En Argentina, la inflación ha dejado de ser solo un indicador económico para convertirse en un termómetro social y político. Darío Díaz, posdoctor en Ciencias Económicas y director de metodología y relevamiento estadístico del IPEC, analizó cómo este fenómeno está intrínsecamente ligado a las promesas del gobierno de Javier Milei y su capital político.
Según Díaz, la lucha contra la inflación es el eje central del discurso gubernamental. “Si en algún momento la inflación comienza un camino ascendente nuevamente y se convierte en un serio problema, el Gobierno perdería gran parte de su capital político y económico”, sostuvo el economista en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
La relación entre inflación y políticas económicas es compleja. Un elemento clave en esta ecuación es el tipo de cambio. La decisión del Gobierno de no devaluar el peso está directamente relacionada con su compromiso de contener la inflación. Sin embargo, esta política también genera efectos colaterales como el encarecimiento del dólar para exportadores y un aumento en el turismo hacia el exterior.
En ese punto, señaló que la apreciación del peso también impacta en la competitividad. “El Banco Central vendió más de 450 millones de dólares para sostener un tipo de cambio que, según los estudios de los últimos meses, está apreciado, es decir, barato, lo que afecta la competitividad de la economía”.
El costo de contener la inflación no es menor, por lo que el economista explicó que, en economía, siempre hay un intercambio de costos y beneficios, un “trade off”. La teoría económica clásica indicaba que una reducción en la inflación solía asociarse con un aumento en el desempleo debido a la menor actividad económica, un concepto representado por la curva de Phillips.
Aunque hay posturas que cuestionan esta relación en el largo plazo, el impacto de las políticas actuales se ve reflejado en un fuerte ajuste fiscal y una falta de política integral respecto al tipo de cambio.
Reformas
El presidente de la Nación, Javier Milei ha planteado reformas de “primera, segunda y tercera generación”. Según Díaz, el país está ingresando en una etapa donde es fundamental la participación del Congreso para definir reformas estructurales. En este contexto, el debate sobre el aumento de tarifas de servicios públicos y la política de precios adquiere relevancia.
Aunque Milei se ha declarado anarcocapitalista y contrario a la intervención del Estado en la fijación de precios, se han registrado episodios de regulación, como el control parcial de las cuotas de las prepagas y la permanencia del cepo cambiario.
En el caso de los alimentos, particularmente la carne, Díaz señaló que su incremento fue el más significativo en febrero, lo que podría derivar en medidas de contención de precios, a pesar de la postura liberal del Gobierno.
Asimismo, destacó el peso de las tarifas reguladas en la inflación, con sectores como la energía eléctrica, el gas y el agua jugando un rol clave. “Podrían postergarse aumentos en estos servicios hasta las elecciones, dado que tienen un impacto directo en la percepción de la inflación por parte de la población”, analizó.
Las diferencias regionales también son un factor a considerar en el análisis de la inflación. Mientras que el índice general de inflación fue del 2,4% en el país, en el NEA se ubicó en 1,9%, siendo la región con menor incremento.
Esta disparidad se explica en parte por la estructura del consumo en la región. “El NEA asigna un 35% de su gasto a alimentos y bebidas, mientras que el promedio nacional es del 23%”, puntualizó Díaz. Esta diferencia en la ponderación de la canasta influye en las variaciones mensuales de los índices regionales.
En cuanto a los sectores con mayores aumentos en febrero, la educación lideró con un 11,3%, considerablemente superior al promedio nacional del 2,3%. En contraste, rubros como prendas de vestir y calzado (-0,2%) y restaurantes y hoteles (-0,6%) registraron deflación. Estos datos reflejan cómo la estacionalidad y las decisiones empresariales impactan en los precios.
De cara al futuro, la evolución de la inflación estará influenciada por dos factores clave: el ingreso de dólares por blanqueo de capitales y la relación con el FMI. Al respecto, Díaz destacó que el blanqueo fue exitoso y otorgó un alivio financiero al Gobierno, aunque las recientes salidas de capital podrían reflejar cierta desconfianza por parte de los inversores.
En paralelo, el acuerdo con el FMI es fundamental para sostener el esquema actual.
El compromiso del Gobierno con la no emisión monetaria ha sido clave para reducir la inflación, pero también ha generado problemas de competitividad y un aumento en el desempleo, particularmente en sectores industriales y de servicios no competitivos. En contrapartida, actividades extractivas como la minería y el petróleo se han visto favorecidas.
Según Díaz, hasta octubre es probable que continúe la tendencia de desaceleración inflacionaria, pero con un incremento en la tasa de desempleo. Esta situación refleja el costo de la estabilidad de precios en un contexto de ajustes estructurales que aún no han sido completamente definidos.
