En el marco del proyecto sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil que comenzó a debatirse este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el abogado penalista Emilio García Méndez habló en la FM 89.3 Santa María de las Misiones y señaló que hay unos mil menores de edad que están privados de su libertad en Argentina.
No obstante, aclaró que no existe una estadística exacta porque “el federalismo sirve para que el organismo nacional como la Secretaría de Niñez y Adolescencia” le pase el “problema” a cada provincia.
En esta línea, el abogado añadió que “hay dos provincias donde se concentra el 90% del problema, donde hay un número significativo de menores de 16 años, privados de libertad” y no informan al respecto. García Méndez confirmó que son “Buenos Aires y Córdoba”, las provincias en cuestión y que por ley no pueden decir cuántos menores de 16 años tienen privado de libertad, entonces los ocultan.
La muerte de la nena de siete años Kim Gómez en manos de dos menores de edad, reactivó el reclamo por parte del Gobierno. Y al respecto, el abogado manifestó que es un tema recurrente y que cada tanto vuelve a ser debate motivados por situaciones aberrantes como la muerte de la niña.
“Toda mi vida, por lo menos hace 35 años, he empujado y he dicho la necesidad absoluta de tener una reforma penal juvenil en la Argentina”, dijo y explicó que “tenemos un régimen penal de la minoría que es un decreto de la dictadura de 1.980. Tenemos imputabilidad plena a los mayores de 16 y después tenemos inimputabilidad y no punibilidad a los menores de 16 años, porque el decreto dice que son inimputables y no punibles. Lo cual quiere decir que cuando se les atribuye un delito, como es el caso ahora de uno de los menores de La Plata que tiene 14 años, jamás se le podrá hacer un debido proceso”.
El penalista, también, remarcó que “cuando el Estado no da respuestas serias, la sociedad da respuestas brutales” Y, en este marco, sostuvo que “este es el peor momento para discutir un proyecto de esta naturaleza, pero hay que discutirlo. Yo soy siempre partidario de un régimen de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años”.
Sobre algunas iniciativas que conoce de cerca, García Méndez consideró que “hay dos proyectos de responsabilidad penal judicial, que me parecen serios, que me parecen racionales. Uno es de la diputada Roxana Reyes y el otro de la Coalición Cívica”.
El pedido de Milei
El proyecto del Poder Ejecutivo propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.
De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
