
Bloques opositores de la Cámara de Diputados de la Nación lograron imponer su mayoría y aprobar un dictamen para declarar la Emergencia en Discapacidad hasta el final del Gobierno de Javier Milei, con el fin de buscar sancionar esa iniciativa el próximo 14 de mayo.
La iniciativa busca actualizar las prestaciones en base al índice de inflación y otorgar mayor presupuesto para cubrir los tratamientos para las personas con discapacidad.
Los dictámenes de mayoría y minoría, que habilitan el tratamiento en el recinto de sesiones del proyecto sobre discapacidad, se firmaron en un plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto, en una reunión que no contó con el grueso de los diputados libertarios, incluido José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Entre los legisladores que apoyaron la iniciativa se encuentra el misionero Carlos Fernández quien, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, celebró el dictamen. “Hoy logramos el consenso de poder sentarnos las tres comisiones (Presupuesto, Discapacidad y Salud), y lograr un dictamen en conjunto, mayoritario, donde pedimos llevar a una sesión y aprobar este dictamen donde la discapacidad reciba lo que se merece“.
“Creemos que esta declaración de emergencia es muy necesaria por lo que está pasando el discapacitado, o las familias que tienen un discapacitado en sus casas, no solamente por la parte de las atenciones directas, sino de la asistencia en salud, educación y transporte”, destacó Fernández.
Este proyecto, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, incluye medidas de protección y promoción de derechos para personas con discapacidad, como el financiamiento de pensiones no contributivas, el fortalecimiento de prestadores básicos y el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, se busca garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, con incentivos como beneficios en aportes patronales para empresas que las contraten. Por ejemplo, el proyecto del bloque radical propone una reducción del 50% en estos aportes.
A limar diferencias
El dictamen de mayoría fue respaldado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y la izquierda, mientras que el radicalismo, Democracia Para Siempre, y el PRO, presentaron dictámenes de minoría.
Las diferencias entre el proyecto de UP con la UCR está vinculado al aumento de las prestaciones, mientras que los radicales de DPS quieren que la emergencia se establezca por un año. En tanto, el PRO no plantea declarar la emergencia, pero sí actualizar los valores de las prestaciones.
De todos modos, voceros de Unión por la Patria buscarán acuerdos con los radicales y el Democracia Para Siempre, para lograr que esa iniciativa se apruebe con el mayor de los consensos. La intención es que, si el proyecto se convierte en ley, el Gobierno no tenga los 87 votos para poder vetar esa propuesta.
Ley de lucha contra el Alzheimer y otras demencias
Por otra parte, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública inició el debate junto a especialistas de un proyecto de ley que propone la creación de un “Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA)”, impulsado por el diputado y neurocientífico, Facundo Manes.
En la actualidad, más de 400.000 argentinos (y sus familiares) deben cargar con el enorme peso emocional y económico de enfermedades como el Alzheimer y otras demencias, un número que podría duplicarse para 2050.
“Si bien en relación al número de habitantes no pareciera muy significativo, en una proyección a futuro, donde la población tiende a vivir más en cuanto a la prolongación de vida, esto se va a ir acentuando”, señaló el diputado Carlos Fernández, quien forma parte de dicha comisión.
Agregó además que el cuidado de estos pacientes “significa una erogación muy importante dentro de la familia, porque no todas las obras sociales cubren este tratamiento que es integral, donde el paciente necesita cuidadores, acompañantes terapéuticos y donde el paciente no puede estar solo”. De hecho, según la Alzheimer’s Disease International, el costo de los cuidados que exigen estos pacientes ronda los 2.500 millones de dólares anuales.
Este proyecto de Ley, que aún está en pañales, tiene entre sus objetivos “promover proyectos de investigación, diseñar protocolos de atención que faciliten el diagnóstico, tratamiento y cuidados de las personas, garantizar el derecho a una vida digna (…)”
Además de promover “espacios de integración comunitaria, fomentar campañas de concientización, promover la formación de recursos humanos profesionales para la evaluación, diagnóstico, tratamiento y cuidados de personas con Alzheimer y otras demencias”.
Asimismo, también dispone que el Ministerio de Salud de la Nación deberá monitorear el desenvolvimiento del programa, recopilar y gestionar la información existente, mantener estadísticas epidemiológicas confiables, fomentar la investigación sobre tratamientos, incentivar el diseño de protocolos y guías de intervención efectiva, entre otras tareas.
“Creemos que es muy necesario tratar esta Ley, hay 50 países que ya la tienen y creemos que en la próxima década vamos a tener más de 150 países en el mundo apoyando esto, porque es un problema mundial“, señaló el misionero.
“Queremos que (la Ley) sea lo más abarcativa posible, y donde todos tengan acceso a un tratamiento igualitario para esta enfermedad, y no solamente aquellos que tengan muchos recursos”, cerró Fernández.
Con información de NA







