Desde este año, las facturas deberán desglosar los impuestos aplicados a cada compra, tras la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.743 de Transparencia Fiscal para el Consumidor. La normativa exige que se discriminen el IVA, ingresos brutos y tasas municipales en los tickets y facturas, con el objetivo de brindar mayor información a los compradores.
En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el director de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, explicó que esta medida no representa una disminución en los precios de los productos, sino que busca que el consumidor conozca cuánto paga en impuestos al adquirir un bien o servicio. “El sistema impositivo en Argentina es bastante regresivo, pero esta norma apunta a que la gente sepa qué carga impositiva tiene cada producto”, indicó y agregó que en la provincia “necesitamos ver cómo esto se coordina legalmente con la Constitución provincial y la autonomía de los municipios. Lo que explicamos a nivel nacional es que Misiones no tiene jurisdicción exclusiva sobre todos los impuestos; algunos corresponden a los municipios. Entonces, estamos trabajando en una norma que pueda abarcar a todos los municipios. Es una normativa que está en estudio. La idea es presentar un proyecto de ley en la legislatura provincial, porque debe ser por ley, no por decisión de esta dirección ni por un decreto. Esa ley debe regular cómo deben facturar los comercios”.
En la práctica, los consumidores podrán ver detalladamente en su factura el costo del producto antes de impuestos y los montos correspondientes al IVA, ingresos brutos provinciales y tasas municipales. Sin embargo, el funcionario advirtió que esta implementación puede generar dificultades para algunos comercios, ya que implica la adecuación de sus sistemas de facturación.
Maceda remarcó que “no es sencillo. No es que simplemente vayamos a implementar la norma y ya. En el proceso, nos encontramos con muchas cuestiones a resolver. No se trata de no querer informar, sino de los costos que esto implica para los comercios, que deben adecuar sus sistemas de facturación. Muchos no tienen sistemas que permitan modificaciones instantáneas, lo que genera un costo adicional. La ley nacional es clara y no discrimina: todos los comercios deben adaptarse, y eso es complicado. Hay que encontrar la manera de que puedan cumplir sin que esto implique un sobrecosto significativo para ellos”.
Finalmente, Garzón Maceda señaló que, aunque el consumidor común no suele pedir esta información, la Provincia debe cumplir con la ley y asegurar su aplicación. “Es una obligación y, si no se cumple, se corre el riesgo de quedar expuesto como si se intentara ocultar los impuestos”, afirmó.
