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“Reconversión o desaparición”: la dura amenaza a los productores

Víctor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros, defendió el modelo sin regulación estatal y generó una fuerte reacción en el sector primario, que lo acusa de promover el despojo de chacras y favorecer la concentración. “Esto ya lo vivimos en los 90”, marcó un ex director del INYM.

15 mayo, 2025

La desregulación del mercado de la yerba mate profundiza su impacto sobre el eslabón más débil de la cadena: los pequeños productores. Desde diciembre de 2023, con la publicación del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) perdió la potestad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada.

La industria, sin mediaciones, compra al valor que dispone, incluso por debajo de los costos de producción.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Molineros y titular de la firma La Cachuera SA (yerba Amanda), Víctor Saguier, defendió el nuevo escenario en una entrevista con IProfesional y advirtió que los productores “van a tener que reconvertirse o abandonar la actividad si no les cierran los números”.

La frase encendió la furia de los colonos. Lejos de interpretarse como un análisis técnico, fue leída como la confesión de un plan premeditado para expulsar a los productores de sus chacras.

“Lastimosamente está diciendo lo que ellos predecían y vinieron armando y orquestando junto al Gobierno nacional para que esto pase”, disparó Julio Petterson, subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones.

“Te está diciendo clarito lo que va a pasar, porque ellos mismos lo hicieron. Por la falta de empatía con los pequeños productores, que siempre los bancaron, hoy los van a destruir”, agregó.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el funcionario fue más allá. “Van a quedarse con la tierra de nuestros productores, y los productores van a terminar en la villa miseria”.

La crítica apunta a lo que denominan una “monopolización planificada” del sistema yerbatero.

“Los industriales negociaron con el Gobierno nacional para terminar con esa herramienta que fue creada por los productores en el 2000. Hoy te lo dicen de frente, sin pudor. Son unos caraduras”, acusó Petterson.

 

 

Un precio que no alcanza 

La bronca de los productores no es retórica. Las operaciones actuales de hoja verde se ubican en torno a los 200 pesos por kilo, mientras el costo de producción ronda los 360 pesos.

Los colonos reclaman valores que superen los 450. La brecha no solo impide cubrir los gastos: los expulsa del circuito productivo.

“Hasta cuándo van a tener la caradurez de mentirle a los productores, hasta cuándo nos van a seguir empobreciendo. Ellos se van a reconvertir en grandes expansionistas de tierras y de yerbales. Nosotros, los productores, cada día más pobres, más arrinconados, más solos”, denunció Petterson.

 

Un recuerdo de los 90

Marcelo Hacklander, exdirector del INYM en representación de los productores, también rechazó el planteo de Saguier:  “Eso ya lo veníamos escuchando desde los 90: ‘el productor que no es eficiente, que desaparezca’. Pero si no fuimos eficientes, ¿cómo subsistimos 22 años con el INYM y sin fundirnos?”, apuntó.

“El verso de la reconversión ya lo escuchamos. Las industrias alegan que perdieron plata, pero ninguna cerró. Al contrario: aparecieron muchísimas marcas nuevas, rompieron la hegemonía. Eso es lo que les dolió. Hoy vuelven a tener el peso, pero no por mérito propio, sino por medio de la política”, advirtió.

El dirigente cuestionó la narrativa de que “el mercado fija el precio. ¿Entonces por qué para nosotros sigue bajando y el precio del paquete en góndola sube? Que alguien me lo explique. Yo no entiendo nada de números, pero eso no cierra por ningún lado”.

También desestimó la idea de que los productores pequeños sean menos eficientes que los grandes. “Hoy hay 220 mil hectáreas implantadas y se produjeron 986 millones de kilos. Eso da un promedio de 4.500 kilos por hectárea. Si ese es el promedio nacional, entonces las grandes industrias también tienen los mismos rendimientos que nosotros. ¿O ellos también deberían reconvertirse?”, ironizó.

Por su parte, el productor Cristian Klingbeil, de la zona centro, no se mostró sorprendido por la postura de la industria. “Es la visión que siempre tuvieron: quedarse con todo el negocio. Lo que menos quieren es que alguien se interponga, y menos si es para favorecer a los chicos. Quieren que seamos sus empleados deficientes”, aseguró.

Cuestionó además el acceso al financiamiento: “¿Cómo hace el productor si no tiene un crédito con un tiempo de gracia suficiente para poder arrancar la actividad? Porque hoy los créditos son más caros. Tomás hoy la plata y mañana empezás a devolver, cuando ni siquiera compraste una muda para plantar. Entonces, ni siquiera hay una forma de arrancar en otra actividad”.

“Lo que se pretende es que el productor termine en una villa miseria directamente, y las tierras mejores queden en manos de estos muchachos. Ellos dicen que prefieren eficiencia en sus industrias y no plantar yerba porque es un proceso largo. Y bueno, para eso está el productor, que se la banca y sabe hacer el proceso largo. Solo necesita una mano”, sentenció.

 

“No es viable reconvertirse”

El rechazo a las declaraciones de Saguier también llegaron desde las cooperativas. .

“Reconvertir a un productor es imposible. Nosotros somos yerbateros, no vamos a ir a plantar otra cosa. Lo que sí podemos hacer es mejorar nuestros yerbales, ir reemplazando los de baja producción por plantaciones de alta densidad. Pero eso lleva tiempo y dinero”, explicó Héctor Dingler, dirigente cooperativista.

Luego, añadió que el camino no es el desalojo de los pequeños colonos, sino el acompañamiento técnico y financiero.

“Hoy estamos con un precio muy bajo, pero la yerba mate tiene un potencial enorme. No comparto de ninguna manera con el señor Víctor (Saguier). Nosotros tenemos que seguir cuidando nuestros yerbales”, remarcó.

Tags: #ProducciónCrisisDNU 70/2023MisionesReconversiónYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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