La decisión del gobierno de Javier Milei de enviar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y no un proyecto de ley, como esperaban los legisladores, apunta principalmente a evitar la tarea de buscar los votos para avalar la operación y, en cambio, dejar que sea la oposición la que tenga que moverse si quiere rechazarlo, entre otras cosas.
Ese es el corazón de la estrategia del Gobierno, que confía en cerrar antes de que finalice el primer cuatrimestre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario a través de los oficios del ministro de Economía, Luis Caputo, y del apoyo que ya empezaron a recibir por parte de la administración de Donald Trump.
La idea de hacerlo por DNU se apoyó en lo que horas antes había dicho la vocera del FMI, Julie Kozack: que asegurar el apoyo del Congreso al acuerdo es una “decisión de las autoridades” argentinas porque es “una cuestión de derecho interno”.
Lo que interpretó el Gobierno fue que al directorio del Fondo no le importa de qué modo lo haga, porque es un tema de la política local.
Plan libertario
A Caputo, que espera que el nuevo entendimiento con el FMI traiga un desembolso de US$ 20.000 millones, la vía del DNU le simplifica mucho el trámite frente a un Congreso en el que La Libertad Avanza está en franca minoría y cada ley debe ser negociada con la oposición. Y es que, además, se ahorra un paso clave: poner a discusión los detalles técnicos del programa.
El Gobierno sostiene que con el DNU Milei está cumpliendo el compromiso que asumió ante la Asamblea Legislativa el último sábado.
No obstante, en el comunicado oficial no hubo precisiones sobre el contenido del decreto, sino que solo se anunció que “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un DNU para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario”.
Se entiende de esta forma que el decreto autorizará el acuerdo entre la Argentina y el FMI sin demasiados detalles y que el Congreso solo podrá aprobarlo o rechazarlo. Y allí está la clave central de la estrategia parlamentaria que puso en marcha el gobierno de Milei.
¿Puede ser rechazado?
Para que un DNU caiga es necesario que lo rechacen las dos Cámaras del Congreso, por lo que la aprobación de solo una alcanza para que tenga plena vigencia. Es lo que ocurrió con el 70/2023 (conocido como “mega DNU”) que constituye la columna vertebral de la gestión de Milei: el Senado lo rechazó, pero Diputados nunca lo trató.
Así, con el DNU el Gobierno lograría que el Congreso no pueda entorpecer ni demorar de ninguna manera el acuerdo que cerrará con el FMI, porque le bastará con que no se rechace en las dos Cámaras, con que lo apruebe solo una o incluso con que jamás llegue al recinto para que se trate.
En ese marco, el oficialismo no tendrá que ocuparse de la difícil tarea de buscar los votos para conseguir el aval del Poder Legislativo al acuerdo, sino que será la oposición la que debería reunir una mayoría en Diputados y luego en el Senado (o a la inversa) si quisiera rechazar el entendimiento con el FMI.
Para la oposición esto sería muy complejo porque, por un lado, en todos los bloques hay divisiones y, por el otro, salvo el sector kirchnerista de Unión por la Patria a nadie le atrae demasiado la idea de bloquear el acuerdo -algo que no ocurrió con ningún gobierno- porque tendría consecuencias económicas para la Nación y también para las provincias. Lo que sí querían los bloques opositores era conocer la “letra chica”.
Acuerdo sin detalles técnicos
La otra arista de la estrategia que eligió Milei tiene que ver precisamente con no darle al Congreso los detalles técnicos sobre el acuerdo, una decisión que la Casa Rosada ya había tomado incluso antes de anunciar el DNU y que hacía ruido en los bloques dialoguistas.
“Vamos a mandar el acuerdo, pero sin los detalles”, anticipaban en el Gobierno. Esto inquietaba incluso a los bloques dialoguistas, a tal punto que el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, se reunió el último jueves con los economistas de la Fundación Pensar para analizar ese tema, según revelaron a iProfesional fuentes partidarias.
“Ley Guzmán”
La expectativa por el envío del acuerdo con el FMI al parlamento y el anticipo de que el Gobierno no les daría los detalles sobre las tasas, los plazos y otros detalles estaba atravesada por la obligación de cumplir con la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, también conocida como “Ley Guzmán”, que obliga al Ejecutivo a que estos programas de crédito sean avalados por una ley del Congreso.
Esa normativa fue impulsada en 2021 por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, para conseguir el apoyo parlamentario al acuerdo con el FMI, que cerró un año después el gobierno de Alberto Fernández.
En su segundo artículo, establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI” y cualquier modificación requerirá aval parlamentario.
Con el DNU, Milei cumpliría con la obligación de buscar el apoyo del Congreso al acuerdo con el FMI, pero sin presentar los detalles técnicos, además de no tener que entrar en negociaciones con el PRO, la UCR y los bloques provinciales a los que siempre necesita para construir una mayoría.
En ese contexto, también se percibe la confianza del Gobierno en que esos bloques no se unirán al kirchnerismo para voltear el decreto y, por lo tanto, el programa que se acuerde con el Fondo.
El tema no estará exento de polémica. “No tenemos Presupuesto por segundo año consecutivo y van a mandar un DNU donde desconocemos cuál va a ser el acuerdo con el Fondo”, expresó la diputada del PRO Diana Molero en una escueta declaración al ser invitada a un programa televisivo que filtró el fastidio de ese sector, mientras que el bloque Democracia por Siempre acusó a Milei de “elegir otra vez la patoteada en vez del camino de la institucionalidad”.
Hoja de ruta
Una vez que el Presidente firme y publique en el boletín oficial el DNU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tendrá diez días hábiles para enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, integrada por ocho diputados y ocho senadores incluido su presidente, el oficialista Juan Carlos Pagotto.
Ese cuerpo tiene otros diez días hábiles desde que recibe el decreto para emitir dictamen. Si no lo hace en ese plazo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado quedan habilitados para tratar de oficio el DNU en cualquier momento, es decir, ponerlo a votación en el recinto.
Entre propios y potenciales aliados, el oficialismo cuenta con ocho votos en esa comisión. De esta forma alcanza exactamente la mitad y con ello podría buscar su aprobación.
Sin embargo, también podría ocurrir que la Bicameral dilate el tratamiento del tema y que de esta manera se demore también la votación en el recinto. No sería la primera vez que ocurra.
Todo esto forma parte de la estrategia del oficialismo, dado que le juega a favor porque mientras el DNU no sea rechazado por las dos Cámaras sigue vigente. El Gobierno podría así sin inconvenientes con el acuerdo con el FMI, que quedaría virtualmente blindado.
Precedente
Hasta el momento, el único DNU que el Congreso le rechazó a Milei -único caso en la historia- fue el que ampliaba en US$ 100 millones de dólares el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Todos los demás, incluido el 70/2023, siguen vigentes porque nunca tuvieron dictamen de la comisión o porque nunca la oposición se movió para reunir una mayoría y rechazarlo.
En ese marco, la jugada de Javier Milei al avanzar con el acuerdo con el FMI mediante un DNU y mandar al Congreso el decreto en lugar de un proyecto de ley intenta cubrir todos los flancos débiles que podría tener en la discusión parlamentaria, aunque no estará exento de la polémica en torno a la legalidad del procedimiento. Pero mientras eso se resuelve (o no) el DNU estará vigente.
