A través del decreto 55/2025, el Gobierno nacional disolvió el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), una herramienta clave, gratuita y eficiente que tiene la función de ser mediadora entre consumidores y proveedores.
En ese marco, Nación también eliminó su registro de conciliadores y fondo de financiamiento, que estaba destinado a solventar los honorarios y notificaciones.
“El alto índice de acuerdos demuestra la efectividad de un sistema que, si bien era perfectible, cumplía con su propósito de garantizar soluciones justas y accesibles. Ahora, los consumidores quedaron a merced de lo que hagan sus jurisdicciones, pero que “no tienen ni tenían el funcionamiento que tenía COPREC”, explicó Pablo Bruzzo, secretario general de la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP) en diálogo con la FM 89.3 De las Misiones. .
Aseguró que “de un plumazo” el Gobierno nacional tomó la decisión y dejó en incertidumbre a los más de 300 mediadores que trabajaban en COPREC. En este sentido, Bruzzo dijo que “aluden que cada jurisdicción tendría su sistema propio, pero la realidad es que esto no es así, no funciona de esta manera”, dijo y aseguró que COPREC “era muy dinámico, muy rápido. Se hacían conciliaciones remotas por ZOOM, y las empresas estaban de acuerdo y firmaban acuerdos, cerraba bien”, destacó.
El letrado apuntó contra el ministro Federico Sturzenegger que, a través de su cuenta de X, dio datos erróneos sobre el funcionamiento de COPREC.
El funcionario aseguró que, en 10 años, COPREC concilió 4.350 acuerdos y le costó al contribuyente unos $6.500.000.000 (alrededor de $1,5 millones a cada contribuyente). Sin embargo, Bruzzo explicó que -con datos hasta el año pasado- conciliaron hasta 120 mil acuerdos anuales. “Si el Gobierno toma una decisión política, podés estar de acuerdo o no, pero apelar a falsedades, a mentiras, no se entiende”, expresó Bruzzo. “Queremos informar a la población que no es así, que no son esos los motivos”, sumó.
El abogado fue claro y conciso al resaltar que los mediadores no cobra del Estado, como dijo Sturzenegger. “No tenemos relación de dependencia con el Estado, no nos paga absolutamente nada. Si se llega a una acuerdo, los honorarios los paga la empresa. Es al revés, nosotros ponemos plata: internet, firma electrónica. El Estado debía pagarnos -si había acuerdo- un honorario mínimo de tabla y no lo ha hecho”, aseguró.
Qué pasará con los reclamos en curso
En medio de la poca información acerca de la letra chica del documento, Bruzzo explicó que “lo que va a pasar ahora es que van a ir las denuncias a la oficina de Misiones y, en principio, cada municipio debería tener una oficina de Defensa del Consumidor donde se reciban las denuncias”, explicó y ejemplificó que “en Buenos Aires funcionan las Omic (Oficina Municipal de Información al Consumidor) donde atienden las denuncias pero tienen recursos limitados y no es lo mismo que COPREC”, aseguró, dejando entrever que los consumidores serán los perjudicados, teniendo en cuenta que deberán pagar un mediador judicial o acudir directamente a la justicia.
“El COPREC era todo el país, siempre y cuando hubiera un conector con la ciudad de Buenos Aires. Si la empresa tenía domicilio en CABA, entonces implicaba audiencias vía Zoom con todo el país, ahora eso no a ocurrir”, apuntó el abogado.
Por último, sobre los reclamos en curso, Bruzzo resaltó que “se supone que los casos que estamos trabajando los vamos a terminar y nos van a abonar lo que nos vienen debiendo hace muchos años”. Aunque esto también entra en tela de juicio ya que, al disolver el Registro Nacional de Conciliadores, deja a los mediadores sin paraguas legal bajo el cual actuar en los casos en curso. Por ende, los consumidores no tienen garantías de que sus reclamos continúen.
