Uno de los objetivos que tiene en la mira el Gobierno nacional es la reforma laboral. Se trata de uno de los temas más relevantes para Javier Milei para este año, además de ser uno de los más polémicos por la tensión que puede generar con la CGT y los trabajadores en general.
También esta modificación es una de las condiciones estructurales que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina en el último acuerdo firmado en abril. Incluye reformas laboral, impositiva y previsional y un nuevo esquema de coparticipación.
Ante esta situación, la delegada de ATE en Misiones, Miriam López, calificó a las reformas que plantea el gobierno de Milei como “un retroceso que tiene solamente precedentes con la época más oscura de nuestro país”.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, López comparó la situación con los años 70, 90 y 2010, señalando intentos de “desguace del Estado” que afectan tanto al sector público como al privado.
“Los únicos perjudicados con estos grandes cambios y estos grandes retrocesos son los trabajadores”, afirmó, destacando la “flexibilización” como un riesgo que podría derivar en un “desastre humanitario” a largo plazo.
Al respecto; el secretario Adjunto del Centro Empleados de Comercio de Posadas, Agustín Gómez, reconoció la necesidad de cambios para reactivar la economía, pero enfatizó que no deben ser los trabajadores quienes paguen el costo económico. “Esas transformaciones no pueden hacerse a costa de los derechos laborales conquistados”, indicó a este Diario.
Sobre la reforma, Gómez apoyó medidas que promuevan empleo formal, pero rechazó la precarización laboral. “Los contratos temporales no pueden ser la norma”. También criticó la falta de regulación en plataformas digitales: “Deben reconocer a sus trabajadores, no pueden permitir que la innovación tecnológica sea excusa para eludir obligaciones laborales”.
Paritarias regionales y por productividad
La propuesta de paritarias por región generó rechazo unánime. “Sabemos que hay disparidad en las regiones. A veces nos cuesta en una misma provincia discutir salarios municipales”, señaló López, acerca de las dificultades que tendría implementar esta medida.
Además, cuestionó la comparación con países como Alemania. “Estamos lejos de ser Alemania, que es primer mundo”. Para la gremialista, esta iniciativa refleja “crueldad” y una “intromisión sin precedentes” en los convenios colectivos de trabajo.
En sintonía, el delegado misionero de UTICRA, Gustavo Melgarejo, argumentó que las paritarias regionales son inviables debido a la apertura de importaciones y la competencia desleal. “No es real que se pueda discutir por regiones, porque ellos te abren las importaciones”, enfatizó.
Melgarejo ejemplificó con la industria del calzado. “Si nosotros en Eldorado peleamos por un monto y en Coronel Suárez por otro, terminarían optando por la empresa que les traiga menor costo”. Para él, esto debilitaría a los trabajadores y centralizaría la industria en pocas provincias.
Gómez también se opuso a la diferenciación salarial por regiones: “No es justo que un trabajador que vive en Chaco, Misiones, Corrientes, cobre menos que uno de Buenos Aires y realice las mismas tareas”.
Asimismo, el representante de empleados de comercio destacó las asimetrías económicas en Misiones, afectadas por políticas cambiarias. “Eso va a significar que el salario va a caer cuando no sea favorable y va a subir cuando sea favorable. Vamos a entrar en una discusión permanente”.
La idea de paritarias basadas en productividad también fue cuestionada. Gómez señaló que esta no depende solo del trabajador. “Si una empresa no invierte en tecnología e infraestructura, por qué debería el empleado cargar con las consecuencias en su bolsillo”.
Melgarejo coincidió, afirmando que es “imposible una negociación por productividad” en un contexto de importaciones y bajo consumo, ya que “lo que ellos hacen con eso es debilitar a los trabajadores”.
Con una mirada más dialoguista el secretario general de UPCN Misiones, Jorge Giménez, reconoció que la productividad puede ser válida en ciertos sectores, como carpinterías o fábricas, pero no en todos. “Hay tareas que son servicios que no podés medir por productividad”.
“No todo se mide por peso y por rendimiento. Hay actividades que se miden por eficiencia y buscan otros parámetros”, explicó Giménez. Sin embargo, alertó sobre prácticas que desvirtúan los incentivos.
Y agregó: “Hacen trampa porque hay cuestiones que con el cuento de poner unos pesos más en el bolsillo no se miden por la jubilación ni por la obra social”.
Despidos estatales
En tanto, López denunció despidos masivos en el sector público, describiendo métodos “inhumanos”. “A nosotros todos los días nos llega un compañero con un WhatsApp donde le dicen que ya no presta más servicio”.
También criticó la implementación de exámenes compulsivos a trabajadores con décadas de antigüedad. “Esto vino con otra idea, la idea de interpelar a un trabajador con 20, 30 años de servicio. Lo hacen desde la violencia, no desde la búsqueda de un buen servicio”. Para López, estas acciones buscan “atacar al trabajador del Estado”.
Giménez expresó preocupación por la falta de diálogo: “Estamos muy preocupados en tanto y en cuanto no haya una convocatoria a los efectos de analizarlo y discutirlo”. Criticó la “intencionalidad dañina” de las medidas y la falta de regulación en los aumentos de precios: “Ponen tope y techo a las paritarias, a los pequeños aumentitos que hay, y no le ponen el techo a los precios”.
Convenios colectivos
La intervención en los convenios colectivos de trabajo fue otro punto de conflicto. López afirmó que “quieren meterse con los convenios colectivos de trabajo que costó mucho tiempo lograr”.
En la misma línea, José Luis Ruiz Moreno, secretario general de La Bancaria Misiones, defendió el convenio colectivo del sector, vigente desde 1975. “Al convenio colectivo, lo primero que tienen que hacer es respetarlo”.
El representante bancario denunció que los bancos no cumplen con ciertos puntos, como la carrera bancaria. “Un trabajador entra como auxiliar y le dan funciones, pero no le dan categoría”.
Por ello, también cuestionó la intención del Gobierno de debilitar a los sindicatos. “La intención es destruir todos los sindicatos, darle la posibilidad al trabajador que se defienda solo”. Para él, las propuestas gubernamentales son “estupideces que no tienen sentido” y desvían la atención de problemas reales, como las condiciones de trabajo en sucursales bancarias con personal insuficiente.
Modernización laboral
Finalmente, Giménez abogó por una modernización participativa, en contraste de la reforma unilateral que busca impulsar el Gobierno nacional. “Somos conscientes e que hay que modernizar, reformular algunas cuestiones específicas”.
Sin embargo, insistió en que estos cambios no deben implicar la pérdida de derechos. “Que no sea un instrumento para venir a mermar y sacar derechos a los trabajadores”. Por ello, propuso un análisis diferenciado por sector, ya que “no todas las actividades son iguales”.
Gómez también apoyó cambios que promuevan empleo de calidad. “Queremos una reforma que genere empleo de calidad, no solo números en un papel”.
Para él, esto requiere “inversión real, capacitaciones, un compromiso de todas las partes”. Melgarejo, en cambio, fue más tajante, calificando la reforma como una “aniquilación a los derechos de los trabajadores” que remite a épocas previas al estatuto del peón rural.
