Con una resolución que promete generar un fuerte sismo en el mundo yerbatero, el Gobierno nacional derogó la normativa que limitaba la plantación de yerba mate a un máximo de cinco hectáreas nuevas por productor al año. Se trata de la Resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que tenía como objetivo evitar el sobrestock, proteger la sustentabilidad del cultivo y, sobre todo, equilibrar las fuerzas entre pequeños productores e industrias.
Ahora, con la Resolución 452/2025 del Ministerio de Economía -firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este 14 de abril- el mercado queda completamente desregulado: las grandes empresas podrán avanzar con plantaciones masivas sin ningún tipo de restricción. Lo que para algunos representa una “liberación del mercado”, para la mayoría de los productores del interior misionero significa una amenaza directa a su subsistencia.
El INYM, sin dientes
La Resolución 170 había sido confirmada en su momento por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la Resolución 152/2021. Ambas normas conformaban el marco legal que le permitía al INYM ordenar el crecimiento de la producción, limitar desequilibrios y contener el poder concentrado de los grandes actores del sector.
Aquel límite de cinco hectáreas anuales por productor no surgió de un capricho burocrático, sino de años de lucha y consenso dentro del Directorio del Instituto, compuesto por representantes de todos los eslabones de la cadena yerbatera.
La intención era evitar los ciclos nocivos de sobreproducción, caída de precios y abandono de chacras, que históricamente han afectado con más dureza a los pequeños y medianos productores.
Sin embargo, en línea con el espíritu desregulador del DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional avanza ahora sobre un sector clave de la economía regional sin medir el impacto social y ambiental que esto puede tener en Misiones y Corrientes. A principios de año, el INYM -ya intervenido por la Nación- había dispuesto archivar los sumarios iniciados por controles a plantaciones fuera de regla y había suspendido todo tipo de registro o fiscalización.
Jonas Petterson, productor y exdirector del INYM, recordó que fue uno de los impulsores de esa resolución y ahora esta derogación “es una medida más contra el pequeño y mediano productor y a favor del sector industrial”.
Enfatizó que “todas las medidas que toma el Gobierno nacional son para afectarnos a nosotros, para perjudicarnos a nosotros” y enumeró que primero se desreguló el precio de la materia prima, después “liberan el ingreso de yerba sin control de calidad de Brasil y de Paraguay” y ahora “liberan la plantación para que nosotros no podamos tener ningún tipo de equilibrio”.
Consideró que “esto claramente va hacia la concentración de la actividad. Lo que busca este Gobierno es la alta competitividad eliminando al pequeño, mediano productor y concentrando en pocas manos la actividad”.
Sobre el panorama productivo, dijo que “no hay una actividad que esté sobresaliendo en la provincia para decir ‘me dedico al tabaco, a la ganadería, a plantar mandioca’. Todas las actividades están muy mal”.
Y explicó que los productores están divididos y por ello no tiene peso su protesta: “Lo que sucede hoy es que el fanatismo político sigue muy vigente en los productores y eso impide que los productores puedan unirse y tomar decisiones en el mismo sentido para poder tener un peso importante en las decisiones que se tomen”.
Una cancha inclinada
La derogación de la normativa deja el campo abierto para que las grandes industrias, con respaldo financiero y acceso a tierras, siembren cientos o miles de hectáreas sin límite. Esta concentración de la producción no solo rompe el equilibrio logrado en los últimos años, sino que pone en jaque a miles de pequeños productores que no pueden competir en volumen ni en logística.
“Esto es el principio del fin para muchos colonos. Si se libera la plantación, se va a generar una sobreoferta brutal y el precio de la hoja verde va a desplomarse. Y cuando eso pase, las industrias van a elegir a quién comprarle, dejando afuera al pequeño productor”, advierte un referente yerbatero de San Pedro.
Desde el sector cooperativo también suenan las alarmas: “Nos costó décadas lograr un marco regulatorio que garantizara cierta equidad. Esta resolución tira todo por la borda y nos expone a una lógica de mercado salvaje, donde el más fuerte impone las reglas”, señaló un dirigente de la zona centro.
¿Libre mercado o desigualdad garantizada?
El argumento oficial detrás de esta medida se apoya en la supuesta necesidad de “eliminar restricciones a la oferta” y “promover la libre iniciativa privada”. Pero lo que no se dice es que, en un mercado asimétrico como el yerbatero, la desregulación no implica libertad para todos: implica más poder para los que ya lo tienen.
Mientras el pequeño productor espera un año o más para cosechar sus cinco hectáreas y venderlas a un precio mínimo sin paritarias, los grandes grupos pueden verticalizar el proceso, controlar precios, acumular stock y exportar con mayores márgenes de rentabilidad.
La desregulación, en este contexto, no es neutral: es una herramienta que acentúa las desigualdades existentes.
Además, el impacto ambiental de grandes monocultivos no regulados también preocupa a especialistas. La falta de planificación y controles puede derivar en deforestación, erosión de suelos y pérdida de biodiversidad, afectando no solo la economía, sino también la sustentabilidad del ecosistema yerbatero.
El rol de la Provincia
Desde la provincia de Misiones, que históricamente ha defendido el modelo de producción diversificada y a escala familiar, se espera una reacción institucional frente a esta decisión. El Frente Renovador de la Concordia, con fuerte presencia en las zonas rurales y conocimiento del impacto real de estas políticas, ya ha manifestado en otras oportunidades su desacuerdo con la intervención del INYM y la eliminación de herramientas de regulación.
No se descarta que en los próximos días haya reuniones entre autoridades provinciales, cooperativas y asociaciones de productores para evaluar medidas de contención y posibles caminos legales o legislativos que permitan revertir o amortiguar los efectos de la derogación.
Una historia que vuelve a repetirse
La historia del sector yerbatero argentino es también la historia de su lucha por la dignidad y el reconocimiento de quienes trabajan la tierra. Cada vez que se desreguló el mercado, los más golpeados fueron los de abajo. Esta vez, el patrón parece repetirse: decisiones tomadas desde Buenos Aires, con lógica de planilla Excel, pero consecuencias directas en las chacras misioneras.
La derogación de la Resolución 170 no solo elimina un límite técnico: elimina un freno a la concentración y deja desprotegido al productor más vulnerable. Y lo hace en nombre de una “libertad” que, lejos de liberar, encadena más aún al pequeño colono al vaivén de los grandes intereses.
