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Robo de madera en Piñalito: Ecología demoró 25 días antes de actuar

Un mensaje anónimo enviado a funcionarios del Ministerio el 14 de diciembre denunció el robo y ofrecía los puntos de GPS para ubicar el sitio del delito. Recién el 6 de enero los funcionarios fueron a constatar el hecho y el 10 se efectuó la denuncia. Los autores siguen prófugos.

2 febrero, 2025
Extrajeron unos 80 árboles valuados en más de 100 millones de pesos

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El Ministerio de Ecología recibió una denuncia anónima que le advertía que estaban robando madera en el Parque Provincial Piñalito, una reserva natural de categoría roja, es decir de máximo nivel de conservación, y sin embargo decidió actuar recién cuando pasaron 25 días de ese “aviso”.

La denuncia fue recibida mediante mensajes de texto de un número identificado pidiendo que se contacten a fin de dar a conocer los puntos de GPS para ubicar el sitio exacto del delito, con fecha 14 de diciembre de 2024. Esto figura en el expediente judicial que se tramita en el Juzgado de San Pedro.

Las autoridades del organismo recién iniciaron las actuaciones el 6 de enero, 25 días después, cuando la situación ya era “vox pópuli” en todo el departamento de San Pedro.

El robo de madera ocasionado en Piñalito fue uno de los más graves de la historia de la cartera ambiental, ya que se extrajeron cerca de ochenta árboles de gran tamaño y altura, con décadas de antigüedad ya que se encontraban en un área protegida.

Se presume que los ladrones trabajaron entre diez días y dos semanas, con maquinaria pesada, y movilizaron como mínimo seis camiones cargados hasta el tope de madera nativa. Se estima que en el mercado, esa mercadería vale no menos de 100 a 120 millones de pesos.

Ese daño ambiental, tal vez, podría haberse evitado si la cartera hubiera actuado con celeridad, atendiendo la denuncia anónima, enviando una patrulla a corroborar o revisando los dispositivos tecnológicos de constatación satelital inmediata, si es que los tiene, para este tipo de situación. O incluso haciendo una toma con drones.

Algunas organizaciones ambientales que están al tanto de la situación se preguntan si no hubo “incumplimiento de deberes de funcionario público” ante esta grave desatención.

Incluso creen que el juez o el fiscal de San Pedro deberían extraer copias de las pertinentes piezas procesales a fin de requerir acción judicial por posibles delitos y deslindar responsabilidades.

PRIMERA EDICIÓN accedió al expediente que se tramita en el Juzgado de San Pedro, secretaría 2, a raíz de la denuncia efectuada por Ecología luego de constatar el robo de madera.

El 22 de enero declaró ante el juez Gerardo Casco, el director de Áreas Naturales Protegidas, Fabio Ariel Malosch, quien relató: “En su momento recibí un mensaje por teléfono que en el Parque Provincial Piñalito, de más de 3.000 hectáreas, se había producido algo irregular. Se pasa la información a superiores y se conforma una comisión” para constatar el hecho.

Agregó que el 6 de enero recorrieron la zona, ingresaron al Parque y constataron que habían extraído grandes árboles del área natural protegida, especies como anchico, grapia, laurel y otras.

Se confecciona un acta, “se avisa la superioridad y se inicia un proceso para hacer la denuncia y actuaciones correspondientes”, dijo. “Vuelvo a Posadas, informo, entrego las actuaciones y después realicé la denuncia en la comisaría de Tobuna el viernes 10 de enero de 2025, como es jurisdicción de esa comisaría”, declaró Malosch.

Ante las consultas del juez y fiscal, explicó que solo cuatro guardaparques están encargados de cuidar las 3.000 hectáreas de Piñalito, y que se turnan en dos grupos de dos guardaparques los cuales hacen guardias quince días de corrido.

Durante la declaración se le cede la palabra al abogado José Stray, quien representa a un empresario maderero que fue detenido por tener en su propiedad algunos de los troncos extraídos en el Parque. El letrado le pregunta al funcionario ¿quién le informó del mensaje anónimo haciendo la denuncia? Y contesta que fue el director de Bosques, Milton Morán.

Textualmente, el mensaje con fecha 14 de diciembre, decía: “Hola, algún número de celular que no se venda por plata del Ministerio de Ecología. Mientras hay un loco robando madera dentro del Parque Piñalito Sur y nadie hace nada. Si alguien se interesa hacer algo paso punto de GPS para que vayan a ver. Escribime a este número y te paso punto de GPS”.

Luego se le pregunta a Malosch “por qué motivo no se ha actuado con premura a fin de constatar lo denunciado dejando transcurrir más de 22 días” y responde: “Mi función marca la agenda” y agrega que “cuando me dieron las directivas ese viernes 3 de enero de 2025 yo recibí la directiva del subsecretario Facundo Ringa”.

Por último le preguntan: qué actitud debe tomar luego de recibir un mensaje de ese tipo, y explicó que “informar al coordinador de Zona Centro, Mauro Espíndola y éste al jefe del Parque, Diego Terra”.

Consultado por PRIMERA EDICIÓN, el abogado Stray sostuvo que “el daño ambiental que hoy arrogan pudo haberse evitado, pero por acción u omisión de las autoridades, se llevó a esta instancia”.

“Existen elementos de prueba en el expediente: la propia declaración del director de Parques, de que recibieron la denuncia el 14 de diciembre. Quiere decir que las autoridades sabían lo que ocurría y dejaron pasar veinte días”, añadió.

 

Empresario liberado

El jueves fue liberado el único detenido por el delito del robo de madera del parque provincial, se trata de un empresario maderero que no está imputado por apeo ni extracción, sino que la imputación es la de “encubrimiento por captación de cosas (madera) proveniente de un delito”.

Los que presuntamente cortaron la madera en la reserva natural, conforme a pruebas del expediente, siguen prófugos con pedido de captura. 

Están identificados, sus abogados pidieron una exención de prisión pero fue denegada por el juez. Pesa sobre ellos un pedido de captura y en el ambiente de los madereros se comenta que no es la primera vez que se encuentran vinculados a este tipo de acción.

También del expediente surge que el guardaparques a cargo de Piñalito le advirtió al director de Bosques que el nuevo propietario del terreno, hoy acusado, ya tiene antecedentes ante la cartera ambiental.

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Tags: Apeo ilegal de maderaministerio de EcologíaParque Provincial PiñalitoRobo de madera en Misiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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