El ex fiscal general federal de Misiones, Rubén Ángel González Glaría, fue procesado y embargado en diez millones de pesos, además de las restricciones de salir del país, por varios delitos denunciados en 2021 y que tomaron trascendencia a partir de las publicaciones de las denuncias en PRIMERA EDICIÓN, oportunamente.
De acuerdo a la imputación del juez Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, José Luis Casals, González Glaría está bajo la sospecha de exigirle parte del sueldo a una empleada a su cargo, además de amenazas a dos funcionarios judiciales más, incumplimiento de las tareas asignadas como subrogante, utilización particular de un vehículo asignado para uso oficial, ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, calificaciones como presunto “autor, con el agravante de haber sido cometido mediante violencia de género y en concurso real”.
El fiscal Pablo Turano (de la Procuración General de la Nación) inició la investigación y lo acusó por la presunta comisión de los delitos de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”.
González Glaría (70) ocupó el cargo de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esta provincia desde 1993 hasta septiembre de 2024 cuando renunció. En agosto y septiembre de 2021 se radicaron las denuncias de Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
El denunciante cuestionó el desempeño de González Glaría como funcionario en varios puntos. Uno de ellos tiene como víctima a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien durante cuatro años (2008-212) fue contratada y habría sido obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.
Turano acusó en el caso de la prosecretaria Bogado, que cuando fue efectivizada en su cargo padeció “rispideces y malos tratos del fiscal, hasta que dispuso su traslado a otra dependencia (…) Tenía su oficina frente a la del fiscal y los días que cobraban llegaba a trabajar desencajada porque debía entregarle el dinero en un sobre a González Glaría”.
En cuanto a las denuncias por “amenazas”, tendrían como víctimas a Marcelo Quiroz y su hija Andrea Quiroz, abogada y prosecretaria fiscal. Marcelo Quiroz acusó que su hija fue nombrada en la Fiscalía Federal de Oberá, hasta que en 2017 solicitó su traslado a Posadas. Lo consiguió y fue asignada a la Fiscalía Federal 2.
Al enterarse González Glaría citó a su padre y “de manera violenta le ordenó que le dijera a su hija que cancele el traslado. Su enojo apuntó a que lo iba a dejar mal parado frente a un amigo cuyo hijo era prosecretario de la Fiscalía de Oberá y también habría pedido su cambio a Posadas”.
El progenitor se negó y “el fiscal general llamó a la abogada y la amenazó de la misma manera, lo que la angustió y generó un pedido de licencia”. Como el fiscal general “no pudo evitar el traslado, ordenó que no se le facilitara mobiliario ni computadora para trabajar”.
Como lo publicó este diario, fue el fiscal Diego Stehr quien finalmente le consiguió los elementos pero González Glaría no habría cesado “el acoso y hasta le prohibió a Andrea Quiroz que subiera a los pisos superiores donde está la Fiscalía de Cámara”.
“Incluso la golpeó con el hombro en un cruce de pasillo donde había espacio suficiente para que no fuera accidental y que tampoco se disculpó de haberlo hecho”.
“También ordenó que a Marcelo Quiroz se le quitaran funciones, le negaba el saludo y hasta obligó a los empleados de informática que le eliminaran las cuentas de correos electrónicos oficiales de su computadora asignada”.
Fondos públicos
Para el fiscal Turano, González Glaría habría incurrido además en el “uso irregular” de recursos de funcionamiento de la Fiscalía General. “González Glaría pretendía pasar sus gastos de combustible de su automóvil y otros gastos a través de la caja de Fiscalía”.
Marcelo Quiroz, quien era encargado del área tanto en el fuero Penal como Civil, no los habría recibido o aceptado y en 2017 le quitaron la tarea. Quiroz también denunció que le sacaron la función de certificar la subrogancia que ejercía González Glaría como Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil de Posadas. Se le asignó esa responsabilidad a otro secretario sin posibilidad de verificar si efectivamente trabajaba y tenía derecho a cobrar la subrogancia. Según el denunciante, solo iba “una o dos veces por semana” a cubrir el cargo.
En cuanto al delito de “peculado”, la denuncia apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta asignada a la Fiscalía General. “Quiroz señaló que la Fiscalía de Cámara tenía asignados dos vehículos en depósito judicial dispuestos por el Juzgado Federal de Oberá. Una camioneta Nissan Frontier 2016 a la que el fiscal general puso el seguro a su nombre y los informes migratorios registraron cruces al Paraguay durante dos años. La devolvió cuando surgieron las denuncias”.
En relación a la posible imputación por “ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”, González Glaría es señalado en una causa por “trata y explotación laboral” que involucró a una empresa del exgobernador misionero Federico Ramón Puerta. El expediente correspondía a la Fiscalía 2 (Diego Stehr) pero González Glaría tomó la investigación y sobreseyó a Puerta.
