma fiscal).
- Fortalecer el sistema de coparticipación de ingresos y los incentivos de disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno.
- Impulsar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Justamente en línea con los objetivos comprometidos ante el FMI, el Gobierno ya dio de baja la moratoria previsional “en un marco más amplio de revisión estructural del sistema de seguridad social”, según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Sistema previsional: qué quiere reformar el Gobierno
El acuerdo negociado con el Fondo sostiene que las moratorias previsional “nacieron como una medida excepcional en un momento histórico determinado, con el objetivo de reparar desigualdades estructurales del mercado laboral argentino, particularmente en lo que respecta a la falta de registración laboral”.
Y en una dura crítica al kirchnerismo, advierte que “su reiteración y ampliación en el tiempo han desnaturalizado esa lógica excepcional, convirtiéndola de hecho en una vía permanente de acceso a la jubilación sin aportes suficientes y afectando la sostenibilidad y coherencia del sistema”.
En su presentación ante el Congreso, Francos dijo que “el fortalecimiento del sistema de seguridad social no se garantiza con excepciones a la legislación, sino con un fuerte compromiso para lograr un aumento en la formalización del empleo y un crecimiento económico genuino y sostenible”.
No obstante, el Ministerio de Capital Humano recordó que continúa vigente la posibilidad de regularizar años de aportes para las personas que están a menos de 10 años de la edad jubilatoria.
Desde la creación de la moratoria (Ley 27.705), hace dos años, accedieron a un beneficio previsional 580.623 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% son varones. Entre los 7.437.435 jubilados y pensionados del SIPA, 4.062.221 (54,6% del total) accedieron al beneficio por alguna de las moratorias que se implementaron.
El 74% de los beneficiarios previsionales con moratoria del SIPA son mujeres. A diciembre de 2024 el Estado nacional gastó $1.398.726 millones mensuales en jubilaciones y pensiones otorgadas por moratoria, lo que equivale a 2,57% del PBI.
Mientras hace unas semanas se realizaba una nueva marcha de jubilados para reclamar un aumento en sus haberes, especialistas en materia previsional delinearon en la Cámara de Diputados las claves que debería tener un nuevo sistema jubilatorio.
Poder Judicial: un dolor de cabeza para el Gobierno
Tal vez, para avanzar con la reforma previsional, el mayor dolor de cabeza para el Gobierno llegue, otra vez, desde el Poder Judicial: hace algunas semanas, un nuevo fallo, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, declaró inconstitucional la ley 27.609, que estuvo vigente entre enero de 2021 y junio de 2024. Y ordenó reajustar el haber de un jubilado.
En la misma dirección ya se habían pronunciado las Cámaras de Mendoza y de Mar del Plata, aplicando una amplia jurisprudencia en favor de reparar la pérdida sufrida por los jubilados y pensionados.
El fallo dice que “no se preservó de forma razonable el poder adquisitivo de la jubilación y, por lo tanto, incumple con la finalidad de la movilidad previsional”. El jubilado en cuestión, durante el período marzo 2021 a junio 2024 registró un incremento por movilidad del 987,06%, mientras en igual lapso la variación del IPC fue del 1.445,35%, la de salarios del 1.074,16% (ISSAL) y la de RIPTE del 1.040,14%, según datos publicados por el INDEC y por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, sostiene el fallo.
“42,16% menos salario”
Para la Justicia, “el poder adquisitivo del beneficio previsional del accionante decayó aproximadamente un 42,16% en relación a la inflación según datos del IPC distanciándose también de la adecuada sustitución con los salarios activos”.
Los jueces resolvieron que la ANSeS aplique una pauta de reemplazo de la ley 27.609, ordenando el reajuste en un 50% IPC + 50% RIPTE para ser aplicada trimestralmente en los períodos en que se liquidó la ley 27.609, y reparar el perjuicio que causó en los haberes de Palavecino.
En este escenario casi caótico, por el “colapso” que enfrenta la Justicia de la Seguridad Social ante la gran cantidad de juicios de jubilados que ingresan y se van sumando al enorme stock de expedientes, la Cámara Federal de la Seguridad Social le pidió a la Corte Suprema que suspenda por 90 días los plazos para resolver la liquidación de las sentencias firmes.
Se estima que en los juzgados hay unos 270.000 juicios iniciados por jubilados, de los cuales 90.000 tienen sentencia firme. Muchos de esos juicios se arrastran hace años objetando, entre otras causas, el cálculo de los haberes y los cambios en las fórmulas de movilidad. Lo más duro es que muchos de esos jubilados fueron muriendo a la espera de que la Justicia reparara su reclamo.
Fuente: Medios Digitales
