La Confederación Económica de Misiones (CEM), se manifestó, a través de una publicación, en contra del Decreto N°149/2025, publicado en el Boletín Oficial, la semana pasada. La misma, establece que, a partir del 5 de junio de este año, ya no se podrá obligar a las empresas empleadoras a aportar dinero a cámaras empresariales, algo que se hacía en virtud de acuerdos colectivos de trabajo.
“Manifestamos la importancia de la continuidad de dicho aporte, en los mismos términos que está funcionando actualmente”, expresaron en el comunicado de prensa de la entidad, destacando el funcionamiento de la norma, que les permitió crecer como cámara.
“Nosotros vemos que es un recurso que tenemos desde hace muchos años. Desde el 2008 que estamos trabajando con esto, tenemos más de 8 millones de personas capacitándose constantemente, ya capacitadas, y no solo a nuestra gente, a nuestros empleados, sino a los empresarios”, explicó el presidente de la confederación, Guillermo Fachinello, en una entrevista en Radio República.
“Es una forma también de darle visibilidad al interior del interior, como siempre decimos nosotros. La CAME y CAC están en todos los pueblos del interior, del interior del interior, como nos gusta decir a nosotros. Es la defensa de cientos de cámaras muy pequeñas, que con este pequeño aporte va a ser muy difícil sostenerla”, advirtió Fachinello, en referencia a la importancia que tiene esta contribución para el desarrollo de las pequeñas entidades empresariales en el interior del país.
Según el empresario maderero, esta medida es “más marketing que otra cosa”, pero que, con esto, se genera mucho daño a los empresarios.
“Día a día, cuando un productor tiene un problema en Andresito, en Iguazú o en San Vicente, al instante salimos a gestionar, a debatir y a visibilizar. No por eso quiere decir que tengamos los resultados que queremos, pero sí salimos a visibilizar la problemática de la gente”, puntualizó.
Finalmente, el titular de la CEM enfatizó en el impacto negativo que tendrá esta medida en un futuro para las cámaras. “Nosotros con esto tenemos una mejora continua, una modernización y, lo principal, la libertad económica de defender a cientos de cámaras. Yo voy a recibir un aporte de un intendente y después voy a tener compromiso con ese intendente para ir a quejarme o hacer alguna negociación”, reflexionó.
Sostener las cámaras
Desde la Asociación Madereros y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) coincidieron con la posición de Fachinello y aseguraron que el aporte de los empresarios del sector, que en este caso va para el Registro Industrial Maderero de la República Argentina (RIMRA), es fundamental para el funcionamiento de las cámaras del rubro forestoindustrial.
“Hoy, más del 50% de la recaudación de la cámara (AMAYADAP) proviene de esos fondos. Realmente afectaría el funcionamiento de la cámara, porque solamente con la cuota societaria que le cobramos a los socios, nosotros no podemos llegar a sostener el funcionamiento”, explicó el presidente de la entidad, Enrique Bongers a PRIMERA EDICIÓN.
Las empresas asociadas a AMAYADAP, además de la cuota societaria también deben aportar al RIMRA, afectado, en este caso, por este decreto. De estas contribuciones, una parte va al sindicato y otra parte va a la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) quien, a su vez, coparticipa a las distintas cámaras madereras del país.
“Hoy eso nos ayuda bastante en el funcionamiento de la cámara, en cuanto al pago de los sueldos de la secretaria, los aportes, los gastos, los impuestos, etc”, indicó Bongers, quien agregó que esperan seguir contando con el acompañamiento de las empresas, una vez que sea opcional la contribución.
“Estimamos que las empresas seguramente seguirán aportando, porque ven los beneficios de estar asociados a cámaras empresariales de este tipo. Pero nosotros estamos atentos a ver qué sucede con estos fondos”, apuntó.
A favor de la norma
No todas las entidades misioneras se posicionaron en contra de esta medida. Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), apoyaron la medida del Gobierno nacional, debido a que nunca recibieron fondos del Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP).
“Desde su creación, consideramos que no es la manera adecuada de financiarse, ya que implica que los propios comerciantes deban pagar un impuesto para sostener a sus entidades, algo que para nosotros no tiene lógica”, señaló el presidente de la CCIP, Carlos Amores, a este Diario.
Amores aseguró que, desde varias gestiones anteriores, siempre se opusieron a este impuesto para el sector comercial.
“Creemos que la manera correcta de operar es como lo hacemos actualmente: quienes quieran acceder a capacitaciones o servicios deben asociarse”, dijo y agregó que no considera cierta la idea de que las cámaras estén desfinanciadas o que carezca de recursos.
“En nuestro caso, nuestra cámara funciona bien, genera superávit, mantiene una cuota societaria estable y ofrece un servicio real al sector comercial. Por eso, nunca estuvimos de acuerdo con la implementación de este impuesto”, sentenció.
