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El fiscal del Juzgado de Instrucción 1 de San Pedro, Francisco Javier Insfrán, realizó durante los últimos días el requerimiento de elevación a juicio por la causa en la que investigan desde agosto del 2023 a dos efectivos del Comando de Bernardo de Irigoyen por torturas en el marco de una supuesta detención irregular. El juez Ariel Belda Palomar elevó el caso al Tribunal Penal de Eldorado.
De acuerdo a las pruebas que constan en el expediente, Insfrán consideró agotada la etapa de investigación y recolección de evidencia y giró la causa para su elevación a debate oral, lo que se cumplimentó sin oposición y con la firma del juez antes mencionado.
Los imputados son dos policías que prestaban servicio en Bernardo de Irigoyen, específicamente en la División Comando, un oficial subayudante de 26 años y un cabo de 32 quienes están acusados de detener en un tramo de la avenida Tránsito Pesado de Bernardo de Irigoyen en el barrio IFAI, a un joven de 25 años (23 al momento del hecho) y luego de llevarlo cerca del basural municipal de aquella zona, lo sometieron a torturas de varios tipos e incluso llegaron a rociarlo con gasoil y amenazaron con prenderlo fuego.
Según la denuncia, el hecho comenzó alrededor de las 1.30 del domingo 6 de agosto del 2023. El caso en su momento fue publicado en exclusiva por este Diario.
El joven dijo ser interceptado por dos policías conocidos del pueblo (uno de ellos ya lo había detenido una semana antes) y que tras llevarlo a un camino terrado detrás del basural municipal, lo sometieron a todo tipo de torturas físicas y psicológicas, sin motivo. También mencionó en su momento que lo obligaban a hacer flexiones de brazos y piernas, lo golpearon con elementos contundentes como tacuaras y cachiporras.
“Morir nomás”
En diálogo con este Diario, dijo que en algún momento llegó a pedir que lo mataran “porque ya no soportaba más la tortura”. Incluso antes de permitir que se fuera, varias horas después de los golpes y siempre de acuerdo a la denuncia, manifestó que mientras corría le dispararon dos veces cerca de los pies, pero los tiros no le impactaron.
Más de dos semanas después del hecho y con los primeros resultados de las actuaciones dispuestas, Belda ordenó la detención de los efectivos. El 24 de agosto de aquel año, fue la última guardia de los uniformados. Luego ya quedaron a disposición de la Justicia.
También hay que recalcar que, en una rueda de reconocimiento, el joven identificó a sus presuntos agresores y las pericias realizadas en primera instancia por Gendarmería y luego la Policía, complicaron a los dos acusados ya que tendrían inclinación a conductas violentas.
Varias veces la defensa de los imputados planteó la excarcelación, pero el pedido fue denegado una y otra vez. En mayo del 2024, el juez Belda les dictó la prisión preventiva y fueron trasladados desde una sede policial de San Pedro a la Unidad Penitenciaria de Cerro Azul. Pese a que la resolución fue apelada, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y en lo Correccional de Posadas, ratificó lo resuelto por Belda aunque dispuso primero que se realicen algunas correcciones en el expediente.
