Una eventual reforma del impuesto al valor agregado (IVA) que reemplace la coparticipación por un esquema de recaudación autónoma en cada provincia podría implicar una pérdida de recursos para todas las provincias, entre ella Misiones.
El nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), implica dividir la recaudación del impuesto en una parte nacional (10%) y una provincial, que cada jurisdicción deberá definir. La propuesta incluye además la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo considerado distorsivo y “medieval”, pero que representa una fuente clave de recaudación directa para las provincias.
De acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en Misiones, donde el consumo representa el 1,47% del total nacional, el actual esquema le garantiza ingresos por 1,65 pesos por cada 100 que se recaudan. Sin coparticipación y con una alícuota provincial del 11%, los ingresos caerían a 0,81 pesos, una baja del 51%.
Para mantener el mismo nivel de ingresos, la Provincia debería establecer una alícuota de 22%, que junto al 10% nacional llevaría el IVA a un 32%.
Esta situación no es exclusiva de Misiones. De las 24 jurisdicciones, 18 deberían establecer alícuotas provinciales superiores al 11% para no perder recursos. En Catamarca, por ejemplo, la suma de ambas alícuotas llegaría a un insólito 81%.
Para el IARAF, esa cifra es “imposible de implementar en la práctica”.
Rebelión de gobernadores
Frente a este panorama, se activó una inesperada rebelión federal. Gobernadores de distintos signos políticos -peronistas, radicales, aliados del oficialismo y hasta miembros del PRO- comenzaron a manifestar su rechazo. La escena más simbólica ocurrió la semana pasada en Paraná, donde el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reunió a sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Axel Kicillof (Buenos Aires), en una de las fotos más curiosas de la política reciente. Todos bajo un lema común: defensa de los ingresos provinciales.
La revuelta de los gobernadores no es solo por el IVA. Detrás del nuevo diseño tributario subyace una amenaza de recentralización fiscal. Las provincias temen quedar atadas a los giros discrecionales del Gobierno nacional a través de ARCA (la ex AFIP), que sería el organismo encargado de recaudar el impuesto y repartirlo. No son fantasmas: gobernadores recuerdan que en el pasado, cuando algún mandatario provincial se enfrentó políticamente con la Nación los fondos se demoraron o recortaron.
El FMI respalda el proyecto del “súper IVA” como parte del acuerdo firmado por Argentina. En el plan de reformas estructurales comprometidas, junto con una reforma laboral y previsional, la modificación del sistema impositivo es considerada “la más importante e impostergable”.
El objetivo es claro: reducir la cantidad de tributos -más de 130 en todo el país, de los cuales solo 13 generan el 90% de los recursos- y simplificar el esquema fiscal. Desde Buenos Aires, el Ministerio de Economía ya tiene casi listo el borrador que será enviado al Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en Washington. Pero se reconoce que no hay margen político para avanzar este año, sobre todo después del fracaso legislativo de Ficha Limpia. La expectativa oficialista es que el Congreso discuta el proyecto después de las elecciones legislativas de octubre, en el marco del Presupuesto 2026.
