Este miércoles, cuatro comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación debaten un total de 10 proyectos de ley sobre el Régimen Penal Juvenil, con las intenciones de llegar a un consenso sobre una normativa para bajar la edad de imputabilidad en los delitos cometidos por menores.
En el recinto están presentes las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal; Justicia; y Familias, Niñez y Juventudes. Mientras que por la provincia de Misiones participan los diputados nacionales Carlos Fernández y Yamila Ruiz.
El plenario de comisiones se centra, primeramente, en el proyecto presentado por el Ejecutivo nacional que quiere establecer la edad en 13 años para procesar a un menor que cometió un delito grave.
Además, según este proyecto, establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
Los otros 9 proyectos de ley
Más tarde, el plenario tratará otros 9 proyectos presentados por los distintos bloques de Diputados: el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14 años, como proponen el diputado massista Ramiro Gutiérrez, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo; el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y las legisladoras Nancy Picon y Carla Carrizo.
Del otro lado, el diputado libertario Álvaro Martínez presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 12 años; mientras la legisladora piquetera de Unión por la Patria (UxP) Natalia Zaracho impulsa mantener la edad actual e incluso analizar si a los 16 años el menos “ha comprendido los hechos delictivos que ha realizado”, sumado a una serie de medidas de contención social.
Todos los proyectos proponen en la reforma del Régimen Penal Juvenil diversas sanciones, además de la prisión para los delitos menores y para lograr la resocialización del menor
Hoy no se firmará dictamen, por lo que los diputados tendrán que trabajar a contrarreloj en los siguientes plenarios teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que se deben debatir y los plazos para tratarlo -el que se imponga- después en el recinto en un año signado por elecciones.
