El director de Yacyretá, Alfonso Peña, le firmó el retiro voluntario a una empleada que se acoge por segunda vez a este beneficio. Se trata de Dolores Dolberg, quien fue contratada durante la presidencia de Mauricio Macri y se retiró en 2018, en forma anticipada, para seguir cobrando sin trabajar durante cuatro años. Pero volvió a ser contratada por Peña, en el Gobierno de La Libertad Avanza, para volver a tomar el beneficio del retiro voluntario hace pocos días.
Se trata, claramente, de una irregular maniobra que podría ser denunciada en la Justicia penal. Además, este segundo retiro voluntario no tiene la firma del director paraguayo de la EBY, Luis Benítez Cuevas, un requisito que sí cumplió en la ocasión anterior.
Hay un actor misionero clave en todo este escándalo. En 2018, el que firmó su retiro fue el actual senador nacional Martín Goerling, que fue director macrista de la EBY durante dos años. Los otros dos años estuvo su jefe político, Humberto Schiavoni.
De acuerdo a La Política Online, Dolberg, gracias al primer retiro cobró $2 millones al mes durante los cuatro años de presidencia de Alberto Fernández, sin trabajar. Y ahora cobraría $12 millones de pesos mensuales con el segundo beneficio. Y lo insólito es que fue contratada por Alfonso Peña, justamente, para diseñar el esquema de retiro voluntario al que ella misma se acogió otra vez.
De esta manera se cae el discurso que utilizó Peña, a los pocos días de asumir en el directorio, de hacer un ajuste y reducir el gasto público en línea con la motosierra del presidente Javier Milei. Queda en evidencia que ese discurso solamente fue utilizado para justificar el despido de más de 100 empleados, muchos de los cuales estaban en planta permanente desde hace años y que ahora llevan adelante multimillonarias demandas contra Yacyretá por despidos injustificados y sin causa.
Lo que hizo con unos, despedir sin causa, terminó en lo contrario para otros, los amigos, a los cuales benefició en forma escandalosa.
Dos macristas
El actual titular de la EBY del lado argentino, Alfonso Peña, está estrechamente vinculado a Mauricio Macri. Fue compañero del expresidente en el Colegio Cardenal Newman y trabajó en Mirgor, la primera empresa de Nicolás Caputo. Además, el director de la EBY estuvo al frente de Decavial, firma que se asoció a Caputo SA para la compra del terreno del Hospital Ferroviario por la suma de US$ 6 millones en 2008. Tras la adquisición, el gobierno porteño, entonces en manos de Macri, modificó la zonificación del predio, lo que permitió que estas dos empresas vendiesen el terreno en US$ 23 millones.
Tras el nombramiento de Alfonso Peña como director ejecutivo, hubo un regreso masivo de exfuncionarios macristas. Es el caso de la abogada Dolores Dolberg que hasta ahora ocupó el cargo más alto por debajo de los directores como secretaria del Consejo de Administración.
Dolberg que ya había sido funcionaria de Yacyretá durante el gobierno de Mauricio Macri, dejó la represa con el cambio de gobierno, bajo un régimen de retiro voluntario que le permitió cobrar $2 millones por mes durante cuatro años. Cuando asumió el gobierno de Milei, fue convocada nuevamente por Alfonso Peña a retomar sus funciones en la EBY. Para eso tuvo que dar de baja el plan de pagos acordado bajo el retiro anterior.
A este cuadro, se suma una escena grotesca: en este segundo paso por la EBY, Dolberg fue convocada por Peña para diseñar un nuevo esquema de retiros voluntarios al que ella misma se acogió. Bajo este nuevo esquema, Dolores Dolberg ahora cobraría 12 millones por mes hasta el momento de su jubilación.
Carpetazo interno
En los pasillos de la Entidad se comenta que Peña está al borde de caerse de la presidencia del Directorio, ya que los libertarios, sobre todo algunos misioneros, están buscando desesperadamente quedarse con la presidencia.
La ventilación de este escándalo respondería justamente a una filtración intencional o “carpetazo” que le atribuyen a los libertarios que quieren desgastar la figura de Peña, que responde al PRO y viene del macrismo.
De hecho, en los círculos íntimos de los libertarios misioneros se menciona que el propio Adrián Núñez, apoderado de LLA, y su lugarteniente Diego de Arrechea, buscan quedarse con el manejo de la caja de Yacyretá.
Diego es hermano del expresidente de la UCR y exconcejal de Posadas, Rodrigo de Arrechea, quien abandonó el cargo partidario para asumir, justamente, como uno de los directores de la Entidad. Junto con él actúa el diputado nacional Martín Arjol, que fue expulsado de la UCR para sumarse orgullosamente a los “radicales con peluca” que defienden el gobierno de Milei.
Despidos políticos
En abril de 2024, a poco tiempo de asumir Peña, la EBY envió notificaciones de despido a 103 empleados de todas las sedes: Posadas, Ituzaingó y Buenos Aires; y se supo que había intenciones de alcanzar a otros 120.
La mayoría era de planta permanente y una menor porción, contratados. La motosierra alcanzó a todos los que habían ingresado durante la presidencia de Alberto Fernández, y otros de mayor antigüedad, pero ninguno de los ingresados en la presidencia de Macri había caído en el despido masivo.
Las versiones políticas señalan que Peña fue “asesorado” desde las sombras por Humberto Schiavoni y Martín Goerling, dos macristas que ya estuvieron en ese lugar antes.
El argumento que dieron a conocer desde la presidencia, al momento de tomar esa decisión, era solamente de un recorte de personal, en línea con la reducción de gasto público impulsada por el presidente Javier Milei y con los despidos masivos que se generaron en varios organismos del Estado nacional.
Los despedidos llevan adelante millonarios juicios contra la EBY y con el tiempo quedó claro que lo que se buscaba era contratar allegados y para ello se tenía que despedir a otros trabajadores, como ocurrió y se demostró con el retiro voluntario anticipado de Dolberg.
Obras paradas por el ajuste
La obra Aña Cuá iba a ampliar en un 10% la capacidad instalada de la generación de la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá. Pero en enero del 2024 los trabajos se frenaron por completo y actualmente no se sabe cuál será su futuro.
La terminación de la obra es clave para Argentina ya que sumaría generación nueva y barata que serviría ante la posible falta de energía durante los picos de calor en el verano.
El proyecto, al momento de la paralización, tenía un avance del 40%. Tras ello llegaron cientos de despidos y no se retomaron los trabajos, por una decisión de Alfonso Peña, respondiendo a la filosofía económica del ajuste y la motosierra impulsada por el presidente Javier Milei.
Estaba previsto que la obra terminara a fines de 2024. No obstante, no formó parte de la proyección de oferta de energía que realizó Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista.
En 1999 empezaron los estudios técnicos para la ampliación de Yacyretá. Una vez finalizada contará con 270 MW de capacidad instalada que se suma a los 3.100 MW que ya tiene la represa.
La ampliación representa casi el 10% de la energía que hoy produce Yacyretá, que en la actualidad abastece al 50% de los hogares argentinos (sin contar a las industrias). La inversión total es de US$ 450 millones.
