Una auditoría realizada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la dirección de Darío Leandro Genua, reveló que 672 universidades e instituciones argentinas tienen pendientes rendiciones de fondos públicos por un total de $33.000 millones. Esta información fue oficializada mediante la Resolución N° 10/2025, publicada en el Boletín Oficial, y abarca subsidios otorgados a través de diversos programas y convenios del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Entre las entidades con mayores montos sin justificar se destacan la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que encabeza el listado con $902.715.606, seguida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con $896.272.705 y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que adeuda $683.308.996. También figuran la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam), la Universidad Nacional de Hurlingham y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, todas con montos superiores a $430 millones.
En paralelo a este diagnóstico financiero, el gobierno decidió prorrogar algunos subsidios, como los de la línea de Gastos Extraordinarios, y extender convenios como el Programa Nacional de Bioprospección y Biodiversidad. Además, se ajustaron los plazos para la rendición de subsidios otorgados a iniciativas como el Plan Pampa Azul, el Programa Federal Equipar Ciencia y la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”.
Por otra parte, se dieron de baja convenios vencidos en el marco del Programa Federal Construir Ciencia y del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT). La nueva resolución fija como fecha límite el 30 de junio de 2025 para que las instituciones beneficiarias rindan cuentas o reintegren los fondos no utilizados, incluidos los intereses generados por colocaciones financieras. Este plazo es improrrogable y, de no cumplirse, se iniciarán acciones de recupero por vía administrativa o judicial.
Ordenar las cuentas públicas
El proceso de revisión de fondos se inscribe en la política de racionalización del gasto público impulsada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. Según la Resolución 10/2025, la medida busca ordenar las cuentas públicas tras la transferencia de competencias del ex Ministerio de Ciencia a la Jefatura de Gabinete de Ministros, establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/2023 del presidente Javier Milei.
En este contexto, Guillermo Francos instruyó al secretario Genua para realizar una evaluación integral de los programas y proyectos vigentes en el área científica, muchos de los cuales presentaban ejecución parcial, plazos vencidos o fondos sin rendir. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología recibió la potestad para reestructurar y rediseñar las líneas de financiamiento mediante la Resolución N° 10/2025.
La resolución establece que “vencido el plazo del 30 de junio de 2025, no se otorgarán nuevas prórrogas ni extensiones”, y que “de no haberse efectuado la correspondiente rendición de los fondos transferidos y/o reintegrado las sumas no ejecutadas, se iniciarán las acciones de recupero pertinentes”. Además, se había publicado una resolución previa que obligaba a evaluar la justificación de acuerdos otorgados durante la gestión anterior “kirchnerista” a organizaciones sociales y universidades por un monto de $1.867 millones.
En cuanto a los programas sociales, se eliminó la Convocatoria de proyectos de actualización tecnológica para la Economía Popular, lo que según cálculos oficiales significará un ahorro de $1.200 millones. También se prevé eliminar el programa de Subsidios Institucionales, que sostenía instituciones no estatales dedicadas a la investigación científica y tecnológica, y el Programa de Subsidios Extraordinarios, con un ahorro estimado de $491.600.101.
Desde la Casa Rosada se afirma que estas medidas buscan consolidar un nuevo esquema de financiamiento científico basado en la transparencia y la eficiencia presupuestaria, y que la exigencia de rendición o reintegro de fondos responde a un criterio de legalidad y control del gasto público, no a una evaluación del destino científico de los proyectos.
Fuente: Infobae
