El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) acerca de los medicamentos más consumidos por las personas mayores en el país expone una situación crítica en torno al acceso a tratamientos esenciales. Los datos de abril del 2025 dan cuenta que -a pesar de que en las diferentes gestiones los jubilados y pensionados padecieron el impacto económico- tras la asunción del nuevo Gobierno y la aplicación de políticas de desregulación económica, los precios de los medicamentos se incrementaron en consonancia con una disminución del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.
Solo en abril de 2025, los medicamentos más utilizados por las personas mayores subieron un 2,8%, acelerando respecto al mes anterior. En algunos casos, como el Atenolol Gador y el Glaucotensil TD, los incrementos mensuales superaron el 5%.
Por su parte, con una evolución de los precios desde noviembre de 2023, la canasta de medicamentos registra una inflación acumulada del 237,1%, mientras que los diez fármacos con mayores aumentos promedian una suba interanual del 52,3%, llegando incluso al 60% en algunos productos.
En este contexto, el informe de CEPA señala que las jubilaciones mínimas tuvieron ajustes insuficientes y el bono compensatorio permanece congelado desde marzo de 2024 en $70.000, perdiendo valor real mes a mes. En una análisis de sus datos, si dicho bono se hubiese actualizado conforme a la inflación, debería superar los $150.000 en mayo de 2025.
De esta manera, analizan que esta pérdida de poder adquisitivo significa que una proporción cada vez mayor de los ingresos de los adultos mayores se destina a la compra de medicamentos, en detrimento de otras necesidades básicas.
Además, denuncian que el PAMI, la principal obra social de los jubilados, también modificó sus políticas de cobertura, reduciendo la cantidad de medicamentos gratuitos y endureciendo los requisitos para acceder al subsidio social.
La lista de medicamentos cubiertos al 100% se achicó considerablemente, pasando de casi 3.000 a unos 2.000 productos, mientras que el acceso a medicamentos gratuitos se limitó a cinco por mes para quienes cobran hasta 1,5 jubilaciones mínimas. A su vez, los descuentos para medicamentos de uso eventual bajaron del 80% al 40%.
Aseguran que estas restricciones han generado una mayor dificultad para que las personas mayores puedan sostener sus tratamientos. De tal forma, muchos se ven obligados a afrontar el costo total de medicamentos que antes estaban cubiertos, o bien deben pasar por trámites burocráticos complejos para acceder a subsidios, lo que representa una barrera adicional especialmente para quienes tienen menos recursos o dificultades de movilidad.
En todo este impacto sanitario, resaltan que los medicamentos afectados incluyen tratamientos para enfermedades crónicas frecuentes en la vejez, como la insuficiencia venosa, la hipertensión, la artrosis y otras patologías cardiovasculares. Advierten que la interrupción o discontinuidad de estos tratamientos, motivada por la imposibilidad de costearlos, puede derivar en complicaciones graves, hospitalizaciones y una merma significativa en la calidad de vida de los afectados.
Asimismo, el informe de CEPA remarcó que la falta de acceso a medicamentos esenciales no solo afecta la salud individual, sino que también impacta sobre el sistema de salud pública, que debe atender las consecuencias de enfermedades mal tratadas o descompensadas. Además, se erosiona la autonomía y la dignidad de las personas mayores, quienes ven restringido su derecho a una vejez saludable.
