El Gobierno nacional anunció la semana pasada que avanzará en la privatización de corredores viales, lo que incluye la disolución de la empresa estatal Corredores Viales SA y la concesión de rutas y autopistas a empresas privadas.
Entre los tramos involucrados se encuentran las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan la provincia de Misiones a lo largo y que son de suma relevancia para el tránsito del Mercosur.
El vocero presidencial, Miguel Adorni, sostuvo que la decisión responde al mal desempeño de la empresa estatal y al elevado costo que representó para el Estado: “Sostener la empresa Corredores Viales le costó $301.000 millones durante 2023”.
Según el Ejecutivo, una auditoría realizada por la gestión de Javier Milei reveló que el 45% de la red vial nacional, unos 3.400 kilómetros, está en malas condiciones. “Esto es una clara muestra de que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías”, afirmaron desde el Gobierno.
El director del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, indicó que, si bien debería eliminarse la empresa Corredores Viales SA adelantó que desconfía que se trate realmente de una solución definitiva, ya que, desde el Gobierno nacional, no aclararon cómo se licitarán las nuevas administraciones de las rutas y autopistas nacionales.
“Primero, está bien y celebramos que se haga algo respecto a esta problemática, pero el tema no es que se privatice, hay que disolver a la empresa Corredores Viales SA, porque esto genera un poco de duda al privatizar. Entonces, la agarra alguien y ¿qué va a hacer? ¿O la van a vender o harán negocios con otras rutas?”, apuntó Lasca en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
Entre los primeros tramos que serán concesionados están las rutas nacionales 12 y 14, fundamentales para la conectividad de Misiones y el corredor del Mercosur. El proceso incluirá una audiencia pública no vinculante, prevista para el 25 y 27 de febrero en Victoria y Gualeguaychú, Entre Ríos.
Sobre este punto, Lasca cuestionó la modalidad de las audiencias y su accesibilidad. “En la resolución se indica que se podrá participar de forma virtual, pero averigüé telefónicamente y me confirmaron que será solo presencial. Es una barbaridad. Todo hecho a propósito para que no vaya nadie”.
Además, criticó la falta de claridad en el formulario de inscripción: “Dicen (en la resolución) que se debe marcar si es virtual o presencial, pero ese ítem ni siquiera figura”.
Críticas al sistema
Lasca también expresó su preocupación por las futuras concesiones y el sistema que se implementará en las rutas nacionales 12 y 14: “No dicen lo que viene atrás: las nuevas concesiones viales son una nueva estafa, volver a los noventa. Ahora serán distintos corredores, distintas empresas, con inversión cero y riesgo cero”.
Según Lasca, estas concesiones no contemplan mejoras significativas en las rutas: “Se limitarán a corte de pasto y bacheo, sin obras de envergadura, ampliaciones de rieles o multitrochas. Y concesiones de 20 a 30 años, una locura”.
También advirtió sobre un aumento en la cantidad de peajes. “En la RN 14, en Corrientes, pondrán una nueva estación en Paso de los Libres. O sea, encima más estaciones de peajes”.
Seguridad vial
El representante de la Cámara de Transporte de Camiones, Gabriel Silva, expuso la preocupación del sector ante el estado actual de las rutas. “Estamos pagando un peaje y no estamos viendo ningún tipo de mejora. Hay sectores con hondonadas profundas y baches que deben ser arreglados de manera urgente, dado el riesgo que implican” dijo a este Diario.
No obstante, Silva manifestó que el sector observa con expectativa el proceso de privatización, condicionado a la concreción de mejoras reales en la infraestructura vial. “Quizás ahora, con una nueva concesión, podamos pagar un peaje que haga que las rutas estén mejores. Pero hay que ver la letra fina y a cuánto se irá la tarifa del peaje para evaluar su impacto en los costos”.
Volver a los ‘90
Para Lasca, el sistema de concesiones propuesto repite errores del pasado: “Es menemismo puro, un disparate. Después del fracaso que fueron las concesiones de los ‘90 con Menem, ahora vienen con 30 años más, que son más de lo mismo o peor, porque acá no se prevé ningún tipo de inversión”.
También denunció la falta de equipamiento y servicios esenciales en los corredores actuales: “No tienen ni un autobomba. Si ocurre un siniestro, deben asistir los bomberos voluntarios y, si hay heridos, derivarlos a un hospital público. No tienen nada”.
Además, Lasca criticó los negocios paralelos que se desarrollan en áreas pertenecientes a Vialidad Nacional. “Les permiten usar zonas para poner bares, hoteles, restaurantes, paradores y todas las chucherías que quieran, mientras que el usuario paga un peaje por rutas en mal estado”.
Relevancia para Misiones
Las rutas nacionales 12 y 14 son vitales para la conexión de Misiones con el resto del país y para el comercio dentro del corredor del Mercosur. Cualquier cambio en su gestión, tarifas o condiciones de tránsito tendrá un impacto directo en la economía y en el transporte de la provincia.
Lasca reiteró que, a pesar de la convocatoria a audiencias públicas, el proceso no garantiza la participación ciudadana. “Van a hacer audiencias públicas por todos lados, y uno tendría que estar viajando de un lado al otro. Es todo a propósito para que no vaya nadie, o que vayan amigos de ellos a aplaudir”.
Desde el sector del transporte, Silva insistió en que lo fundamental es la mejora efectiva de la infraestructura. “Lo más urgente es el arreglo de las rutas. Si estas concesiones van a traducirse en rutas más seguras y en mejores condiciones, será un avance, pero siempre habrá que ver a qué costo y bajo qué condiciones”, finalizó.
Corredores Viales SA tiene a su cargo 10 tramos de autovías que abarcan a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. En total, son casi 6.000 kilómetros de rutas.
El anuncio, por su parte, se da a dos días de concretar la venta de la histórica metalúrgica IMPSA que quedó en manos del grupo estadounidense ARC Energy.
El lunes pasado, el Ejecutivo también dio inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas. De esta manera, el Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y toda la infraestructura.
