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Fibrosis quística: pacientes con cobertura sufren incumplimientos

Mientras que la Nación oficializó la inclusión de nuevos tratamientos para las personas sin obra social, las que tienen cobertura sufren incumplimiento por parte de las mismas.

21 mayo, 2025

La Asociación Provincial de Fibrosis Quística recibió con beneplácito la actualización de la canasta de medicamentos para tratamientos de fibrosis quística oficializada este lunes en el Boletín Oficial de la Nación a través de la publicación de la Disposición 13/2025.

De acuerdo a esta normativa, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó la nueva canasta de medicamentos destinada a la atención integral de los pacientes con fibrosis quística con cobertura pública exclusiva. La misma estará conformada por enzimas pancreáticas utilizadas para mejorar parámetros nutricionales y mantener un crecimiento saludable optimizando así el efecto terapéutico de los moduladores que ha demostrado un gran avance en la evolución clínica de los pacientes con esta enfermedad.

La terapia con moduladores continuará siendo provista bajo la misma modalidad, ya que se encuentran incluidos bajo el Programa de Seguimiento de Tecnologías Tuteladas de este Ministerio. Los cambios aplicados en la canasta de medicamentos se basan en las recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor para Fibrosis Quística (CAPAFIQ) a partir de la evidencia científica.

“Esta actualización incorporó medicamentos reguladores como el icacaftor, que hasta ahora era muy difícil de conseguir para los pacientes sin cobertura social, y que permite mejorar la función de una proteína en el cuerpo para disminuir la acumulación de moco espeso en los pulmones y mejorar otros síntomas de la fibrosis quística”, detalló a PRIMERA EDICIÓN la presidenta de la Asociación provincial de Fibrosis Quística, Eulalia Méndez.

 

Obras sociales incumplidoras

Pero mientras que el Gobierno nacional anuncia la actualización del vademécum para las personas que no tienen obra social y reciben el tratamiento del Estado, algunas obras sociales siguen poniendo trabas burocráticas e incumpliendo con la entrega de los tratamientos para los pacientes con fibrosis quística, obligándolos a suspender sus tratamientos.

“Hay dos obras sociales con las que estamos teniendo mayores problemas y son la de los trabajadores rurales (Osprera) o la de gastronómicos (OSUTHGRA) que no están cumpliendo con el envío de los moduladores, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. En el caso de la adolescente que tiene OSUTHGRA, su mamá pidió diez pastillas prestadas a otra mamá pero lógicamente está desesperada por el medicamento para su hija y para poder devolver al otro paciente que le auxilió para que no corte el tratamiento. En tanto, Zaira, una nena de Apóstoles con fibrosis quística que tiene Osprera no recibió Creon que es un medicamento del cual depende su vida. Es una pastilla pancreática que tiene que tomar a la mañana, al mediodía, a la tarde, en la cena y antes de las colaciones, por lo que su mamá nos pidió que la Asociación le auxilie con el medicamento… todos los meses tiene problemas con la obra social, porque manda de menos o directamente no manda la medicación”, comentó Méndez.

Suspender el tratamiento en una persona con fibrosis quística implica un deterioro muy grande en muy pocos días.

 

Muy alto costo

“Es imposible para una familia comprar los medicamentos, algunos tratamientos cuestan por encima de los 10 millones de pesos. Tampoco es fácil luchar contra las obras sociales, una carta documento implica un costo de servicio de abogado a los que no todos tienen acceso. Además, no todos viven en Posadas o ciudades donde las obras sociales tienen sedes y cuesta mucho hacer los reclamos a la obra social o a la Superintendencia de Salud, tienen que viajar… están en una situación muy vulnerable”, remarcó.

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Tags: Asociación Provincial de Fibrosis QuísticamedicamentosMinisterio de Salud de la Nación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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