La exagente del Servicio Penitenciario Provincial y su actual pareja se presentaron ayer ante el juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, para declarar en la causa abierta por el abuso sexual de sus dos hijas de 7 y 3 años, cuyo padre denunció en febrero. Las dos apuntadas en el sumario que se inició en la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní, tras negar las acusaciones fueron notificadas de que continuarán supeditadas al expediente en libertad pero con la prohibición de acercamiento a las víctimas menores de edad.
La decisión del juez se concretó en el sentido contrario a lo solicitado por la familia paterna de las niñas, quienes aguardaban la detención de ambas mujeres ante la gravedad de los abusos que fueron certificados por los médicos que las revisaron en febrero cuando la mayor rompió el silencio y contó el calvario que atravesaban en la vivienda de su madre y pareja, en jurisdicción de la Unidad Regional X de la Policía provincial.
La familia denunciante se presentó como querellante esta semana y se aguarda que desde el Juzgado definan la fecha para la que las menores puedan declarar en Cámara Gesell, pericia que se realiza con profesionales del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia. De acuerdo a lo que las niñas expresaron físicamente, el abuso estaría probado y sería reiterado. Mayores detalles, este Diario se reserva para evitar la revictimización.
La abuela paterna de las menores posee un botón antipánico autorizado por la Justicia de Familia, donde inició el expediente para reclamar la tenencia y guarda de las víctimas. El cuidado preventivo lo sostienen la mujer pero continúa atemorizada ante la contingencia que la madre y su pareja de aproximen a su casa o a la escuela de las niñas.
Como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN esta semana, desde febrero pasado, los juzgados de Familia 3 y de Instrucción Penal 3, tienen en sus manos las denuncias realizadas por el padre y la abuela de las dos niñas de 7 y 3 años que señalaron que desde hace varios meses padecen situaciones de maltrato y abuso sexual en la vivienda que su madre comparte con su pareja en un barrio de la jurisdicción de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní.
La denuncia penal se presentó el 28 de febrero y fue la mujer de 63 años, enfermera y técnica en higiene y seguridad laboral, quien detalló ante las funcionarias policiales lo que sus nietas le confiaron cuando viajaron a Buenos Aires a visitar a su padre de 38 años pocos días antes.
El dato que encendió las alarmas fue que las nietas tenían el cuero cabelludo y parte del rostro quemado por el insecticida que le habrían aplicado su progenitora y la respectiva pareja para combatir los piojos. No solo las menores continuaban con liendres en la cabeza sino que se evidenciaban temor y dolores en el cuerpo.
Cuando llegaron a la casa de su padre en Buenos Aires, la mayor de las víctimas rompió en crisis de llanto y súplicas para no regresar a la casa de su madre porque ya no querían estar en contacto con la pareja de ella, una mujer de 34 años que la sometía a los abusos sexuales.
Al retornar a Posadas, se concretó además la primera denuncia en la Justicia de Familia (Juzgado 3 de la Primera Circunscripción Judicial) en la que la abuela solicitó una medida de “Protección Integral” para las dos víctimas. Se ordenó que en el marco de la acción solicitada continúe la abuela paterna con el resguardo mientras se resuelve la tenencia.
El juez Verón en agosto de 2022 detuvo a la hoy exsuboficial del SPP denunciada por estafar a sus camaradas y allegados con gestiones en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para obtener viviendas familiares. La subadjutor pasó a disponibilidad de la fuerza de seguridad y pocos días después se dispuso su apartamiento de la fuerza. La detención se produjo a la par que trascendieron los embargos en la Justicia Civil que la sospechosa acarreaba desde 2021 por similares episodios de engaños a terceros.
